La PNL con la que Junts quiere que Sánchez se someta a una cuestión de confianza no pasa de bravata, al margen de lo que decida la Mesa del Congreso, porque ni tiene efectos jurídicos ni se debatiría antes de principios de marzo. Si bien sería la demostración de que Junts ya no tiene reparo en formar mayoría con PP y Vox, una alianza que tendría difícil explicación en Catalunya
Un brindis al sol suele ser una bravata que con total seguridad no podrá cumplirse o algo que se hace o dice generalmente para obtener un beneficio, sabiendo que será inviable o que no tendrá consecuencias. Y aunque la expresión viene del mundo taurino por aquello de que las plazas se dividen en tendidos de sol y sombra, en el argot parlamentario se utiliza también para referirse a aquellas iniciativas que no van a ninguna parte. O bien porque son meras declaraciones políticas que se desvanecen en el aire una vez son aprobadas o bien porque carecen de efecto jurídico alguno. Es el caso de las Proposiciones no de Ley (PNL) e incluso de las mociones parlamentarias, que no comprometen a nada.
Si además la PNL en cuestión se refiere a una prerrogativa institucional que la Constitución reserva en exclusiva al presidente del Gobierno, la fantochada se hace más evidente. De eso hablamos. De una PNL que Junts registró la semana pasada en la Cámara para que “el Congreso de los Diputados inste al presidente del Gobierno a plantear una cuestión de confianza”. Siete días de discusión sobre si el Parlamento debe aceptar o no una propuesta que se atribuye una potestad que sólo tiene el jefe de Gobierno. Siete días en los que Junts ha vuelto a los titulares de los diarios. Y siete días de los más variopintos análisis sobre si la enésima treta de Puigdemont es un órdago o sólo un farol a Sánchez.
El debate jurídico lo han resuelto los letrados del Parlamento con un informe en el que no se encuentra impedimento legal a que el pleno debata la iniciativa. Y es que, aun en el caso de que fuera aprobada, la proposición no de ley (PNL) impulsada por los de Carles Puigdemont “carecerá de impacto jurídico alguno”, por lo que abogan por delegar en la Mesa del Congreso la decisión final al respecto.
“No habiendo precedentes” de iniciativas similares será la Mesa en su reunión de este martes a quien corresponderá “fijar un criterio”, reza en el texto. Ante la falta de impedimentos legales, los partidos del bloque que hicieron posible la investidura y que en un primer momento anunciaron su rechazo a tramitar dicha PNL, deberán decidir ahora si confirman el veto a la PNL o si, por el contrario, amparan la celebración del debate parlamentario. Esto, después de un informe que no es concluyente y que expone argumentos a favor y en contra de que se discuta y vote la iniciativa con la que Junts pretende redoblar su presión sobre el Gobierno.
De hecho, los letrados señalan que tanto la admisión como el rechazo de la iniciativa tendrían base legal. Y añaden que, en caso de que se le diese luz verde, el informe recomienda que la Mesa pida al grupo proponente que la reformule a fin de incluir en su texto que, en caso de ser aprobada, no comportaría ninguna obligación legal para Sánchez de presentar la cuestión de confianza. El rechazo, por contra, se asentaría en la idea de que la PNL, aun sin valor político, “tendrá un impacto en la relación de confianza creada con la investidura” entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, y, por tanto, quebraría la “lealtad institucional”.
Y aquí llega el debate político. La decisión que este martes ha de tomar la Mesa no es menor teniendo en cuenta el momento por el que atraviesa la relación entre socialistas y neo convergentes. Y aunque una PNL, como dicen los servicios jurídicos del Congreso, “no puede sustituir la facultad presidencial de plantear la cuestión de confianza, sino que simplemente estaría forzando el debate político y provocando un pronunciamiento de la Cámara que no sería vinculante para el Presidente del Gobierno, ni en un sentido ni en otro”, el nudo gordiano no es la calificación o no de la propuesta, sino la delicada situación en la que quedaría Sánchez después de que una mayoría de la Cámara le instase a someterse, si así fuera, a una cuestión de confianza.
Sin duda, sería una demostración de que Junts no tiene ya ningún reparo en formar una mayoría con PP y Vox, una alianza que tendría difícil explicación en Catalunya. Y, en todo caso, la siguiente pantalla sería si, después de eso, los de Puigdemont darían por finiquitada la legislatura o no. Esa es la clave y esa es la disyuntiva a la que se enfrenta la Mesa en la decisión que ha de tomar este martes. Claro que los propios letrados le ofrecen una salida con la que salir de este atolladero: “En última instancia, cabría, por otra parte, solicitar al grupo parlamentario autor de la iniciativa la reformulación de la misma para reforzar el carácter exclusivamente político de la misma”. Dicho de otro modo, que Junts retire la expresión “cuestión de confianza” y la sustituya por otra menos explícita.
Qué lío, que diría Mariano Rajoy. Todo para que Puigdemont no aclare si va a setas o a Rolex. Si está dispuesto a cambiar de socio y aliarse con PP y VOX o sólo quiere un poquito de visibilidad. No es más. En todo caso, la PNL de ser calificada por la Mesa no se debatirá en pleno hasta finales de febrero o principios de marzo, que es cuando por el reparto de cupo le correspondería a Junts. Para entonces, ya debería estar despejada -o no- la negociación abierta con los socialistas para la delegación de competencias en inmigración y otros asuntos pendientes con el PSOE. Y también la de los Presupuestos. Por lo que sea, Puigdemont ya ha pedido a los suyos que se preparen para asumir el coste que tendría romper con los socialistas. Y si no es así, siempre podría retirar la PNL en cuestión y que todo quede, como lo que es, en un brindis al sol.
