El Programa IMSS-Bienestar, creado en 1979 para atender a comunidades marginadas, enfrenta hoy una transición crítica. Este programa ha sido clave para garantizar el acceso a la salud en zonas vulnerables. Sin embargo, su falta de asignación presupuestaria en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, junto con las recientes declaraciones en la 115ª Asamblea General Ordinaria del IMSS, genera más incertidumbres que certezas sobre su futuro bajo el modelo del Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar.
La confusión entre el programa y el OPD persiste debido a una comunicación institucional inconsistente y la coexistencia de ambos esquemas. Aunque el decreto de creación del OPD, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2022, no elimina formalmente al programa, establece un proceso implícito de transición. Esto implica que el OPD asumirá las responsabilidades operativas y presupuestarias a largo plazo, absorbiendo progresivamente las funciones del programa.
Esto genera dudas sobre la continuidad de los servicios en comunidades históricamente dependientes del programa, así como sobre la estabilidad laboral de sus 26 mil trabajadores. Además, plantea preguntas sobre cómo se garantizará la rectoría y el financiamiento en este periodo de cambio.
Uno de los aspectos más preocupantes es que el Programa IMSS-Bienestar no recibió una asignación presupuestaria específica en el PEF 2025. Esto podría contravenir el Transitorio Quinto de sus Reglas de Operación (ROP-PIB 2024), que establece que sus actividades deben depender de recursos aprobados por la Cámara de Diputados. Sin un presupuesto directo, las operaciones del programa, incluidas las remuneraciones de su personal, podrían quedar en riesgo, especialmente en regiones donde ha sido el único acceso a servicios de salud.
El OPD IMSS-Bienestar cuenta con un presupuesto de 174 mil 623 millones de pesos para 2025, con un incremento significativo respecto al año anterior. Esto refuerza la idea de que las funciones del programa serán absorbidas progresivamente por el OPD, pero también pone en evidencia la falta de planeación y claridad en los mecanismos de transición.
Durante la 115ª Asamblea General Ordinaria del IMSS, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que “el IMSS-Bienestar tiene sus complicaciones por la manera en que se conformó”, mientras que Zoé Robledo, director general del IMSS, agradeció la confianza para “seguir administrando este Programa”. Estas declaraciones reflejan una realidad compleja:
La presidenta aludió a problemas estructurales en la transición del modelo, subrayando la necesidad de consolidar infraestructura y recursos humanos. Por otro lado, la afirmación de Robledo contrasta con la falta de presupuesto asignado en el PEF 2025, lo que genera dudas sobre cómo se financiarán las actividades del Programa.
Estas declaraciones buscan mantener la narrativa de continuidad, pese a las dificultades financieras y operativas del modelo.
Ante la falta de presupuesto directo, el gobierno tiene varias alternativas para mantener las actividades del Programa hasta que formalmente haya un decreto de su extinción:
Reasignaciones presupuestarias: Durante el ejercicio fiscal 2025, la Secretaría de Hacienda podría redirigir recursos mediante adecuaciones presupuestarias si se considera prioritario.
Recursos del OPD: El OPD podría financiar actividades que antes realizaba el Programa, aunque esto implica ajustar sus prioridades operativas.
Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI): Este fondo podría cubrir vacíos operativos de manera temporal.
Recursos del IMSS ordinario: Aunque esto presenta un alto riesgo jurídico y patronal, podría ser considerado como una medida de última instancia.
El Programa IMSS-Bienestar enfrenta un futuro incierto. Su falta de presupuesto directo en 2025 no significa su eliminación formal, pero sí plantea interrogantes sobre su relevancia y sostenibilidad en el nuevo esquema centralizado del OPD. Además, sus miles de trabajadores sindicalizados, pertenecientes al Apartado A de la Ley Federal del Trabajo, merecen claridad y certeza laboral, al igual que el personal de confianza que administra su operación y las brigadas comunitarias que durante años fueron el estandarte del Programa.
El costo de la transición va más allá de lo financiero: también afecta la confianza pública. Garantizar la continuidad y calidad de los servicios, así como la estabilidad laboral, será clave para evitar que esta transición se convierta en una crisis de salud pública. La promesa de salud para todos no debe quedar en el aire.
El autor es Médico especialista, analista en temas de salud, extitular de la Unidad de Atención Médica del IMSS.
