El reciente 12 de diciembre, la presidenta Dina Boluarte promulgó una nueva ley impulsada por el Congreso, en la cual se derogó la detención preliminar en casos de no flagrancia. Esta nueva disposición que modifica el Código Penal respondía a intereses particulares, favoreciendo a la delincuencia, la corrupción y el crimen organizado.
El Poder Judicial, a cargo del juez supremo Javier Arévalo Vela, ha anunciado que el día miércoles 18 de diciembre se pronunciaran contra la nueva reforma. “No se puede negar una reforma, pero no podemos aceptar que el Congreso quiera imponer reformas”, afirmó tajante, para luego agregar que el Congreso está reformando la legislación penal "de manera no adecuada, ni técnica".
PUEDES VER: Incautaron 1.201 kilos en barras de oro por US$68.6 millones
En declaraciones a la prensa, el presidente del Poder Judicial expresó su disconformidad con la nueva autógrafa del Congreso, en la cual se elimina la prisión preventiva para casos de no flagrancia. Indicó que, por mínima cortesía, deberían consultar con la entidad, pues cuentan con especialistas en el tema.
“En el Poder Judicial, tenemos magistrados muy especializados, que son profesores universitarios, autores de libros, doctrinarios que pueden aportar en la elaboración de leyes, e incluso se ha hablado de un Código Penal. Estos magistrados sí pueden dar alternativas de leyes serias, porque a veces se emiten unas leyes que se han hecho muy mal”, señaló.
PUEDES VER: Corte Suprema arremete contra jueces que inaplican las nuevas leyes de crimen organizado
Asimismo, refirió que el Poder Judicial puede tener cambios como toda institución del Estado, pero cuestionó que los congresistas, quienes son los que proponen las reformas, "no son los más autorizados" para proponerlos en "una suerte de flujo de constantes proyectos".
Tras la cuestionada reforma penal que abolió la detención preliminar, el Congreso buscaría restituirla pero con una modificación. El nuevo texto del restituido inciso a) del artículo 261 del Código Penal tiene una ligera modificación que haría que los fiscales, ahora, tengan que presentar evidencias concretas para que los jueces evalúen la existencia de indicios razonables, ya no solo la sospecha, para poder autorizar una privación de libertad.
Cabe indicar que esta nueva restitución con modificación aún no ha sido promulgada por Dina Boluarte.
