Diversas figuras tributarias pueden contribuir a equilibrar las cuentas públicas, cada una con distintos impactos en la economía. Por ello, así como cualquier propuesta relacionada con el gasto público debe ir acompañada de un plan de financiación, aquellos que se oponen a aumentos de impuestos o exigen reducciones, deben presentar alternativas viables
Una frase atribuida a Pedro Solbes refleja la complejidad de las negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE): “Todos los gobiernos son de coalición: de un lado el ministro de Hacienda; del otro el resto de los ministros, cuya función es gastar, correspondiendo al responsable de Hacienda definir el máximo de gasto y su distribución”.
Los PGE constan de dos partes principales, los gastos y los ingresos, siendo el 85 % de estos últimos provenientes de impuestos y cotizaciones sociales. Con un gobierno de coalición, que debe asegurarse el apoyo de diversas fuerzas parlamentarias, las negociaciones para aprobar los PGE revelan las políticas de cada partido, tanto en términos de gastos, como de su financiación. Mientras aguardamos por los nuevos PGE para analizar los gastos, propongo centrarnos en los ingresos.
Para preservar el estado del bienestar sin incrementar el endeudamiento, es fundamental garantizar ingresos suficientes. Tras años de gastos extraordinarios debido a la pandemia, la crisis energética y la inflación, y considerando las positivas perspectivas económicas que prevén los organismos internacionales, ha llegado el momento de trabajar en el equilibrio de las cuentas públicas.
La reciente reforma fiscal parece que no ha alcanzado las expectativas planteadas en el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria. El Gobierno ha admitido que, para cumplir con los compromisos europeos, es necesario “promover la convergencia” de la recaudación fiscal con la media de la Unión Europea (UE): en pocas palabras, subir impuestos. Ahora es importante analizar donde hay margen para mejorar la recaudación.
Según el Informe Anual sobre impuestos 2024, de la Comisión Europea, aunque España ha hecho progresos en la recaudación de impuestos, aún se encuentra por debajo de la media de la UE en términos de presión fiscal. Según el FMI, desde 2020, los impuestos sobre la renta y las cotizaciones sociales han aumentado impulsados por la inflación y la mejora del mercado de trabajo. El IVA también ha visto un incremento en su recaudación, en parte gracias a que el aumento de los pagos con tarjeta ha ayudado a reducir el fraude fiscal. En conjunto, estos cambios nos han permitido reducir la brecha fiscal con países de nuestro entorno a la mitad.
A la luz de estos datos, no es cierto que se paguen muchos impuestos en España, especialmente si se desean servicios públicos a la altura de los países más desarrollados.
No obstante, la presión fiscal, medida como la recaudación en porcentaje del PIB, puede resultar un indicador complejo. La Comisión Europea utiliza las tasas implícitas, que miden la carga tributaria efectiva al relacionar los impuestos con sus respectivas bases. Simplificando, los impuestos sobre el consumo (IVA e impuestos especiales sobre productos como el alcohol o los hidrocarburos) se comparan con el consumo de los hogares, mientras que los impuestos sobre el trabajo (cotizaciones sociales y parte del IRPF) se relacionan con los salarios.
Los siguientes gráficos comparan las tasas implícitas de los impuestos sobre el consumo y trabajo publicadas por la Comisión Europea para las cuatro mayores economías de la Unión Europea y para el último año disponible, 2022.
El primer gráfico muestra que la tasa implícita de los impuestos sobre el consumo en España es del 14 %. A pesar de que el tipo general del IVA es el 21 %, varios factores explican que la tasa efectiva sea inferior, como el fraude fiscal (gastos de consumo que evaden el pago del impuesto), los tipos reducidos y super reducidos (4% y 10%, respectivamente) y productos exentos (como la sanidad y la educación).
Para completar la información, la siguiente tabla muestra la posición de los cuatro países en la UE según la tasa implícita de ambos tipos de impuestos. El puesto 1 corresponde al país con la mayor tasa, y el 27 al país con la menor.
España se acerca a la media de la UE en los impuestos relacionados con el trabajo, aunque tiene la menor tasa de los 4 países comparados. Lo que realmente destaca es que ocupa la última posición en cuanto a los impuestos sobre el consumo, con una tasa implícita del 14 %, frente al 16 % de Italia y Alemania y el 18 % de Francia.
Uno de los factores que explican esta baja tasa implícita sobre el consumo, es que se calcula como un porcentaje del gasto interior, el cual incluye el gasto turístico que en 2022 alcanzó uno de sus mejores resultados. Además, los servicios de hostelería y otros servicios turísticos tributan al 10 % en España y representan una parte significativa del consumo total, reduciendo la recaudación por este impuesto. Aunque el turismo es clave para la economía española, sería importante diversificar nuestra estructura productiva y transitar hacia un modelo basado en servicios no turísticos de mayor valor añadido, que han sido clave para el crecimiento económico en los últimos años.
Si bien el IVA es una fuente importante de ingresos, es un impuesto que puede ser regresivo y supone un esfuerzo para los consumidores. Por ello, es crucial considerar también otros impuestos más progresivos, mantener el gravamen a las energéticas y completar los impuestos medioambientales, solo por mencionar algunas recomendaciones de los expertos.
Como aspecto positivo, cabe mencionar que el próximo año entrará en vigor el impuesto mínimo global del 15 % para las multinacionales con una facturación superior a 750 millones de euros. El sindicato de técnicos de hacienda (Ghesta) estima una recaudación anual de más de 3.500 millones de euros, resultando esencial para combatir la planificación fiscal agresiva de las empresas.
En conclusión, diversas figuras tributarias pueden contribuir a equilibrar las cuentas públicas, cada una con distintos impactos en la economía. Por ello, así como cualquier propuesta relacionada con el gasto público debe ir acompañada de un plan de financiación, aquellos que se oponen a aumentos de impuestos, o exigen reducciones, deben presentar alternativas viables, ya sea mediante incrementos de ingresos por otras vías o a través de recortes en el gasto. No reconocer que los impuestos son fundamentales para sostener el estado de bienestar es engañar a los ciudadanos, ya que, al fin y al cabo, nada es gratis.
