El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, cuyo país asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea el 1 de enero, acordaron este lunes "dar un paso más" en el impulso de la petición del Gobierno de España para conseguir la inclusión del catalán, gallego y euskera entre las lenguas oficiales de la UE, según informaron fuentes españolas.
Los ministros, que se reunieron en los márgenes del Consejo de Exteriores que se celebra hoy en Bruselas, "han acordado dar un paso más a través de una reunión de sus respectivos secretarios de Estado de la UE que se celebrará próximamente para lograr ese objetivo", dijeron las fuentes de Exteriores.
A su llegada al Consejo de Exteriores de la UE, Albares aseguró que hará "todo" lo que esté en su mano para impulsar esta iniciativa, que insistió "no es un asunto político, en el sentido de politizado, sino es un asunto de identidad nacional, un asunto verdaderamente de Estado y Constitución española".
Por esa razón, Albares aprovechó su presencia en Bruselas para hablar con su homólogo de Polonia, a quien la semana pasada envió una carta para pedirle un impulso para incluir el catalán, gallego y euskera entre las lenguas oficiales durante la presidencia polaca del Consejo de la UE, que ocupará el primer semestre de 2025.
La carta remarca que el semestre polaco es una ocasión excepcional para impulsar la propuesta española para reformar el reglamento que fija el régimen lingüístico de la UE, de manera que incluya el catalán, el gallego y el euskera entre las lenguas oficiales y de trabajo de la Unión.
En su reunión, Albares explicó a Sikorski "más en detalle" el contenido y las razones de la petición española y, según las fuentes de Exteriores, el ministro polaco manifestó "estar informado del tema". La iniciativa, lanzada durante la presidencia española del Consejo de la UE en el último semestre de 2023, ha quedado más en segundo plano durante las siguientes presidencias de Bélgica y de Hungría.
La oficialidad del catalán en las instituciones europeas fue una de las exigencias de los nacionalistas catalanes de Junts para dar el apoyo a los socialistas españoles en la formación de Gobierno. La formación que lidera Carles Puigdemont recordó la semana pasada que ese asunto aún está pendiente.
La petición de cooficialidad "va avanzando", dijo hoy el ministro, en el Consejo, donde hay pedido un informe sobre costes, cuyo análisis preliminar hizo la Comisión Europea en diciembre de 2023 y estimó que sería de 132 millones de euros.
"Los informes no los pide el Gobierno español, los va pidiendo el propio Consejo. Y hay un informe solicitado sobre costes, que hubo ya un primer informe preliminar y estamos a la espera de un informe. Por lo tanto, sí, se va avanzando", indicó Albares, quien mostró su deseo de que concluya "lo antes posible".
Este informe es independiente de otro que está elaborando el Parlamento Europeo sobre los costes de que las tres lenguas puedan usarse en los plenos de la institución. Inicialmente, la Eurocámara era partidaria de esperar a ver si el Consejo aprobaba de manera unánime la inclusión de catalán, gallego y euskera en el régimen lingüístico comunitario, pero aún no se ha celebrado un voto al respecto entre los países.
"Cuando hablamos del catalán estamos hablando de 10 millones de personas que se expresan todos los días en catalán y que el hecho de defender y proteger la identidad nacional española, de la misma forma que el hecho de proteger y defender el multilingüismo, está en los tratados de la Unión Europea y es un objetivo que tenemos que tener todos", recalcó hoy Albares.
El ministro señaló, por tanto, que uno de los mensajes que está trasladando a sus homólogos es que "este asunto no debe de verse como un asunto político o politizado. No se trata de unos españoles contra otros, sino que es parte de la realidad de la identidad nacional española".
Y, en ese sentido, añadió que "está en nuestra Constitución, son idiomas que se hablan en nuestro Parlamento. Hay millones de españoles que son completamente bilingües y que se expresan todos los días en las lenguas oficiales. Hay acuerdos administrativos, como saben, en la Unión Europea desde hace 20 años y nunca ha habido el más mínimo problema".
Con todos esos elementos en mano, el ministro se mostró convencido de que "todas las fuerzas políticas españolas se tienen que encontrar en este punto".
La propuesta de España contempla que asumirá los costes correspondientes a la puesta en práctica de esta iniciativa y remarca que el carácter singular de la misma impediría su aplicación como precedente a otros casos.
EFE
