La comisión de diputados que investiga a la Fundación ProCultura recibió de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, un detallado informe de las 17 auditorías realizadas a ocho gobiernos regionales y a las seremis de Cultura, Vivienda y Serviu.
Dichos servicios transfirieron cuantiosos recursos públicos a la Fundación ProCultura para la ejecución de diversos programas. La indagatoria apunta a las carteras de Cultura, Hacienda y la Dirección de Presupuestos por los fondos entregados para desarrollar proyectos en ocho regiones del país.
Al respecto, la contralora se refirió a los convenios o asignaciones directas en las que se detectaron problemas. Entre ellos, falta de ejecución de las acciones comprometidas, falta o retraso en rendición de cuentas, pago de sobreprecios y convenios sin objetivos claros, entre otros.
Asimismo, se detectaron tercerización de actividades, término anticipado de contrato y falta de restitución de recursos. Además, vínculos entre funcionarios públicos que antes se desempeñaron en ProCultura.
La contralora señaló que existen algunos sumarios abiertos y que, en la mayoría de los casos, se enviaron antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Dorothy Pérez dijo que el organismo que encabeza no puede determinar si la entrega de recursos a ProCultura una acción concertada o dolosa, ya que ese tema le corresponde, justamente, al Ministerio Público. No obstante, recalcó que “uno ve similitud en las deficiencias de control de las instituciones públicas. Hay un mismo mecanismo deficiente de control”.
Respecto a las querellas del CDE, aclaró que la Contraloría no puede incidir, intervenir o calificarlas. Precisó que el consejo toma la decisión de acuerdo al mérito técnico y es una revisión y votación que realiza este.
La personera consideró que es difícil la recuperación de recursos cuando no hay patrimonio en la institución. En esa línea, la Contraloría no puede recuperar dineros, hay que esperar los resultados del Ministerio Público y de acciones presentadas por el CDE.
A su vez, explicó que el juicio de cuentas se encuentra detenido o suspendido hasta que termine la causa penal. Luego de todos los procesos, recién la Contraloría puede accionar contra funcionarios públicos que generaron un daño.
Finalmente, a petición del diputado Henry Leal (UDI) y ratificado por oficio de la comisión, la contralora comprometió enviar un documento con los vacíos que tiene la legislación actual. Uno de los puntos que mencionó es en materia de sanciones administrativas, ya que no hay atribuciones para aplicarlas.
Por su parte, la diputada Yovana Ahumada (IND) dijo que impresiona el modus operandi de ProCultura, tema que se replica en varias regiones. Agregó que “ningún Gore o seremi fue capaz de exigir experiencia, garantías o revisar el giro de la fundación”.
En tanto, Gustavo Benavente (UDI) sostuvo que la fundación recorrió Chile suscribiendo convenios por 6 mil o 7 mil millones de pesos y rindió sólo el 10 o 15%. “El resto de la plata se esfumó”, acusó.
