Este lunes, la Comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto que otorga un reajuste general de remuneraciones a los trabajadores y trabajadoras del sector público, luego de ser aprobado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados hace una semana.
En concreto, la propuesta otorga un incremento total de 4,9% para los funcionarios y funcionarias, el que se pagará en tres etapas. Así, las remuneraciones para el sector se incrementarán en un 3,0%, a contar del 1 de diciembre de 2024, posteriormente, se efectuarían nuevas alzas a contar del 1 de enero y 1 junio de 2025, las que serán de un 1,2% y 0,64%, respectivamente.
En la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, presentaron distintos gremios de trabajadores y trabajadoras del sector público, uno de ellos la Asociación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales (ANTUE), quienes a través de su dirigenta, Mónica Álvarez, presentaron sus principales inquietudes respecto al proyecto y lo que significa que ciertos aspectos de la negociación con el Ejecutivo no se apliquen en su sector.
“Sabemos que todos los años nos corresponde entrar a negociar con los rectores y rectoras, cuánto va a ser nuestro ajuste de sueldo, esto por la autonomía económica que tiene las universidades, no recibimos nuestros ajustes desde el Estado. Hoy día se profundiza aún más la situación de nuestra brecha salarial con el sector público propiamente tal, del sector centralizado, porque hay muchas universidades que producto de la crisis financiera por las cuales están pasando, no hay ninguna posibilidad de poder dar un reajuste de sueldo, no pudimos recuperar el 0,4%, que a muchos a todos los funcionarios públicos se les dio desde junio en adelante y ya tenemos varias universidades que han anunciado que no van a dar reajuste, van a dar cero”, detalló.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseveró que “no se pueden tomar decisiones solo en base a reclamos de otras personas”. “Las remuneraciones, los gastos en personal representan el 20% del gasto público y ese porcentaje está distribuido en centenares de instituciones, en 28 ministerios, a ello se le agrega instituciones que están fuera del Gobierno central, como municipalidades y universidades. A lo largo del tiempo muchos de esos sectores tienen regímenes salariales que son diferentes y algunas otras normas que también los diferencian”, explayó.
Por su parte, el senador de Evópoli y presidente de la comisión, Felipe Kast, afirmó que “uno no puede pretender tener a todos los gremios juntos”. “Asignarle a una mesa el monopolio de las conversaciones no corresponde. Cada una tiene que ir teniendo el peso que tiene de acuerdo a la cantidad de personas que representa”, sostuvo.
“Si hay un grupo que representa a muchos trabajadores, merece llegar a la mesa y puede incluso no llegar a un acuerdo, afortunadamente en esta oportunidad se llegó”, expresó. En esa línea, el parlamentario destacó que el reajuste “parte de una mirada” que busca “lograr los equilibrios fiscales”.
Cabe señalar que el proyecto contempla un bono de invierno para las y los jubilados, incluye también una serie de aspectos misceláneos que deben entrar en vigencia el 31 de diciembre. De ellos destacan el aporte para los servicios de bienestar, aporte a las universidades, beneficios de incentivos al retiro de los funcionarios públicos, perfeccionamientos de normas al teletrabajo, modificación de la planta de Gendarmería, entrega de un bono para personal de Carabineros y una asignación de estímulo en materia de salud, entre otras medidas.
