Un nuevo proyecto de ley, que podría marcar un cambio significativo en las políticas educativas de California, tiene como objetivo garantizar la seguridad y estabilidad de los estudiantes en las escuelas del estado. Esta propuesta responde a las crecientes preocupaciones sobre el impacto de las políticas migratorias en las familias y comunidades escolares.
La legislación se centra en la creación de un entorno seguro que permita a todos los estudiantes asistir a la escuela sin temor a ser separados de sus familias.
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El proyecto de ley, respaldado por líderes como el superintendente Tony Thurmond y la senadora Lena González, prohíbe el ingreso de agentes de inmigración a los campus escolares en California sin una orden judicial válida. Esta disposición busca proteger a los estudiantes y sus familias de operativos que puedan generar temor o afectar la asistencia escolar.
Entre las medidas principales se encuentra la prohibición de cualquier acción policial en un radio de un kilómetro alrededor de las escuelas. Esto incluye operativos que tengan como objetivo a inmigrantes en situación irregular. Además, se establece una restricción para evitar que las instituciones educativas compartan información personal de estudiantes y familias con agentes de inmigración. “Todos los niños de California merecen entornos escolares seguros que prioricen el aprendizaje, independientemente de su estatus migratorio”, declaró la senadora González al presentar la propuesta.
Diversos estudios han demostrado que el incremento en los operativos de inmigración cerca de las escuelas tiene un impacto negativo en la asistencia y el rendimiento académico de los estudiantes. Tanto niños nacidos en Estados Unidos como aquellos en situación migratoria irregular tienden a ausentarse por miedo, afectando su desarrollo educativo.
La mayoría de los menores en California con padres en situación irregular son ciudadanos estadounidenses, lo que refuerza la importancia de garantizar su derecho a la educación gratuita sin interrupciones.
El superintendente Thurmond explicó que las amenazas de deportación generan una disminución en la asistencia, privando a las escuelas de los fondos que reciben por estudiante. “Este proyecto busca contrarrestar el impacto de estas amenazas y proteger a nuestras familias”, afirmó.
El proyecto pretende no solo frenar los operativos de inmigración en áreas escolares, sino también enviar un mensaje de apoyo a las comunidades afectadas por las políticas migratorias. Al evitar interrupciones en el entorno escolar, las familias tendrán mayor confianza para enviar a sus hijos a la escuela, asegurando que puedan continuar con su educación.
La propuesta ha sido respaldada por grupos de derechos de los inmigrantes, quienes señalan que medidas como esta son esenciales para reducir el miedo en las comunidades y proteger a los más vulnerables.
