El sistema financiero costarricense concluye el 2024 con una mejora general en la solvencia de los intermediarios y un aumento en el riesgo cambiario de los deudores, informó este martes la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), con base en datos a octubre pasado.
La solvencia se mide por medio del índice de suficiencia patrimonial (ISP), que se calcula dividiendo el capital base de la entidad supervisada entre sus activos ponderados por riesgo, derivados de actividades como préstamos o inversiones. En términos generales, el indicador subió del 18,60% en diciembre de 2023 al 19,32% en octubre pasado.
Los datos reflejan una mejoría en todos los sectores del sistema financiero supervisado respecto a octubre 2023, excepto en los bancos creados por leyes especiales (Banco Popular y el Banco Hipotecario de la Vivienda, entre otros).
El crédito en dólares tuvo un crecimiento del 9,3% en octubre, aunque su ritmo se ha desacelerado tanto en empresas como en hogares. Sin embargo, la Superintendencia indicó que aumentó el riesgo cambiario, con un crecimiento del 24% en deudores sin cobertura natural.
La cobertura natural existe cuando el deudor cuenta con un flujo regular de ingresos en la misma moneda extranjera que coincide con la moneda en que están denominadas las operaciones.
“Este es un mercado de precios, si uno se va endeudar va a buscar el préstamo que cuesta menos. La política monetaria que de alguna forma ha llevado a una fuerte apreciación de la moneda y se convierte en un conductor para que esto se genere”, indicó Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Aguilar presentó los resultados del sistema financiero durante una conferencia, la última en su cargo, tras su renuncia a inicios de noviembre. La jerarca estará en funciones hasta el 31 de diciembre.
Aguilar señaló a La Nación que el ISP refleja la capacidad del sistema financiero para enfrentar pérdidas inesperadas. Sin embargo, destacó que este indicador no es suficiente para determinar que el sistema goza de “buena salud”. Según la jerarca, la gobernanza de las instituciones es el principal factor para un buen desempeño.
Además, mencionó que otro indicador relevante para evaluar la solidez del sistema financiero es la liquidez. Los datos de octubre revelan un índice de cobertura de liquidez (ICL) del doble del límite regulatorio. Este indicador mide la capacidad de las entidades para cubrir sus obligaciones con el público y los inversionistas.
“Con buena liquidez y buena suficiencia no se pueden hacer milagros si no se tiene un gobierno corporativo de calidad para mitigar los riesgos inesperados; es el elemento más importante”, indicó Aguilar.
Por otro lado, la jerarca afirmó que es necesario fortalecer la efectividad de la supervisión y mantener la regulación financiera basada en estándares y mejores prácticas internacionales.
Al mencionar los desafíos de la supervisión financiera, Aguilar planteó la necesidad de consolidar la división de resolución de la entidad. Durante este año, el sistema financiero enfrentó dos intervenciones ordenadas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) debido a irregularidades detectadas en Coopeservidores, en mayo, y en Financiera Desyfin, en agosto. En ambos casos, se establecieron procesos de resolución para dar una respuesta más expedita a depositantes e inversionistas.
Adicionalmente, Aguilar destacó la importancia de capacitar a los supervisores del sistema financiero en nuevos campos, como los riesgos climáticos e informáticos.
Aguilar, quien también es jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supen), informó de que los activos administrados crecieron el 48% en los últimos cuatro años. El 58% corresponde al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
El 92% del total de la cartera, estimada en ¢25,8 billones, está compuesto por inversiones, distribuidas en el 65% en el sector público, el 19% en el exterior y 8% en el sector privado. El 8% restante corresponde a efectivo, cuentas por cobrar y créditos.
La jerarca indicó que las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) se preparan para implementar los Fondos Generacionales a partir del 1.º de abril de 2025 y continúa con el proceso de Diálogo Social, mediante el que se pretende reformar y fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones.
