Víctor de Aldama ha tirado de la manta en el Tribunal Supremo. El comisionista del caso Koldo ha desvelado nuevos detalles en su segunda cita en sede judicial -primera en el alto tribunal- en relación con los pisos que habría costeado para miembros del Gobierno. Al respecto, ha dicho que él mismo se hizo cargo de los gastos de una vivienda en Atocha y otras dos en el centro de Madrid para que miembros del Ejecutivo como José Luis Ábalos o Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, se reunieran con "señoritas".
El considerado como "nexo corruptor" del caso Koldo así se ha pronunciado en su interrogatorio a puerta cerrada ante el magistrado de la Sala Segunda, Leopoldo Puente, que investiga la rama de la trama que afecta a José Luis Ábalos. Al respecto, el conseguidor ha ampliado la primera confesión que protagonizó en la Audiencia Nacional el 21 de noviembre y ha asegurado que se repartieron comisiones por obra que oscilaban entre el 1 y el 1,5%. Según fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN, Aldama ha especificado que el monto de estas dádivas ascendería a casi los 4 millones que se habrían repartido en el partido socialista.
A lo largo de su comparecencia, que se ha alargado unas tres horas, el empresario ha recordado que fue testigo de cómo abonaron 15.000 euros al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en la puerta de la sede de Ferraz en contraprestación por haber intentado cerrar una adjudicación en el País Vasco; "cupo" que pertenecería al dirigente socialista. También ha mencionado al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurando que le pagaron 25.000 euros para que ayudara a una empresa amiga. De Carlos Moreno ha añadido, además, que requirió de sus servicios para buscar vivienda.
A diferencia de su comparecencia en la Audiencia Nacional, donde prácticamente solo le preguntó su defensa letrada, en este caso han intervenido prácticamente todas las partes del procedimiento. De hecho, ha arrancado el interrogatorio el magistrado instructor, Leopoldo Puente, y, tras él, ha tomado la palabra el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, el abogado del Partido Popular, que representa a las acusaciones populares personadas en el procedimiento, y los abogados de las defensas.
Aldama ha centrado parte de su intervención en los contratos de emergencia que la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, se adjudicó de los Ministerios de Transportes y del Interior en plena pandemia. En ese sentido ha explicado que para aquel entonces él era una persona muy conocida dentro del Ministerio de José Luis Ábalos, llegando incluso a aparcar en la zona VIP del edificio y a acceder al mismo por el ascensor del ministro. Se trata de una tesis que ya refrendaron algunos de los testigos del caso Koldo en la Audiencia Nacional, como es el caso de Sara Anguita, auditoria del departamento que actualmente lidera Óscar Puente. En su testifical del pasado 14 de octubre, dijo que Aldama aparcaba su Porsche en una zona reservada para "directores generales, altos cargos y coches oficiales".
Con todo, el conseguidor también se ha referido al presunto amaño de obra pública, llegando a aportar pantallazos de Whatsapp relacionados con conversaciones con Koldo García que probarían amaños en las adjudicaciones a cambio de dádivas. Las mismas, según ha dicho, se repartieron en metálico. De ellas se beneficiaron él mismo, el exministro Ábalos y su asesor Koldo García. De hecho, ha indicado que, a cambio de introducir a las empresas en el Ministerio, éste se beneficiaba de obras que dichas firmas realizaban en sus domicilios y oficinas. En concreto ha mencionado a varias empresas, entre las que se encuentra Acciona.
