A partir de 2025, varios estados en Estados Unidos implementarán leyes más rigurosas que complicarán la situación de los inmigrantes indocumentados, especialmente en el acceso a empleos y documentos oficiales. Texas, Oklahoma y Georgia encabezan la lista con normativas que impactan principalmente a la comunidad latina y refuerzan las políticas de deportación masiva y control migratorio.
Estas leyes que buscan perjudicar al inmigrante, aprobadas por autoridades locales y estatales, tienen como objetivo frenar la inmigración ilegal mediante sanciones severas a empleadores y mayores facultades para las fuerzas del orden. A continuación, se detallan las legislaciones clave que entrarán en vigor.
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La Ley SB4 de Texas, firmada en marzo de 2024 por el gobernador Greg Abbott, refuerza las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, con especial énfasis en aquellos que cruzan la frontera con México. Esta legislación entró en vigor tras la decisión del Tribunal Supremo de levantar una orden judicial que la bloqueaba.
La ley busca hacer cumplir de manera más estricta las políticas migratorias federales y locales, lo que ha intensificado la vigilancia fronteriza y las sanciones en las comunidades cercanas a la frontera. Esta medida ha generado preocupación entre los inmigrantes y organizaciones defensoras de derechos humanos debido a su impacto directo en la comunidad latina.
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En Oklahoma, la Ley HB4156, vigente desde el 1 de julio de 2024, prohíbe a los inmigrantes indocumentados trabajar legalmente en el estado. Aunque no incluye penas de cárcel, esta normativa refuerza las medidas para evitar que las personas sin documentos obtengan empleo y promueve deportaciones masivas.
Además, la ley fortalece la vigilancia fronteriza y ya fue aprobada por la Cámara del Senado, aunque aún debe ser discutida en la Cámara de Representantes. Estas disposiciones afectan gravemente a las familias inmigrantes que dependen del trabajo para su subsistencia.
En Georgia, la Ley HB1105, firmada por el gobernador Brian Kemp, otorga mayores facultades a la policía para detener a inmigrantes indocumentados y compartir información con las autoridades migratorias federales. Esta ley busca identificar y procesar a las personas sin documentos conforme a las políticas migratorias federales.
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La normativa refuerza la colaboración entre las agencias locales de seguridad y las autoridades de inmigración, lo que incrementará los controles y redadas en el estado. Su implementación ha generado inquietud entre las comunidades inmigrantes, quienes temen una mayor criminalización y persecución.
