Luego de analizar la ‘Directiva para la búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000’, que regula internamente las funciones de los miembros del equipo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD), dos organizaciones nacionales y cerca de veinte representantes de casos emblemáticos expresaron su discrepancia con el tiempo y los plazos establecidos para la ubicación de sus familiares, que sería de un año y ocho meses.
Lo hicieron en una carta que Doris Caqui Calixto, fundadora de la Coordinadora Nacional de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada (CN.Favidefo), entregó el 16 de diciembre al director de la DGBPD, Javier Pacheco Palacios.
“Manifestamos nuestra disconformidad con el tiempo y los plazos establecidos en el proyecto de Directiva, ya que la Ley Nro. 30470 es una ley de búsqueda con enfoque humanitario que no establece fechas de inicio ni de cierre”, señalan en el documento.
Doris Caqui dijo a La República que debe respetarse el contenido de esta ley que no solo tiene que ver con la ubicación de desaparecidos, sino que también toma en cuenta el alivio de los familiares.
Refirió el caso de su esposo Teófilo Rímac Capcha, desaparecido el 23 de junio de 1986 en Cerro de Pasco.
“No sabemos dónde puede estar, se ha hecho intervenciones en cuatro lugares, tenemos que seguir buscándolo. Por eso, no pueden establecer fechas. Hay más de 8,600 desaparecidos y no tenemos su ubicación”, cuestionó.
También manifestó que desde Favidefo han venido planteando celeridad y restitución de los restos de sus familiares. Además, han solicitado que la búsqueda no se concentre en una o dos regiones, sino en todas las regiones donde ocurrieron estos casos, como Cusco, Puno, Apurímac, Junín, cerro de Pasco, Huánuco, San Martín.
Doris Caqui informó que pudo conversar con Javier Pacheco sobre el plazo mencionado en la Directiva. El director de la DGBPD le aseguró que no es para la búsqueda de los desaparecidos.
“Dijo que es una directiva que funcionará a nivel interno para el cumplimiento de los objetivos de búsqueda como trabajadores, ya que han encontrado pocos restos. Mencionó que esperaba dar un paso adelante con el equipo que tiene”, refirió la fundadora de Favidefo.
Sin embargo, Doris Caqui exigió que para el 2025 se ratifique el grupo de trabajo, donde confluyen familiares, organizaciones de derechos humanos, el Ministerio Público y el sector Salud. Además, que se socialice el plan de trabajo del próximo año, donde se preestablezca el presupuesto por resultado “porque había gasto enorme y no había resultados”.
Mil restos arrumados
Por su parte, Luis Aronés Huallanca, presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política del Perú, indicó que al institucionalizarse la Dirección de Búsqueda debe tener un presupuesto para avanzar con la identificación de todos los restos encontrados.
“En Ayacucho, hace años, desde que Marisol Pérez Tello fue ministra de Justicia, hay más de 1000 restos arrumados en cajas de cartón en el Ministerio Público. Los familiares necesitamos que nos entreguen los restos porque la mayoría, por enfermedad o por edad, están falleciendo sin recibir los restos de sus familiares y sin darles un entierro digno”, cuestionó.
Tras exigir avances, señaló su desacuerdo con el plazo de 18 meses que indica la Directiva de la DGBPD. Sostiene que aunque los actuales familiares ya no estén, sus nietos continuarán en la búsqueda.
Luis Aronés representa el caso de Raccaya, en provincia ayacuchana de Víctor Fajardo, que tiene 41 difuntos.
“Los hemos encontrado en tres fosas prácticamente a todos, pero a la hora de hacer el análisis de ADN solo se ha identificado a 22. Luego de exigir a la fiscalía se ha logrado identificar a 11 restos más y aún nos falta 9. Aparte hay 6 desaparecidos en una base militar. El tema de justicia y de los procesos está muy lento. Hemos cumplido 41 años de este hecho. El caso Cabitos, después de 38 años se han entregado los restos. Todo es muy lento y el peligro es que cuanto más tiempo pase va a ser más difícil identificar porque los reactivos no agarran. Eso nos han dicho los forenses”, señaló.
Es un derecho humano
Mientras que Luyeva Yangali Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) expresó que su organización también se opone a los plazos de búsqueda.
“Estamos en desacuerdo con esa normativa interna. Es un derecho humano, cómo es posible que se dé el plazo de un año y ocho meses para investigar y buscar restos. Si en ese tiempo no los encuentran se cierra el caso. Eso no se puede acepar”, anotó.
