Los detenidos por la estafa del Aelu, en la que hay 21.000 personas afectadas y está en juego 410 millones de soles y 79 millones de dólares, quedaron en libertad luego de que se aplicara la ley aprobada por el Congreso y promulgada sin observaciones por el Gobierno. Esta es la ley 32181 que ha derogado el inciso 1, literal a del artículo 261 del Código Procesal Penal y está provocando que los jueces se vean obligados a levantar la detención provisional de los detenidos que no hayan caído en flagrancia.
Esta disposición fue promovida por el grupo parlamentario de Vladimir Cerrón, Perú Libre. Y luego votada por el Pleno del Congreso que no puso ningún reparo, pese a las observaciones planteadas por los especialistas.
Desde el primer momento se alertó de los efectos que podría provocar esta medida en la lucha contra la delincuencia. No fue posible la reflexión de los congresistas. Ha sido la misma actitud mantenida por los parlamentarios en cada una de las normas que se han dictado en esta legislatura y que se han denominado como procrimen.
Las medidas han rebajado penas, han dejado fuera de las normas a diversos delitos y han comprometido la labor desplegada por los fiscales, a quienes también han limitado en sus funciones.
Lo ocurrido con los 11 acusados en el fraude del Aelu es efecto también de esta medida legislativa, para la que se ha aprobado su corrección, pero que sigue provocando los perversos efectos que se están conociendo.
Ahora los implicados en la estafa del Aelu han sido liberados y deberán responder a la justicia en libertad. Es fundamental que la justicia encuentre medidas coercitivas para evitar las fugas y las desapariciones. Ya tenemos varios casos de acusados o sentenciados que no dan la cara. Hay que impedir la imposición de esta forma de impunidad, que es impulsada desde el poder.
