Distintos países en el mundo están inmersos en profundos cambios políticos, como reflejo de la inconformidad de sus poblaciones con su situación económica. Por ejemplo, en la pasada votación en Francia los electores escogieron partidos con propuestas opuestas entre sí como muestra de su inconformidad con la actual política del gobierno; en Estados Unidos se vuelve a elegir a un candidato que había perdido en las elecciones anteriores; en Brasil se regresa a un candidato que ya había gobernado. Por otro lado, en Corea del Sur el Congreso destituye al presidente en el poder, en Argentina gana la presidencia un profesor de la universidad, sin experiencia política y en políticas extremas, y en Alemania, en los pasados días, el Congreso toma medidas para cambiar el titular del Poder Ejecutivo.
Todo lo anterior, y en muchos casos más, se refleja el descontento de las poblaciones con la situación de sus países. Esto sorprende porque en las pasadas décadas el desarrollo mundial ha tenido una expansión económica que no había conocido la humanidad en toda la historia. La pobreza ha disminuido, la esperanza de vida se ha incrementado de una manera dramática, se ha alargado la vida promedio de las personas, los precios reales han disminuido y la salud ha alcanzado niveles inimaginables hace algunos lustros. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para generar un entorno de estabilidad y desarrollo, sino parece que ha sucedido lo contrario.
Son varias las posibles explicaciones, como el deseo de las votantes para acelerar el crecimiento económico o la presión para reducir el esfuerzo de las personas para lograr el bienestar de manera fácil; el criterio de que no basta el crecimiento económico, sino que se prefiere la igualdad o que las nuevas generaciones no están conscientes del gran esfuerzo que se ha realizado en el pasado reciente para lograr la situación alcanzada.
A las anteriores quisiera agregar una posible explicación económica, que se relaciona con el cambio de las políticas financieras/monetarias que los gobiernos en el mundo tuvieron que tomar, debido a la aparición del Covid-19. La drástica caída en la actividad productiva, como resultado de la aparición de la pandemia propició que los gobiernos incrementaran de manera drástica su gasto público, a fin de evitar la quiebra generalizada de empresas. Esto se tradujo en un incremento importante en la expansión monetaria y en la deuda publica de los distintos gobiernos. Por ejemplo, en Estados Unidos la deuda pública pasó del 53 por ciento del PIB en el año 2001 a 120 por ciento el año pasado y los agregados monetarias se elevaron de 1 billón de dólares a nueve billones en los mismos años; en Japón, la deuda publica pasó de 136 por ciento del PIB al 256 por ciento; en China del 27 por ciento a 84 por ciento y de manera parecida en la mayoría de los países desarrollados.
Debido a que las tasas de interés eran cercanas al 0 por ciento, su impacto era muy pequeño en las finanzas públicas, pero la política de expansión monetaria y del gasto público finalmente empezaron a impactar en una mayor y creciente inflación. Para compensarla los distintos gobiernos aceptaron mayores tasas de interés y tuvieron que empezar a reducir sus gastos.
Esto ha provocado descontento entre servidores públicos, sindicatos, contratistas y en general, en toda la población. Algunos gobiernos, como Turquía, decidieron seguir con la misma política expansiva, lo que provocó que su inflación fuera cercana al 100 por ciento, lo mismo que las tasas de interés y tuvo que iniciar un ajuste fiscal mayor al previsto. Continuar con la política expansiva provoca crisis financieras en el futuro, pero reducirla crea crisis políticas en el presente.
La salida a este entorno negativo es propiciar un mayor crecimiento económico, lo que permite que se incrementen los ingresos fiscales, para así poder cumplir con los programas sociales prometidos. Sin embargo, esto solo se puede lograr creando condiciones que propicien un incremento sustancial en la inversión privada, ya sea por medio de menores tasas de impuestos, una reducción drástica en la regulación que tienen las empresas y la eliminación de monopolios privados y públicos, así como mayor transparencia en el gasto público.
