El gobierno de la presidenta Dina Boluarte sigue su plan de dilatar la controversia sobre la pena de muerte con la creación de una comisión que encabeza un funcionario de confianza que participó en el cuestionado indultó al exdictador Alberto Fujimori y que antes trabajó para Fuerza Popular.
El Gobierno sorprendió la noche del sábado 14 con un decreto firmado por el ministro de Justicia, Eduardo Arana, difundido por internet en boletín oficial extraordinaria, para crear una comisión que se encargue de realizar los debates y elaborar un informe final sobre la polémica de la pena de muerte.
Como presidente del grupo, Arana puso a su jefe de Gabinete de Asesores, Juan Falconi Gálvez. Este funcionario fue viceministro del sector y presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales cuando se dio el cuestionado indulto a Fujimori en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y antes fue abogado para Fuerza Popular.
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En marzo del 2016, Falconi fue acreditado por el partido de Keiko Fujimori como su abogado para defender en una instancia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al fujimorista Gian Carlo Vacchelli, entonces congresista y candidato a la reelección, quien había sido excluido del proceso por regalar dinero. Logró que siga en carrera.
Hizo lo mismo como abogado acreditado por Fuerza Popular al defender ese año al postulante fujimorista Israel Lazo, sindicado de regalar una silla de ruedas en campaña, ante el JNE. Gracias a Falconi, se salvó y llegó a ser congresista.
En el Legislativo de apabullante mayoría fujimorista, fue asesor del grupo de reforma electoral.
Luego Falconi reapareció como viceministro de Justicia cuando el indulto a Fujimori estaba en marcha. El entonces ministro Enrique Mendoza, quien había sido su jefe en el JNE, lo llevó. Ante el escándalo de haber puesto a un nonagenario como jefe de la Comisión de Gracias, quien no estaba informado, Mendoza lo reemplazo por Falconí. Con él, se acelerar el indulto exprés para el exdictador.
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Falconí volvió a este ministerio el 2023, tras el ascenso de Boluarte.
Ahora encabeza la comisión que debe encauzar debates y hacer un informe sobre la idea de ampliar la pena de muerte, en un plazo de tres meses prorrogable.
Otros miembros del grupo son los viceministros de Justicia y de Derechos Humanos, el secretario general y los directores generales de Asuntos Criminológicos, Desarrollo Normativo, Justicia y Libertad Religiosa, Derechos Humanos, o sus representantes, entre otros.
“Ese ministerio debería promover derechos humanos, pero se involucra en algo que contradice toda tendencia global de abolición de la pena de muerte. Además, es muy problemático hacer un informe técnico que recoja tantas opiniones con mesas descentralizadas en solo tres meses” dice la abogada especialista en derechos humanos Valeria Reyes, coordinadora académica y de investigación del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica (Idehpucp).
“El resultado sería discursivo y no hay argumento jurídico para aplicar pena de muerte solo por respaldo popular. Hay casos de referéndum para amnistías y se falló que el referéndum no es argumento jurídico para modificar asuntos de derechos humanos” explica.
Advierte que no solo la Convención Americana de Derechos Humanos impide ampliar la sanción letal, sino que Perú es parte de otros tratados que defienden la vida, pero que “hay una obsesión con el sistema interamericano”.
“No pueden darse debates para exacerbar medidas populistas contrarias a la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Destinar recursos públicos a hacer un informe jurídicamente inviable es un uso imprudente e insensible de los recursos públicos” dice el abogado constitucionalista José Saldaña, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).
“No se pueden ampliar causales de la pena de muerte. Incumple obligaciones de la Convención Americana. Además, salirse de la competencia de la Corte IDH no es inmediato, surte efecto tras dos años y Boluarte no estará tanto. La propuesta tiene una explicación: su ínfima credibilidad. Es una cortina de humo luego de las investigaciones de Fiscalía. Es una medida desesperada para tratar de volver a sintonizar” dice el abogado constitucionalista Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal (IDL).
“Es un proceso controversial y desafortunado. Además, cínico porque aprueban normas que muestran que la agenda no está en proteger niños, sino otros objetivos”
Valeria Reyes, abogada e investigadora (Idehpucp)
“No se pueden ampliar causales de la pena de muerte. Es una cortina de humo luego de las investigaciones contra ella que tiene Fiscalía. Es una medida desesperada”.
Juan Carlos Ruiz, abogado constitucionalista (IDL).
