Los letrados del Congreso han evitado posicionarse en contra de la tramitación de la iniciativa de Junts para instar a Pedro Sánchez a someterse una cuestión de confianza. Pese a que el PSOE y Sumar tienen intención de votar en contra en la reunión de la Mesa del Congreso de este martes, tal y como ha explicado este lunes LA RAZÓN, ahora ambas formaciones van a tener más difícil argumentar ese rechazo. El informe, elaborado por los servicios jurídicos liderados por Fernando Galindo, señala que "el resultado de la votación de esta iniciativa (...) carecerá de impacto jurídico" porque no deja de ser una proposición no de ley, ya que no es vinculante, pero sí permite ver la posición de cada partido sobre un tema.
En un informe de 14 páginas, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los letrados siguen una línea parecida a la amnistía, donde mantuvieron una cierta ambigüedad para dar opción a la Mesa a votar a favor y en contra de la iniciativa. En este sentido, por un lado, se hace énfasis en el instrumento empleado por Junts, que es una proposición no de ley, que tiene alcance limitado, en el sentido de que, con "independencia del resultado final de su tramitación", no es "más que una toma de posición de la Cámara sobre asuntos variados (...) o lo que es lo mismo, declaraciones o manifestaciones de voluntad que no obligan jurídicamente a su destinatario y que no tienen carácter vinculante".
De esta manera, se abre la puerta a aceptar la iniciativa de Junts porque es una proposición no de ley y no va a obligar a Sánchez a presentar una cuestión de confianza pese a que se apruebe. En este sentido, cabe decir que, si se vota, muy probablemente salga aprobada porque el PP ya ha anunciado su "sí" y Vox muy probablemente también la respalde.
Pero, por otro lado, el informe también deja margen a la Mesa para la interpretación. "No habiendo precedentes de proposiciones no de ley similares a la que ahora nos ocupa, corresponde a la Mesa fijar un criterio, que probablemente servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro", recoge el documento. Y, de hecho, da hasta algún argumento para avalar el "no" de la Mesa: en concreto, aduce que, aunque el órgano de gobierno debe velar "por los derechos fundamentales de los diputados y de los grupos parlamentarios, también le es propia (...) una función de salvaguarda del principio de lealtad institucional que ha de presidir las relaciones" entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
En este sentido, según el informe, puede quedar en entredicho la "lealtad institucional" ya que la proposición no de ley de Junts, aunque carezca de "efectos jurídicos", puede "tener un impacto sobre la relación de confianza creada con la investidura" entre el Congreso y el Gobierno, "poniéndola en duda por una vía que no es la prevista para tal fin".
La cuestión de confianza está regulada por el artículo 73 del Reglamento del Congreso y corresponde solo y exclusivamente al presidente del Gobierno. Sin embargo, Junts plantea un debate y votación para pedir a Sánchez que la presente, El debate jurídico se encuentra en si es posible que los posconvergentes puedan impulsar esa iniciativa o deban presentar directamente una moción de censura para forzar un debate sobre la continuidad de Sánchez.
En todo caso, este mismo martes, la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, decidirá si finalmente tramita la iniciativa para que se produzca un debate que no se celebrará hasta finales de febrero.
