Ante la falta de acuerdo, el Gobierno recomienda un uso gradual de los cubrebocas en función del riesgo de transmisión de virus respiratorios durante la temporada de frío
Las comunidades del PP chocan con Sanidad por el plan para controlar la gripe, que se queda en el aire
Hay plan contra la gripe, pero no será obligatorio. El Ministerio de Sanidad ha informado este lunes de que ha aprobado su programa con medidas de prevención y control para la temporada de virus respiratorios, que contempla ir endureciendo el uso de la mascarilla en función de cuatro escenarios de riesgo. Pero las medidas solo serán recomendaciones porque el PP frenó el acuerdo para implementarlo, según ha explicado la ministra, Mónica García, antes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
El organismo, que reúne a a las comunidades autónomas con el Gobierno, también evaluará varios proyectos normativos, como el programa de cannabis medicinal que está elaborando Sanidad, el Sistema de Información de Vacunaciones e Inmunizaciones y la modificación del Real Decreto 579-2017 sobre productos del tabaco, centrado, entre otras medidas, en regular el uso de vapeadores y el tabaco calentado. Además, ha explicado la ministra, se van a aprobar acuerdos que “son claves” para el Ministerio y para el Sistema Nacional de Salud, como el registro de médicos objetores de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo, el cuarto plan nacional frente a la resistencia a los antimicrobianos, el Plan 2025-2027 y el Calendario Común de Vacunación 2025.
Era la primera vez que el ministerio planteaba un programa para intentar controlar y minimizar los efectos de los virus respiratorios, con medidas similares a las utilizadas durante la Covid-19. Se proponía para evitar el “caos” que se vivió el año pasado en el sistema sanitario, según justificó en su momento García. En 2023, ante el pico de contagios y ante la falta de consenso con las comunidades, el Ministerio terminó imponiendo la mascarilla en los centros sanitarios.
Ahora proponía un plan de uso gradual basado en cuatro posibles escenarios, pero las comunidades del PP lo rechazaron por “inmaduro”, dijeron, de manera que el ministerio lo ha aprobado como mera recomendación. “Las comunidades autónomas del PP frenan el documento redactado por sus propios técnicos para tener por primera vez un plan de actuación común frente a la epidemia de virus respiratorios”, aseguró Javier Padilla, número dos del ministerio.
El primer escalón, el 0, el riesgo es “interepidémico o basal” y se recomienda utilizar mascarilla a todas las personas con síntomas, además del autoaislamiento.
El escenario 1 se activaría cuando la transmisión sea baja o moderada y amplía, dentro de los colectivos donde está recomendado el uso, al personal sanitario, pacientes y acompañantes en los ámbitos vulnerables de centros sanitarios (salas de quimioterapia o unidades de trasplantados). En esta situación se recomienda a las personas sintomáticas minimizar contactos.
Una circulación alta de los virus respiratorios conduciría al escenario 2 de riesgo, que agrega medidas adicionales para las personas con riesgo de desarrollar complicaciones graves. Se indica usar la mascarilla a todas las personas –trabajadores, pacientes y acompañantes– en salas de espera o urgencias médicas “valorando su obligatoriedad de manera general o en los centros que según su situación específica y vulnerabilidad así se determine”. En este escenario, la utilización de cubrebocas se extiende también a todos los trabajadores de centros de mayores, pero no a los residentes. Igual que en los centros sanitarios se evaluará si es o no obligatorio de manera general o por centros. También queda abierta la posibilidad de restringir las visitas a las residencias aunque siempre valorando “la repercusión emocional” que pueda tener. A los mayores y enfermos crónicos se les recomienda, llegados a esta situación, que se pongan la mascarilla en espacios interiores públicos.
Entrar en el escenario 3 implica que el riesgo de transmisión es “muy alto” o “pandémico”. Para esta hipotética situación, el documento dice que se reforzará la coordinación entre comunidades con reuniones extraordinarias del Consejo Interterritorial de Salud y contempla la adopción de actuaciones “adicionales y excepcionales que se implementarán de acuerdo a la normativa específica” sin dar más detalles. El plan de Sanidad, en todo caso, aboga la puerta a que cada región pueda implementar las medidas adicionales que considere oportunas.
El Consejo también va a evaluar el programa de cannabis medicinal que está elaborando el ministerio. Sanidad ha optado por un plan básico, que deja fuera por el momento el uso de flores de cannabis (los cogollos), y deja el uso de preparados (aceites, principalmente) como último recurso contra el dolor crónico y los efectos de la quimioterapia, entre otras dolencias. Los potenciales pacientes han mostrado su rechazo al proyecto por insuficiente.
También se prevé que el Consejo apruebe esta tarde un protocolo de mínimos para registrar a los médicos que rechazan practicar abortos por razones ideológicas. Ha sido un proceso costoso: la reforma de la ley, que incluye esta medida como una manera de evitar que las consejerías de salud u hospitales enteros se escuden en una objeción de conciencia generalizada para no asumir interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en la sanidad pública, se aprobó hace casi dos años.
A falta de la versión definitiva, el personal que se registre como objetor de conciencia se podrá negar total o parcialmente a practicar intervenciones, no tendrá que motivarlo en ningún caso y sus datos estarán “especialmente protegidos”, adelantó la agencia Efe. No será, por tanto, un registro público.
El Interterritorial también tiene previsto evaluar el nuevo plan antitabaco del gobierno, más centrado quizá en los nuevos productos que en los cigarrillos tradicionales. Varias de las medidas que se incluyen en este texto, como que todas las cajetillas tengan el mismo color (empaquetado genérico) o la prohibición de los vapers de sabores, ya habían sido anunciadas.
Pero hay más: las bolsas de nicotina, por ejemplo, se regulan por primera vez (hasta ahora estaban en la alegalidad) y avanza el cerco a los cigarrillos electrónicos. Los fabricantes tendrán, una vez que el real decreto se apruebe, diez meses para adaptar sus productos a las nuevas obligaciones.
También se va a someter a votación el nuevo plan de Atención Primaria 2025-27, “un plan que representa un auténtico hito para el corazón de nuestro Sistema Nacional de Salud”, según lo ha definido Mónica García.
La ministra ha explicado que “entre sus nueve líneas de trabajo cuenta con algunas acciones clave”, y ha citado “la ampliación de los equipos multidisciplinares, con nuevas figuras para poder cubrir las necesidades para que no sean solamente del profesional médico” (enfermería, terapeutas ocupacionales, odontólogos, ópticos, optometristas, nutricionistas y podólogos). Además, se reforzará la longitudinalidad (el médico de toda la vida, para toda la vida), “como una novedosa perspectiva para tener equipos de referencia y con una mirada también enfermera”.
El documento habla, además, de la “mejora de las condiciones laborales” en aras de la atracción y retención del talento en la Primaria, de establecer criterios concretos para “garantizar la prestación de servicios” en las plazas de difícil cobertura –sobre todo zonas rurales–, un “aumento de las plazas de Formación Sanitaria Especializada”, según contó la Gaceta Médica.
