El MEP no solamente debe proporcionar al Estado de la Educación (EE) la información solicitada sobre Pruebas Nacionales Estandarizadas, sino que además tiene que gestionar ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la autorización para compartir datos sobre la prueba PISA 2022, según ordenó una nueva resolución de la Sala Constitucional.
A finales de noviembre, el tribunal constitucional emitió una sentencia en la que declaraba parcialmente con lugar el recurso de amparo que interpuso el EE para que el Ministerio de Educación Pública (MEP) le entregue informaciones solicitadas desde junio para la elaboración de su X Informe, no obstante, esta resolución fue anulada y el 10 de diciembre se emitió una nueva.
Estado de la Educación gana otro recurso de amparo contra MEP
“Con respecto a lo que hizo la Sala, fue una corrección de un error material, por eso se anuló la primera sentencia y se corrigió con la tercera sentencia”, explicó la oficina de prensa del órgano constitucional.
En la sentencia anulada se aclaraba que lo único que el MEP no estaba obligado a entregar al Estado de la Educación es la base de datos de las pruebas PISA 2022 (siglas en inglés del diagnóstico del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), desglosadas por ítem, nivel de desempeño y factores asociados. La razón, dijo la Sala en ese momento, es que los datos se resguardan con confidencialidad.
Sin embargo, la nueva resolución señala que el MEP debe solicitar la autorización a la OCDE. Asimismo, reitera la instrucción al director de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública (MEP), Álvaro Artavia Medrano, para que en 10 días hábiles suministre la información relacionada con las bases de datos de las pruebas nacionales estandarizadas de 2023 y 2024, tanto diagnósticas como sumativas, así como los cuadernillos de ítems vinculados a dichas pruebas y las bases de datos de las pruebas comprensivas del mismo periodo.
“En el mismo plazo deberá gestionar ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos la autorización necesaria para determinar la viabilidad de proporcionar los datos solicitados relativos a la prueba PISA 2022, incluyendo los ítems, niveles de desempeño, factores asociados y la muestra de centros educativos participantes, e informar a la parte recurrente sobre el resultado de dichas gestiones, en el plazo de tres días posteriores a la recepción de la respuesta completa y cierta”, dice el por tanto.
Prueba estandarizada del MEP encubre bajas calificaciones
En la resolución, la Sala consideró que la negativa del MEP para dar la información sobre las pruebas PISA no estuvo debidamente fundamentada, ya que el Acuerdo de Participación de Costa Rica en PISA permite gestionar la autorización de la OCDE para divulgar la información requerida.
“No obstante, la autoridad recurrida omitió realizar esta gestión, lo que vulnera el derecho de acceso a la información administrativa (...)”, reza el documento.
La Nación envió consultas al Ministerio de Educación este 16 de diciembre para conocer cuándo entregarán la información sobre Pruebas Nacionales Estandarizadas al EE y sobre si ya realizaron las gestiones ante la OCDE. Al cierre de este artículo no se había recibido respuesta.
Los 10 días hábiles se cumplirán el 24 de diciembre.
Sala Constitucional da 5 días al MEP para entregar datos a Estado de la Educación
Esta es la segunda decisión de la Sala Constitucional en la que ordena al Ministerio suministrar información al EE. El primer recurso a favor del Estado de la Educación fue declarado con lugar a finales de octubre, cuando se ordenó al MEP dar los datos sobre la implementación del nuevo Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT). Esta información ya fue entregada.
Isabel Román, coordinadora del Informe del Estado de la Educación, considera que con estas resoluciones a favor del EE “gana el país”.
“La educación requiere, hoy más que nunca, de procesos de mejora objetiva, sistemática y revisable”, afirmó.
