El gobierno de Rodrigo Chaves pasó de discutir con el Instituto Nacional de Seguros (INS) la redacción de un proyecto de ley para autorizar que el Estado financie la representación legal de los jerarcas, a contratar directamente una póliza con la aseguradora estatal, para librar a 65 integrantes del gobierno de eventuales responsabilidades civiles generadas por sus actuaciones.
Lo anterior consta en una minuta del 13 de abril del 2023, elaborada por el despacho de Stephan Brunner, primer vicepresidente de la República. El documento recoge los principales puntos conversados entre el viceministro, el subgerente del INS, Carlos Sánchez, y la actual presidenta ejecutiva de la empresa, Gabriela Chacón, quien en ese momento se desempeñaba como asesora.
Chacón asumió la dirección del INS el 8 de mayo del 2024, tras la destitución de Mónica Araya.
Bernardo Castro y Carlos Ávila, asesores del vicepresidente, también participaron de la sesión. Al igual que William Fernández, por parte del INS.
El documento menciona un proyecto “que está redactado” y fue enviado al Ministerio de la Presidencia. Se aclara que el mismo “es solamente pensado en ministros y altos jerarcas”. La acotación se hace porque el vicepresidente Brunner, durante la reunión, señaló la necesidad de considerar la defensa legal de los oficiales de la Fuerza Pública.
Como primer punto de los acuerdos o propuestas, se consigna “darle seguimiento” e “impulsar” el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), “el cual se encuentra en el despacho de la ministra de la Presidencia”. Natalia Díaz era quien ocupaba el cargo en ese momento.
No obstante, el Poder Ejecutivo no ha presentado una propuesta de ley como la mencionada en las minutas. Al contrario, ha sostenido que el marco legal actual le habilita para contratar al INS ese tipo de pólizas. Ese argumento lo justifica con base en un criterio emitido por la Procuraduría General de la República, ante una consulta que Natalia Díaz presentó el 12 de enero del 2024.
En la solicitud, la entonces ministra de la Presidencia, pidió a la Procuraduría aclarar si la contratación de seguros es una “competencia discrecional” de la Administración Pública. Esto, porque el numeral 7 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros reconoce al Estado la posibilidad de contratar “todos los seguros necesarios para la satisfacción de sus necesidades”.
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La petición se planteó en términos generales y sin hacer referencia directa a la posibilidad de adquirir, con fondos públicos, una póliza que libre a los jerarcas de su responsabilidad civil.
En una respuesta enviada el 5 de febrero, en la nota PGR-C-014-2024, la procuradora Sandra Sánchez aclaró que “el legislador reservó al Estado la competencia para determinar cuáles son sus necesidades, que derivan de las atribuciones asignadas por el ordenamiento jurídico y las actividades que debe desarrollar para el ejercicio efectivo de las mismas”.
La contratación se encuentra frenada desde el 28 de octubre, a la espera de que la Procuraduría resuelva una nueva consulta enviada por el Ministerio de Hacienda, en la que puntualmente se le preguntó sobre la posibilidad legal de contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil para los miembros del gabinete.
Esa solicitud va acompañada de un criterio de la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda, el cual concluye que no existe en el ordenamiento jurídico nacional una norma que habilite la suscripción de dicho seguro ni que una contratación de este tipo se pueda financiar con recursos del presupuesto nacional. Por lo que advierten que si el Estado considera suscribir una póliza para proteger los intereses particulares de los integrantes del gabinete, es necesario contar con una autorización legal previa.
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El oficio dirigido al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, también aclara que la discrecionalidad que garantiza el artículo 7 de la Ley de Mercado de Seguros, para que la Administración contrate de manera directa con el INS los seguros del Estado, indica que estos actos no son ilimitados, ya que surgen cuando el “ordenamiento jurídico dispone de varias alternativas” y no pueden diferir del principio de legalidad, ni del interés público.
La contratación de la póliza estuvo a cargo del Ministerio de Hacienda y se hizo mediante una figura de excepción, que permite a entes de derecho público contratar sin necesidad de realizar un concurso público para escoger entre distintos oferentes.
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El INS también brindó a Brunner unos datos sobre los costos de la póliza. No queda claro si los montos se refieren a la cobertura específica de los oficiales, de los jerarcas o si es para todos.
Al respecto, la aseguradora habría estimado un límite de cobertura por evento de ¢25 millones, con un deducible de ¢500.000 y un límite agregado anual de ¢150 millones, es decir, lo máximo que se pagaría anualmente, por todos los eventos.
De acuerdo con la minuta, Brunner habría hecho una observación para que se efectuara el cálculo en caso de que la cobertura fuera hasta por ¢50 millones y un límite agregado anual de ¢1.000 millones. “Además, que le parece que un deducible de ¢500.000 para los oficiales es mucho dinero, por lo que propone que se establezca un deducible de ¢100.000 fijo”, se lee en el documento.
El costo de la prima anual de la póliza que Hacienda pretende contratar es de ¢248.391.706. Un total de 65 puestos del Poder Ejecutivo quedarán bajo la cobertura del seguro, con un límite por persona hasta de $500.000 al año, mientras que el agregado anual no podrá superar los $3 millones.
Entre los rubros cubiertos figuran: gastos y costas legales de defensa, costos para fianzas, costos para atención de crisis, gastos para proteger la reputación de los asegurados, costos por procesos de extradición, privación o confiscación de activos, costos de preinvestigación y audiencia derivada de una investigación.
Como segundo punto de acuerdo, se fijó la elaboración de un proyecto de ley y las modificaciones correspondientes a la normativa, para que sean los propios abogados de los ministerios quienes puedan representar a los oficiales de la Fuerza Pública por alguna causa en su contra, producto del ejercicio de sus funciones. En caso de que esto no sea posible, añade la nota, lo más viable es valorar que sea la Procuraduría la que asuma su defensa.
No obstante, el 6 de marzo del 2024, el gobierno anunció la contratación de un seguro de responsabilidad civil del INS, que cubre los daños y perjuicios contra terceros, que surjan en el ejercicio de las funciones de los policías.
La cobertura incluye el pago de la defensa legal y lo relativo a los gastos en que incurra el oficial, por demandas en su contra, según un comunicado de Casa Presidencial.
