Al grito de “No Mercosur” y entre bocinazos y pitidos miles de agricultores de toda España acompañados por seis tractores han protestado este lunes en el centro de Madrid contra la competencia desleal que traerá el acuerdo comercial firmado hace 10 días por la UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Los manifestantes, convocados por las patronales agrarias mayoritarias Asaja y Coag, se concentraron frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación bajo el lema "Stop Mercosur" para reclamar el fin de los acuerdos comerciales con países terceros, entre los que también están Chile, Nueva Zelanda, Marruecos y otros, que favorecen las importaciones de productos agrarios que no cumplen las normativas de la UE y que se comercializan a precios más bajos, lo que genera una competencia desigual. La situación, advierten, pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas españolas, ya amenazadas por el aumento de los costes, la reducción de los ingresos y la falta de relevo generacional. Por ello, avisan de que 2025 llegará cargado de nuevas protestas, como ya ocurrió a principios de este año, si el Gobierno no cambia de postura y trabaja para evitar la entrada en vigor de este acuerdo.
En declaraciones a la prensa durante la concentración, Pedro Barato, presidente de Asaja, ha querido dejar claro que el rechazo del campo al acuerdo de la UE con Mercosur no se debe a un afán proteccionista por impedir los flujos comerciales con otros países, sino que radica en el contenido del acuerdo. “Es un acuerdo de 2019 donde no hay reciprocidad ni cláusulas espejo”, dos factores, ha recordado, prometidos por los eurodiputado españoles. “Queremos competir y hacerlo con las mismas reglas del juego. Esto Mercosur no lo respeta. Producen con productos prohibidos en Europa”, ha señalado, apuntando al especial daño que supondrá este pacto comercial para la ganadería, el arroz o el azúcar, entre otros productos. Por ello, Barato ha reclamado que España se sume a Francia y Polonia que quieren formar una minoría de bloqueo para que este acuerdo no se ejecute. “Un acuerdo de contenido 2019 no se puede aplicar en el 2025. Le hemos pedido al ministro Luis Planas que nos explique y que nos convenza de las bondades de este acuerdo, porque nosotros no nos vemos por ningún sitio", ha insistido Barato. El presidente de Asaja también ha hecho hincapié en el rechazo del campo a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Miguel Padilla, secretario general de COAG, se ha mostrado sorprendido por el hecho de que el Gobierno español sea uno de los máximos impulsores del acuerdo con Mercosur junto a Alemania, siendo un país al que le perjudicará especialmente, frente a Alemania que se beneficiará de la venta de sus coches, su farmacéutica y otras actividades industriales . "Es un disparate, no vemos en dónde va a salir beneficiado nuestro sector. Supone una auténtica erradicación y reconversión de las explotaciones”, ha advertido, cifrando en más de 3.000 millones el impacto sobre la ganadería de la UE. El sector de la miel, con la entrada de 45.000 toneladas, los cítricos y los cereales serán otros de los más afectados. “Al final vamos a tener que pedirle al rey de Marruecos y a Lula en Brasil cuál es el menú que vamos a tener que comer”, ha subrayado Padilla, criticando también el acuerdo comercial con Marruecos. Padilla ha dejado claro que si el Gobierno español no se suma al rechazo al acuerdo con Mercosur y toma medidas para proteger al campo se producirán más protestas en 2025, posiblemente en febrero, sin descartar nuevas tractoradas masivas.
Por su parte, Ángel Villafranca Lara, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, ha intervenido no en calidad de convocante sino en apoyo a los trabajadores del sector. “La industria agroalimentaria española está alimentando a los ciudadanos europeos y necesita seguridad. Necesitamos las mismas condiciones que el resto de productos que vengan de fuera y necesitamos una política hídrica que nos garantice el agua”, ha declarado,
Vox se ha sumado a la protesta y la ha aprovechado para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra Teresa Ribera. “Hay que explicarle a los españoles que Sánchez, Ribera y Von der Leyen quieren destruir nuestro sector primario”, ha apuntado el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé. “Es un acuerdo comercial injusto porque obliga a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos a competir en peores condiciones que de los de Mercosur. Buxadé se ha posicionado “radicalmente en contra” del acuerdo con Mercosur y ha asegurado que Vox exigirá al Gobierno de España que se una a Francia, a Polonia y a Italia -aún por decidirse- para fijar una minoría de bloqueo para que Sánchez “no dé el golpe de muerte a nuestro sector primario”.
Ante del inicio de la concentración, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, restó relevancia este lunes a las protestas convocadas por Asaja y COAG, y confió en que no se reeditarán las tractoradas del invierno y de la primavera pasadas, porque cree que ahora "el contexto es totalmente distinto" y en este caso estamos "ante una preocupación básicamente de origen francés que se ha extendido a alguna organización española", apuntó en declaraciones a Castilla-La Mancha Media recogidas por Servimedia. A su juicio, España, gracias al tratado con Mercosur, podrá ampliar sus exportaciones a un mercado de 260 millones de habitantes en sectores como el aceite de oliva, el vino o el porcino; habrá protección para las denominaciones de origen y cláusulas de salvaguarda para los productos que puedan verse afectados en los intercambios comerciales, y la Comisión Europea ya ha dicho que está dispuesta a estudiar la posibilidad de un fondo para actividades concretas que lo precisen.
