El gobierno de la provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en su postura sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció este lunes que, por instrucción del gobernador Axel Kicillof, se comunicó formalmente con las autoridades nacionales para establecer una mesa de trabajo. El objetivo sería evaluar un esquema alternativo en caso de que el gobierno de Javier Milei avance con la privatización o el cierre de la empresa estatal.
Bianco confirmó la iniciativa durante su habitual conferencia de prensa de los lunes. "Le hemos planteado formalmente al gobierno nacional empezar a trabajar eventualmente en un esquema alternativo si es que efectivamente quieren llevar adelante la privatización de Aerolíneas Argentinas o desprenderse de alguna forma de la compañía", declaró. Además, aclaró que aún no recibió una respuesta oficial por parte de la administración nacional.
La propuesta de Kicillof de que la provincia asuma un rol activo en el destino de Aerolíneas Argentinas se viene sosteniendo desde hace semanas. El gobernador ya había anticipado que, en caso de que la Nación decida "vaciar o vender" la empresa, la provincia está dispuesta a intervenir. "Si el Gobierno quiere vender Aerolíneas a una empresa extranjera o a un grupo amigo, la provincia de Buenos Aires no lo va a permitir", afirmó el mandatario en una declaración anterior.
El planteo de la administración bonaerense se enmarca en el rechazo de varios gobernadores a la privatización de la aerolínea de bandera. Bianco señaló que hay otras provincias que también expresaron interés en participar de un esquema alternativo, además del de La Rioja, Ricardo Quintela. "Fueron varios los gobernadores que han expresado su interés en eventualmente poder participar si el gobierno nacional pretende efectivamente sacarse de encima, desertar en otra de sus obligaciones constitucionales, que es asegurar la conectividad de todos los territorios de la Nación", aseguró el ministro.
El gobernador Kicillof argumentó que el impacto económico de un eventual cierre de Aerolíneas Argentinas sería significativo para la provincia. Según sus estimaciones, la pérdida de actividad podría representar una caída equivalente a unos 2.665 millones de dólares, sin contar la merma en impuestos, tasas y contribuciones que la actividad aerocomercial genera.
La propuesta del gobierno bonaerense se apoya en distintas alternativas legales. Una de ellas surge de la Ley de Reforma del Estado N° 23.696, que habilita la posibilidad de privatización bajo ciertos esquemas y podría permitir un traspaso con participación provincial. Otra opción evaluada se vincula con el DNU 70/2023, que flexibilizó los límites para transferir la titularidad de empresas rescatadas, permitiendo una cesión parcial o total a trabajadores bajo el régimen de propiedad participada.
La discusión sobre Aerolíneas Argentinas adquirió relevancia en los últimos meses, luego de que el gobierno de Milei decretara su inclusión en el listado de empresas sujetas a privatización. Inicialmente, los gobernadores lograron excluir a la aerolínea de la Ley Bases, pero el Poder Ejecutivo nacional decidió avanzar a través de otras vías, como decretos y proyectos legislativos presentados por sectores de la oposición dialoguista.
Desde el gobierno nacional, las críticas a la propuesta de Kicillof no tardaron en llegar. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó la iniciativa como "ridícula" y cuestionó la lógica de que una provincia con déficit asuma el control de una empresa estatal que también demanda recursos. "Me parece que pretender asumir la situación de Aerolíneas con su deuda es una cosa absolutamente desproporcionada", declaró Francos en diálogo con Radio Rivadavia.
Por su parte, Kicillof y su equipo sostienen que Aerolíneas Argentinas cumple un rol clave para la conectividad del país y, especialmente, para la provincia de Buenos Aires. "Es un instrumento central para la conectividad de la Argentina, es una fuente de ingresos y de bienestar inconmensurable", afirmó el gobernador, al tiempo que propuso iniciar un "camino de diálogo" con gobernadores, trabajadores y sectores del turismo y la industria aerocomercial.
