El gasto de la política ha sido un tópico recurrente en los últimos meses, en especial, desde que Javier Milei asumió prometiendo un ajuste que pagaría el Estado, una entidad a la que el Presidente apunta como un espacio predilecto de la "casta" y, además, en muchas ocasiones, reclamó a provincias y municipios avanzar con la "motosierra" en casa propia.
La Fundación Libertad, que desde hace años propone un achicamiento del sector público, dio a conocer un estudio en el que se analiza el gasto que suponen los Concejos Deliberante de 50 grandes ciudades y capitales de todo el país y sostiene que el importe total sumado asciende a $123.290 millones.
Si ese número se divide por la cantidad de ediles totales, da que cada integrante de un Deliberativo asciende a 129,4 millones de pesos al año.
Se debe tener en cuenta que la cantidad de concejales se calcula de acuerdo a la cantidad de habitantes del distrito, con un tope máximo de 24 representantes comunales y que, además, en algunos casos, lo que perciben como dieta está atado a una fórmula que se relaciona a los salarios de los trabajadores municipales.
La metodología adoptada por la fundación libertad supone que se toma lo presupuestado por cada intendencia para el funcionamiento de su Concejo Deliberante -en dónde se incluyen tanto las dietas de los políticos, como los salarios de sus asesores como el salario de los trabajadores- y se lo divide por la cantidad total de ediles.
Siguiendo ese parámetro, el costo más alto por concejal se halla la ciudad de San Miguel de Tucumán, con $668,3 millones por año. Le siguen otras dos capitales: Río Gallegos con $639,3 millones y San Salvador de Jujuy con $564.
Las ciudades de Rosario y Córdoba gastan casi lo mismo por concejal, siendo el costo anual de los mismos $285,6 y $285,1 millones por año. Más de 2,2 veces del promedio.
Si bien el gasto destinado a los Concejos Deliberantes en las ciudades representa en promedio el 3,3% del total de sus presupuestos, en Formosa llega al 13,7%, en Posadas al 11,2%, en San Salvador de Jujuy 8,4%, y en Río Gallegos 8,3%.
La fundación reconoce que la mayor parte del gasto de los Concejos se destina a su personal, pero señala que en promedio hay 17 trabajadores por legislador: La jurisdicción con mayor cantidad de empleados es Posadas, posee 122 empleados por cada concejal, mientras que la ciudad de Córdoba tiene empleadas a 8 personas por concejal.
"Los números expuestos evidencian la necesidad de reformar y racionalizar estas instituciones, eliminando gastos superfluos que no generan valor directo para la sociedad", señalan en el informe.
Entre los distritos que se agrupan en tono a la Ciudad de Buenos Aires, existen algunos casos paradigmáticos. La Matanza, el distrito que conduce Fernando Espinoza, proyectó un gasto de 2.316 millones para su Deliberativo, que si se divide por 24 ediles da cerca de 96.5 millones de pesos.
La vecina Tres de Febrero, destina 1.100 millones a sus 24 integrantes del Concejo local, un total de 46 millones por político. También en zona oeste, Moreno presupuesta unos 2.067 que se traducen en más 86 millones de pesos por concejal. Al sur del Conurbano, Berazategui dispone 528 millones para sus 24 ediles y Florencio Varela 681 millones.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no sólo cobró notoriedad por su combate a las organizaciones delictivas de su país y por los señalamientos que le vienen realizando distintos organismos de Derechos Humanos. Además, entre otras medidas, implementó en 2023 un proceso de "reestructuración municipal" que redujo la cantidad de distritos de 262 a 44, y la cantidad de ediles de más de 3 mil a 460.
El salvadoreño y el argentino, dos presidentes con buena sintonía
Entre los argumentos se indicó que 262 alcaldías son demasiadas para un país como El Salvador, con 6,5 millones de habitantes y 21.000 kilómetros cuadrados de extensión. Bukele, de hecho, dijo que "muchos alcaldes solo se dedican a robar o ven qué beneficio personal sacan de los recursos de la gente". En el plano económico, el Ministerio de Hacienda aseguró que la reestructuración municipal supondría un ahorro de US$250 millones anuales para las arcas del Estado salvadoreño.
Sin embargo, el modelo es difícilmente transferible a un país como Argentina, el octavo más extenso del mundo, con 8 veces la población del país centroamericano. Pero, por sobre todas las cosas, lo que trabaría cualquier iniciativa en ese sentido, es la autonomía de las provincias y de los propios municipios, que son quienes deciden el ordenamiento político al interior de sus fronteras.