José Luis, de 54 años, es un agricultor vallisoletano dedicado al cultivo de cereales desde hace 40 años. Ahora ve cómo su trabajo y el de los agricultores de su zona peligra. “El cereal y la ganadería van a quedar a merced de los precios que vengan de allí (Mercosur). Trabajan con otras condiciones, con abonos y mano de obra barata, con cereales transgénicos prohibidos en Europa e insecticidas que llevan aquí prohibidos 20 años y son cancerígenos. Pero esos productos van a venir aquí porque nos tienen como moneda de cambio. A Europa le interesa más exportar piezas de coche y productos farmacéuticos”, lamenta en declaraciones a LA RAZÓN. “El cereal de Castilla y León, el granero de España, llegará a no sembrarse, a desaparecer y estar todos mantenidos. Europa no quiere agricultura”, añade.
Javier, apicultor de Salamanca, advierte de que los precios están por debajo de los costes de producción y que el acuerdo con Mercosur vendrá a presionar aún más sobre los precios. “El fraude de la adulteración de la miel que hay a nivel mundial está lastrando a los precios del productor que sí ofrecen miel real. Estos acuerdos agilizan que fluyan mercancías entre países y los controles por desgracia terminan siendo una parte secundaria”, expone.
“El campo se lo están cargando. No hay libre oferta y demanda. Somos 10.000 cooperativas y 16 compradores y eso no lo quieren ver ni nuestros políticos ni nuestros sindicalistas. Están defendiendo al importador y al exportador”, denuncia Francisco, agricultor murciano de 60 años dedicado al cultivo de hortalizas y frutas. “Hoy en día vendemos todo a cambio de la agricultura. La preferencia comunitaria bajo la que se fundó la UE es la única oportunidad para que la agricultura en Europa siga existiendo, sino cuando vengan pandemias o guerras pasaremos hambre”, alerta este agricultor.
"Reclamamos un cambio de rumbo en las políticas que atañen al sector agrario, con decisiones más proactivas en defensa de un sector que toca fondo”, exigen Asaja y COAG. En concreto, en la protesta de este lunes ambas organizaciones han pedido, además de frenar el acuerdo con Mercosur, la suspensión del tratado UE-Marruecos, respaldados por una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que lo considera contrario al derecho internacional por ignorar la autodeterminación del Sáhara Occidental.
Otro reclamo central ha sido la reinstauración del principio de preferencia comunitaria, exigiendo que los productos importados cumplan los mismos estándares exigidos en la UE, desde regulaciones ambientales hasta normas laborales. Los agricultores denuncian la entrada masiva de productos de terceros países que no cumplen estos requisitos, lo que desequilibra el mercado y afecta sus ingresos.
Frente al aumento desmedido de los costes de producción, que incluye energía, fertilizantes, semillas y maquinaria, han solicitado un Plan de Choque por parte del Gobierno español para frenar la especulación en los precios de los insumos y proteger a los agricultores de prácticas oligopólicas que elevan injustificadamente los costos.
La crisis también golpea de manera directa al sector cerealista, que tras varias campañas afectadas por la sequía, enfrenta precios bajos y altos costos de producción. Por ello, los agricultores han demandado un Plan de Rescate Excepcional con medidas como ayudas directas, financiación sin intereses, exenciones fiscales y aplazamiento de pagos. Estas acciones buscan evitar el cierre de explotaciones que ya operan al límite.
Por otro lado, han exigido que se apueste por una política hidráulica con inversiones en construcción y modernización de infraestructuras de transporte y almacenamiento, que permita mejorar la gestión de los recursos hídricos y la eficiencia en el uso del agua. Asimismo, los productores han solicitado una reforma de la Política Agraria Común (PAC) que garantice mayor simplificación, regulación efectiva de mercados y un presupuesto más robusto para sostener una agricultura resiliente y competitiva en Europa.
También han rechazado la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), argumentando que esta medida pone en riesgo a la ganadería extensiva, ya de por sí presionada por otros factores. Asimismo, las organizaciones agrarias creen que hay reformas esenciales y cambios de funcionamiento en la Ley de la Cadena Agroalimentaria, o en el sistema de seguros agrarios que siguen sin producirse. Al igual que la adaptación de la reforma laboral y los costes salariales a las necesidades del campo, que lejos de llevarse a cabo, supone un lastre cada vez mayor para las explotaciones.
A principios de año, Agricultura puso en marcha un paquete de 43 medidas que no contó con el refrendo ni de Asaja ni de COAG, ya que consideran que son "claramente insuficientes" para dar respuesta a las demandas del sector, ya que las reivindicaciones de aquellas protestas "siguen aún vigentes".
