Azucena Arbeleche junto a Luis Lacalle Pou
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Uruguay ha comunicado a la Asamblea General que, al igual que durante la pandemia de covid-19 y en momentos de sequía, ha decidido activar la cláusula de salvaguarda. Esta acción permite aumentar el límite del endeudamiento y responde a condiciones económicas adversas.
El límite legal para el endeudamiento en 2024 se fijó en US$ 2.300 millones, como se indicó en la Rendición de Cuentas presentada en 2023. Sin embargo, a noviembre de este año, el endeudamiento neto alcanzó los US$ 2.287 millones, lo que plantea un riesgo de superar el tope establecido en diciembre.
La cláusula de salvaguarda prevista en la regla fiscal puede activarse bajo circunstancias extraordinarias. Estas incluyen «situaciones de grave desaceleración económica, sustanciales cambios en precios relativos, situaciones de emergencia o desastres de escala nacional», de acuerdo con la ley 19.924. Esta medida permite al gobierno aumentar hasta un 30% adicional el monto de endeudamiento neto permitido.
Con esta activación, el MEF tiene la capacidad de elevar el límite de endeudamiento neto para 2024 a hasta US$ 2.990 millones. Esta decisión se basa en la necesidad de cubrir los desajustes fiscales generados por la actual situación económica del país.
Entre las causas citadas por el MEF para activar la cláusula de salvaguarda están «los sustanciales cambios en los precios relativos» que se han observado en la economía uruguaya en 2023 y 2024. Se reportó una «fuerte merma» en los ingresos tributarios, lo que ha llevado a una disminución significativa en la capacidad de recaudación.
Según el MEF, el país experimentó «casi US$ 600 millones menos de recaudación». Esto se suma a un «menor nivel de actividad» económica, estimado en US$ 160 millones, lo que representa un 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB), además de «otras causas microeconómicas» que han causado una pérdida adicional de US$ 240 millones.
Desde el MEF se argumentó que «el efecto precios generó un mayor endeudamiento neto del previsto en junio de 2023″, cuando se estableció el tope de endeudamiento para el próximo año. Esta situación se relaciona con los precios internacionales de las materias primas, que han tenido un efecto directo en la economía local, afectando los índices de precios.
El gobierno también mencionó que «la caída de los precios internacionales» y la fuerte distorsión de precios en comparación con Argentina han llevado a un cambio sustancial en los precios relativos en el país, especialmente entre los productos transables y no transables.
Este cambio en los precios ha resultado en «una reducción de los índices inflacionarios en el país, mayor a la previamente estimada». Aunque la baja en la inflación ha contribuido al crecimiento económico y al aumento del poder adquisitivo de los hogares, también ha conllevado una disminución en los ingresos tributarios netos del gobierno central para 2024.
Según el MEF, la reciente reducción en los guarismos inflacionarios ha llevado a una «merma en los ingresos tributarios nominales». Esto indica que, a pesar de algunos aspectos positivos, la situación fiscal del país se ha complicado.
De acuerdo con la ley de Presupuesto, y en específico su artículo 699, las autoridades del MEF estarán obligadas a comparecer ante la Asamblea General en un plazo no mayor a 30 días corridos luego de que se invoque la cláusula de salvaguarda. Esto tiene como objetivo garantizar la transparencia en la gestión del endeudamiento adicional necesario.
