Hace 10 años, en México se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Con ello, nuestro país dio un paso significativo en materia de protección a uno de los sectores sociales más vulnerables.
Dicha ley reconoció los principales derechos a los que niñas, niños y adolescentes (NNA) tienen acceso como ciudadanos mexicanos, basados en el principio del interés superior de la niñez previsto desde nuestra Constitución.
Por primera vez en la historia legislativa de México, con la LGDNNA se logró que niñas, niños y adolescentes contaran con un marco legal propio que los reconocía como sujetos de derecho que requieren una protección reforzada.
Los avances fueron sustanciales, ya que se crearon diversos organismos e instrumentos que garantizaban el respeto de las garantías de este grupo etario en apego a estándares internacionales. Así, se instituyó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) para coordinar y articular políticas públicas, programas y acciones permanentes desde los distintos ámbitos de gobierno en beneficio de los derechos de este sector. El SIPINNA es operado por la Secretaría de Gobernación.
También se creó la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) —considerada como “el abogado de la niñez”— con atribuciones para ejercer representación jurídica en suplencia o coadyuvancia, defensa y protección de los derechos de NNA; generar planes de restitución ante vulneraciones de derechos; y prevenir la violencia y el abuso contra niñas, niños y adolescentes.
Sin duda, esta última década marcó un camino relevante en el reconocimiento de los derechos de NNA y alentó la instauración de una infraestructura para la protección de sus intereses, pero aún quedan enormes áreas de oportunidad en distintas materias, principalmente en temas presupuestales y en la efectividad de las instituciones que coordinan las políticas.
En este sentido, debe decirse que México destina solo 0.6 % del Producto Interno Bruto a la primera infancia, cuando hay evidencia de que esta etapa de la vida humana es fundamental para un óptimo desarrollo en la adultez. A su vez, se ha identificado que la primera infancia se encuentra en mayor situación de pobreza en comparación con adolescentes y personas adultas. Un aspecto más es la seguridad: en 2023, 368 niñas y niños de 0 a 5 años fueron reportados como desaparecidos o no localizados. Es triste y vergonzoso reconocer que la violencia familiar y los delitos sexuales contra esta población siguen siendo alarmantes.
Respecto a la salud, se tienen carencias en la infraestructura sanitaria, falta de recursos médicos e insuficiencia de personal capacitado, lo que dificulta el monitoreo del desarrollo infantil temprano, la vacunación y el tratamiento de enfermedades. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2022, 45.9% de niñas y niños de entre 0 y 5 años careció de acceso a servicios de salud.
Como se ve, las necesidades siguen siendo demasiadas y se puede considerar que, a 10 años de la promulgación de la LGDNNA, su creación fue una gran ayuda, pero la aplicación ha sido insuficiente. Prácticamente, mientras esta ley no cuente con presupuesto asignado, es ley muerta. En Early Institute reconocemos los esfuerzos y las voluntades para garantizar los derechos y la protección a NNA, a la vez que nos comprometemos a impulsar una agenda que contribuya a la mejora de las políticas públicas que requieren las niñas y los niños de México.
Una década de trabajo ha abierto espacios, pero es necesario hacer más y lograr la correcta implementación de una legislación que tiene por objetivo el resguardo de una población del país que demanda toda nuestra atención y cuidado.
