El orden del día del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) de ayer, órgano de cogobernanza en el que participan el Ministerio de Sanidad y los consejeros de Salud de las comunidades y ciudades autónomas, incluía hasta 23 puntos, entre los que se encontraban temas de gran calado para la sanidad pública como la votación del protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia al aborto, la regulación de los vapers y las bolsas de nicotina, el acuerdo por el que se aprobaría el Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, la revisión el cuarto Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antimicrobianos o la designación y redesignación de unidades de referencia (CSUR) del SNS, entre otros.
Sin embargo, la crisis de Muface acaparó la mayor parte de la reunión. La tensión ha escalado hasta convertir la supervivencia de la mutualidad de funcionarios civiles en una cuestión de Estado.
Sanidad persigue sacar adelante su plan para desmantelar este sistema e incorporar a los 1,5 millones de mutualistas en el sistema público de salud. El Gobierno, representado por el Ministerio de Función Pública del socialista Óscar López, asegura que renovará Muface antes de final de año, pero el tiempo se agota y los plazos no encajan. Por su parte, Sumar presiona con una propuesta no de ley para para pedir el trasvase de funcionarios al SNS.
El Pleno comenzó con mucha tensión, ya que la ministra de Sanidad, Mónica García, había rechazado el pasado viernes la petición de los consejeros de Sanidad de las autonomías del PP de incluir como tema prioritario en el orden del día una votación para exigir al Gobierno «un compromiso firme de salvar Muface».
Según fuentes presentes en la reunión, Sanidad se mantuvo de entrada en su postura de no dejar hablar del tema hasta que la mayoría de los consejeros amenazaron con impugnar el Pleno si no se abordaba.
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, calificó el orden del día de la reunión como «una muestra de la falta de diálogo» de Sanidad y denunció que este asunto crucial se presentara como un «punto meramente informativo» al final del encuentro, en lugar de abrirse a un debate real que incluyera a las CC AA, que son las que gestionan directamente este área.
Recordemos que la desaparición de Muface tendría gran impacto sobre los sistemas sanitarios de la gran mayoría de las autonomías, disparando las ya inasumibles listas de espera.
En el caso de Madrid, el trasvase de Muface sumaría 240.000 usuarios más al sistema sanitario de la región (Sermas), supondría un gasto anual de 400 millones de euros y la obligaría a construir un nuevo hospital para hacer frente a la demanda.
Al respecto, el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, negó que el dinero destinado a Muface pueda cubrir el traspaso de los mutualistas al SNS, tal y como se defiende en el informe que presentó Sanidad para justificar la capacidad del SNS para asumir las consecuencias de la desaparición de la mutualidad.
«Lo que hay que transmitir a la población es que nunca les va a faltar esa asistencia sanitaria, pero que no será exactamente igual con ese dinero que nos da, porque el precio que tiene a día de hoy, y con el que se subvenciona la asistencia sanitaria en Muface, no es el coste per cápita que tenemos en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo en Aragón, donde tenemos dos problemas añadidos, que son el envejecimiento de la población y la dispersión».
Por otro lado, la responsable madrileña acuso a Sanidad de bloquear el «debate democrático» que permita al Ministerio para la Función Pública, del que depende Muface, trabajar en una solución consensuada con las regiones.
[[H2:Arengar «perjudica a todos»]]
«Mientras el Ministerio para la Función Pública está negociando el proceso, Sanidad, en paralelo, arenga a que desaparezca el modelo, perjudicando a todos: usuarios, profesionales y administraciones», destacó.
En este sentido se pronunció también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que responsabilizó a los ministros de Función Pública y de Sanidad, López y García, respectivamente, de «erosionar» el sistema con la crisis de Muface y de «estar jugando con la sanidad de todos los españoles». «Porque no es solo la sanidad de un millón y medio de funcionarios, estamos hablando de la sanidad pública de todos los españoles».
Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo criticó en el Comité Ejecutivo Nacional de su partido que el Gobierno central esté a punto de «eliminar Muface sin diálogo ni previsión», y denunció que «solo han medido el titular que querían dar: eliminar Muface, pero no las consecuencias para un sistema que lo que demanda es más médicos, no más pacientes sin médicos».
Como el Pleno finalizó dejando muchos asuntos en el tintero, que las autonomías consideran «problemas de Estado», como la falta de profesionales sanitarios, un plan de Atención Primaria con medidas concretas, la financiación y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la equidad en el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias, los consejeros al unísono pidieron al Ministerio la celebración de un consejo extraordinario antes de final de año para abordar con detalle cada uno de estos temas.
Sanidad ha accedido a que se celebre, aunque aún no ha concretado la fecha.
