En el primer plano hay tres actores principales: los gobiernos de México y Estados Unidos, y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los tres han puesto en práctica estrategias que cada vez parecen más claras. El nuevo gobierno mexicano busca persuadir al gobierno entrante de Donald Trump sobre que las siguientes tres afirmaciones son ciertas: 1) en contraste con el gobierno anterior, la nueva administración de Sheinbaum cuenta con un equipo profesional en materia de seguridad, inteligencia e investigación; 2) el equipo de Sheinbaum cuenta con voluntad y capacidades suficientes para confrontar y desarticular al crimen organizado trasnacional con sede en México, y 3) el gabinete de seguridad de México ha diseñado una estrategia de combate al crimen en la que los intereses nacionales de México y Estados Unidos están alineados.
Abundo en los últimos dos puntos. Por lo que toca al punto segundo, el abultado número de operativos anticrimen a lo largo del país, y de arrestos de alto perfil en las apenas 10 semanas de desempeño del nuevo gobierno, demuestran tanto su decisión como su capacidad de debilitar al crimen organizado en varios puntos del territorio nacional. Esta capacidad implica una alta coordinación de esfuerzos, tanto al interior del gabinete encabezado por la Secretaría de Seguridad (SSPC), como entre ésta y los mandos policiales y fiscalías estatales. Esta alta coordinación deriva tanto de la centralización de la autoridad en el titular de la SSPC, quien forma parte del primer círculo presidencial, como de la disposición de colaboración que han mostrado los gobernadores, sin excepción.
Por lo que atañe al tercer punto, hay tres tipos de acciones que lo ilustran. Primero, México está realizando cotidianamente acciones que buscan simultáneamente pacificar algunas zonas del país, mediante la neutralización de generadores de violencia y, por otra parte, desmantelar la red más importante de producción, distribución y trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos. A esta tarea se le otorga un nivel de importancia tan alto, que el mismo titular de la SSPC ha mudado temporalmente su despacho a Culiacán, con el fin de coordinar personalmente los operativos federales en la capital sinaloense. Segundo, México ha reactivado una valla de contención que impide la llegada de caravanas migrantes a la frontera sur de Estados Unidos. Mediante diversas acciones, sus autoridades han logrado disolver oportunamente nutridas caravanas migrantes, antes de que siquiera avancen al centro del país. Y tercero, hay suficiente evidencia para sostener que las autoridades federales y estatales están actuando de modo coordinado para decomisar masivamente mercancía ilegal proveniente de China. Repito: estos tres grupos de acciones tienen el propósito de ser exhibidas como pruebas de la voluntad de cooperación de México, y de su alto nivel de capacidad operativa durante las mesas de diálogo que seguramente se celebrarán próximamente entre ambas naciones.
Por lo que toca a Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump ha emprendido una estrategia agresiva y astuta mediante la cual busca, manotazo en la mesa de por medio, orientar y acelerar el trabajo de las autoridades mexicanas (y canadienses) hacia el cumplimiento de las dos grandes misiones de su gobierno, enunciadas reiteradamente a lo largo de su campaña electoral: reducir las muertes por sobredosis de fentanilo y reducir también la inmigración irregular a su país, al mismo tiempo de deportar masivamente a miles (quizá millones) de inmigrantes que residen en Estados Unidos.
Con sus advertencias y amenazas, Trump busca conocer desde ahora si contará “por las buenas” con la colaboración de los mexicanos en su política migratoria y de combate a las drogas, o si necesitará echar mano de algunas sanciones, comerciales o de otra índole (como designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas), para contar con tal colaboración. Hasta ahora las autoridades mexicanas (al igual que las canadienses) buscan acumular una buena cantidad de ‘logros’ para evitar que las sanciones, anunciadas por Trump y sus colaboradores, se cristalicen.
Finalmente, hay un tercer actor que cada vez acumula más y más poder. Se trata de la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la cual se ha beneficiado de la escisión del Cártel de Sinaloa (CDS). La disgregación gradual del CDS, y sus actuales guerras intestinas, han permitido al CJNG ocupar nuevos espacios territoriales, antes controlados por mafias o bandas del Cártel de Sinaloa, pero abandonados por dinámicas de guerra. El gran desafío de un CJNG recién fortalecido y de carácter hegemónico (o casi hegemónico), en la mayoría de las regiones del país, será cómo protegerse mejor o, en su caso, cómo pasar desapercibido en la persecución mexicano-estadounidense en su contra, que parece próxima a iniciar. Al respecto, dos decisiones de la cúpula del CJNG probablemente están en gestación: utilizar a la coalición de Los Chapitos como nuevo escudo protector y brazo armado en varias regiones del país (CJNG, para estar aliado con ellos en su confrontación con La Mayiza), e intensificar un proceso ya iniciado de camuflaje con diversas organizaciones sociales a lo largo del país.
