La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recaudó solo el 44% de las obligaciones facturadas al Estado entre 2020 y 2023, lo cual dejó un saldo pendiente de ¢1,6 billones (millones de millones) de un total de ¢2,8 billones por cobrar. Dicho incumplimiento generó, además, intereses moratorios por ¢323.557 millones en ese periodo.
Estos son parte de los hallazgos de una auditoría elaborada por la Contraloría General de la República (CGR). El órgano fiscalizador evaluó si el proceso de cobro de las obligaciones del Estado con la Caja cumple razonablemente con el marco normativo y técnico aplicable.
Dicho análisis consideró la revisión de las acciones ejecutadas por la entidad desde el momento en que se factura la obligación, hasta la recepción de los recursos, en rubros que afectan tanto al Seguro de Salud como el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Según el informe, divulgado este martes, cada mes la institución factura al Estado los montos adeudados, y aquellos que no se cancelan se suman a la deuda acumulada, la cual alcanzó ¢3,9 billones al 31 de agosto de 2024.
El informe de Contraloría también señala que, entre enero del 2022 y diciembre del 2023, la CCSS no recibió recursos por algunos conceptos, entre ellos el de “Asegurados por Cuenta del Estado” (ACE). Este rubro, cuyos montos facturados desde 2020 siguen pendientes, asciende a ¢437.430 millones.
Además, la Caja tampoco ha recibido la totalidad de los recursos correspondientes a los conceptos de “Código de la Niñez y Adolescencia” y “Fecundación In Vitro”, ya que solo se ha abonado el 10% y 25%, respectivamente, debido a “limitaciones presupuestarias”.
No obstante, la Contraloría destacó casos exitosos en los que la deuda del Estado a diciembre de 2023 es nula, como los apartados de “Recolectores de café” y “Centros Penales”.
En estos casos señala que la existencia de un convenio que defina claramente las responsabilidades de las partes, acompañado de recursos presupuestados y disponibles, así como la entrega puntual de las facturas, ha sido clave para mantener los pagos al día.
Al respecto, Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, indicó mediante un comunicado que la institución valora como positivas las recomendaciones dadas por la Contraloría General para mejorar y fortalecer los procesos administrativos asociados con la facturación y el cobro de la deuda del Estado.
No obstante, señaló que el incumplimiento del Estado con el pago de las obligaciones es una situación “de carácter histórico” y no responde directamente a las gestiones cobratorias de la institución. Según Picado, se trata de “la ausencia de la inclusión en los Presupuestos de la República de los fondos suficientes para cubrir las obligaciones señaladas”.
El informe de la Contraloría también reveló deficiencias en los mecanismos de cobro administrativo y judicial de la Caja con el Estado.
Según el órgano fiscalizador, la CCSS no implementa el cobro administrativo en su totalidad, ya que no emite ni notifica los avisos de cobro, no eleva los casos pendientes a niveles superiores para evaluar posibles acuerdos de pago y omite la conformación de los expedientes correspondientes.
Indicó que la entidad solo emite facturas y certifica las deudas, que sirven como insumo para el informe mensual de deuda dirigido al Ministerio de Hacienda.
Además, la CGR informó de que no se implementa el cobro judicial para todos los casos. Hasta la fecha, de acuerdo con el documento, únicamente existe un caso en proceso iniciado en marzo del 2023, el cual se relaciona con el concepto de Asegurados por cuenta del Estado, por la suma de ¢16.662,65 millones.
En el año 2021 se trasladaron a la Dirección Jurídica dos casos más, pero fueron devueltos a la Gerencia Financiera para agotar la vía administrativa.
La Contraloría también identificó que la CCSS omite elementos de control interno que garanticen adecuadamente el proceso de cobro. Por ejemplo, no ha definido los roles de las unidades involucradas dentro del procedimiento para determinar el monto, el momento de registro de la cuenta por cobrar y desde cuándo se aplican los intereses.
Estas incongruencias obedecen principalmente a que la CCSS se ha concentrado en la suscripción de un convenio con el Ministerio de Hacienda, sin que a la fecha se haya logrado, dejando de lado el cobro de las sumas no recuperadas del 2019 a la fecha y que los saldos pendientes de pago por parte del Estado sigan aumentando. Tampoco la CCSS ha delimitado roles y responsabilidades de las instancias internas que intervienen en la determinación de los montos sujetos a cobro.
Informe DFOE-BIS-IAD-00009-2024, página 10
De acuerdo con el informe, la suscripción de convenios debe verse como una herramienta para coordinar y acordar las condiciones relacionadas con las deudas que el Estado tiene con la CCSS, pero no debería ser considerado como el único mecanismo para determinar la cantidad exacta de la deuda, como ha ocurrido con el Ministerio de Hacienda.
“Lo anterior deja en evidencia que la posición de la CCSS de negociar la determinación del monto con el Ministerio de Hacienda, con el fin de firmar un convenio, ha contribuido a que el proceso de cobro no continúe a las vías correspondientes, al punto de no recibir pagos por esa deuda que va acumulando y sumando intereses”, concluye el documento.
En su respuesta oficial, Gustavo Picado refuta este hallazgo de la Contraloría y destaca que la ausencia de pago del Estado no puede asociarse a la gestión cobratoria que desarrolla la Caja, sino que se debe, en realidad, a que el Ministerio de Hacienda asigna recursos presupuestarios por montos “totalmente insuficientes” para cubrir el costo de los programas y obligaciones del Estado con la institución al formular el presupuesto de la República.
La Nación consultó al ministro de esta cartera, Nogui Acosta Jaén, sobre estas afirmaciones; no obstante, al cierre de esta actualización no se obtuvo respuesta.
