La Paz. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó este martes ser víctima de una “brutal guerra jurídica” orquestada por el actual mandatario y exaliado Luis Arce. La declaración surge después de que la fiscalía ordenara su detención por un caso de presunto abuso a una menor durante su mandato.
Morales permanece resguardado en el Trópico de Cochabamba, su bastión político, con el apoyo de sus seguidores. No se entregará a la justicia, confirmó su abogado Nelson Cox a esta agencia.
Fiscal ordena detención de Evo Morales por el delito de ‘trata’ de menor
El líder cocalero de 65 años fue imputado por “trata de personas agravada”, informó la fiscalía el lunes. “Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal guerra jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce, que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EE. UU.”, escribió Morales en X.
Junto con la imputación, el Ministerio Público solicitó la medida excepcional de prisión preventiva por seis meses en una cárcel pública. Morales calificó la investigación penal como una “mentira más” creada por el Gobierno de Arce para destruirlo políticamente.
Pese a que la justicia lo inhabilitó para ser candidato presidencial, Morales insiste en su intención de competir en las elecciones de 2025.
La hipótesis de la fiscalía sostiene que Morales, quien gobernó entre 2006 y 2019, habría cometido “trata” de una menor mediante un presunto acuerdo con los padres de una adolescente de 15 años.
El escándalo se remonta a 2015, cuando Morales ejercía la presidencia. Según el expediente, Morales tuvo una hija con la presunta víctima en 2016.
La investigación inicial incluía el delito de “estupro”, que implica acceso carnal con una menor de entre 14 y 18 años. Sin embargo, la fiscalía no volvió a referirse a ese cargo.
De acuerdo con los documentos del caso, los padres de la menor la inscribieron en la “guardia juvenil” de Morales con el objetivo de obtener beneficios políticos a cambio de su hija. El padre está detenido de manera preventiva desde octubre.
Sin aludir directamente al caso, Morales afirmó ser blanco de “un constante bombardeo de difamación e insultos”. En octubre, denunció un supuesto atentado contra su vida, presuntamente ejecutado por la fuerza pública.
“El Gobierno tiene un ejército de fiscales, jueces, policías y militares que buscan eliminarme política, moral y físicamente”, subrayó.
El abogado Marcelo Galván aseguró que el caso ya fue investigado y archivado en 2020. “Nadie puede ser procesado dos veces por los mismos hechos”, indicó en conferencia de prensa.
La fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Morales el 16 de octubre, luego de que este no asistiera a una citación judicial. La orden también incluye a la madre de la presunta víctima.
Dos días antes, partidarios de Morales iniciaron bloqueos de carreteras que duraron 23 días para exigir el “cese de la persecución judicial” en su contra. La existencia del mandato de captura no se conoció públicamente hasta este lunes.
La fiscal del caso, Sandra Gutiérrez, señaló que se mantuvo en silencio hasta ahora porque la policía consideraba que existían riesgos al ejecutar la orden debido a las protestas. “Estaba de por medio la vida no solo de funcionarios policiales, sino también de personas particulares”, afirmó.
Partidarios de Evo Morales anuncian apoyo a su candidatura pese a fallos judiciales
Según el abogado Nelson Cox, existe riesgo de un conflicto si la policía intenta ejecutar la orden de captura contra Morales. “Claro que va a haber riesgo. Si ellos quieren atentar contra la vida del expresidente, la población y el Trópico de Cochabamba no lo permitirán”, advirtió.
Cox añadió que su defendido continúa en Cochabamba. “Sigue en Bolivia, sigue públicamente. Incluso asistirá este miércoles a una celebración partidaria por el aniversario de su primera victoria electoral”, confirmó.
El defensor legal aseguró que Morales “no tiene por qué entregarse” y alegó que su cliente no ha sido notificado formalmente de la imputación por “trata de personas agravada”. La defensa presentó recursos legales para anular lo que consideran vulneraciones al procedimiento judicial.
