El programa para construir hasta un millón de viviendas durante el presente sexenio debe contemplar estímulos, apoyos para los compradores, la participación de organismos, constructoras y empresas privadas del sector, para evitar una expansión desordenada de las ciudades como ocurrió en décadas pasadas por una fallida política en este sector, señalaron expertos.
Andrés Sañudo, miembro de CoRe y director de Oncecononce Real Estate dijo a El Financiero que el plan del nuevo gobierno para construir vivienda barata “es un acierto” del Estado para tomar rectoría en un problema que ha obligado, por muchos años, a desplazar a miles de mexicanos y a generar millones de viviendas abandonadas.
“Vimos décadas de esta propagación de vivienda, de incentivos para hacer vivienda alejada. Se hizo una expansión innecesaria de las ciudades que generó una presión para generar inversiones en más servicios, incrementó los tiempos de traslado y el costo (...) tanto es así que muchas personas han optado por mejor desocuparlas”, dijo.
El experto señaló que para que la vivienda nueva que plantea la actual administración sea asequible, se deben plantear esquemas como subsidios y estímulos tanto para el beneficiario como para la disposición de bancos de suelo en municipios, estados y la Federación, que ayuden a hacer accesible la vivienda.
“El Estado está planteando retomar un rol más activo y productivo en la producción de vivienda y sobre todo de vivienda que necesita empuje, que no es de mercado, la vivienda subsidiada, social, asequible. Es la vivienda que necesita de apoyo e incentivos para lograr llegar a la ciudadanía que necesita de esos apoyos para acceder a una vivienda pero no como en el pasado”, dijo.
El Programa de Vivienda del Bienestar plantea construir un millón de viviendas en los próximos seis años, es decir durante todo el sexenio, viviendas de bajo costo que estarán a cargo del Infonavit (quien construirá 500 mil unidades) y la Conavi, para atender a personas no derechohabientes.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, precisó que la construcción de nuevas viviendas no permitirá el desorden urbano, estará cerca de fuentes de trabajo y contarán con infraestructura necesaria para su habitabilidad.
“Durante el periodo, principalmente de Fox y Calderón, Infonavit se dedicó a construir viviendas alejadas de los centros urbanos, que muchas de ellas están abandonadas, se habla incluso de 600 mil viviendas abandonadas. A diferencia de entonces, que en realidad era un programa para las inmobiliarias, este programa es totalmente distinto”, aseguró en una conferencia matutina.
El programa de construcción y regularización de vivienda contempla una inversión federal de 600 millones de pesos y busca atender todas las zonas del país, con la construcción de 325 mil viviendas en el sur, 239 mil 400 en el centro, 228 mil 800 viviendas en el centro norte y 206 mil 800 unidades en el norte del país.
Aunque el programa de vivienda busca evitar el desorden, desequilibrios ecológicos y acabar con la corrupción entre gobierno y algunas inmobiliarias, expertos señalan que el Estado podría dedicarse a regular y facilitar permisos y trámites a inmobiliarias, para producir vivienda barata, sin tener que crear una empresa a través del Infonavit.
“El Infonavit no tiene capacidad como instituto para construir ese volumen de viviendas. Tiene la capacidad financiera para comprarlas y mandarlas hacer, pero no tiene constructoras, entonces lo único que va a hacer es salir a contratar constructoras”, dijo Juan Kasuga, director de Creditaria.
Los expertos señalan que una forma de facilitar la producción de vivienda es vigilando y promoviendo la inversión, con reglas claras del uso del suelo y el desarrollo urbano.
“No forzosamente es necesario que el Estado tenga una constructora. El Estado puede jugar un rol de regulador y de inversionista para estos casos, donde el Estado invierte y pone instrumentos urbanos y fiscales, vigila y contrata a los constructores para ejecutar como lo hace en otro tipo de proyectos, de esa misma manera se puede producir vivienda”, puntualizó Sañudo.
El sector trabajador también impulsará acuerdos para facilitar la construcción de viviendas económicas y evitar su abandono con “apoyos fiscales y la ejecución de obras pactadas de manera equitativa y con visión de largo plazo, acciones que sean extensivas al resto de la industria”, dijo Mario Macías, director sectorial del Infonavit.
