Para conocer cuáles son las prioridades hay que revisar el presupuesto. Lo que se promete pero carece de recursos para su ejecución o son buenas intenciones o es demagogia. Al aprobar el presupuesto de la Federación para el próximo año, la Cámara de Diputados evidencia, tanto en la forma como en el fondo, dónde están esas prioridades y es claro que no están en el sector salud, ni en la división de poderes, ni en la impartición de justicia.
Los mayores recortes a las propuestas presupuestales fueron al Poder Judicial y al Instituto Nacional Electoral, instituciones que remiten su presupuesto a través de Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados sin que la primera pueda hacer ajustes.
En la forma ya se hizo costumbre que la Cámara baja apruebe con celeridad y sin discusión lo que indica el Ejecutivo federal, en este caso la presidenta de la República había hecho pública su opinión de que le parecía muy elevado el recurso solicitado por el INE para organizar la elección de juzgadores federales.
En el fondo, el mensaje es muy claro. Dar la puntilla al Poder Judicial por partida doble, menos presupuesto el próximo año para realizar la delicada tarea que tiene encomendada y un recorte al INE que hace prever que la elección de quienes administrarán la impartición de justicia no se hará bajo las mismas condiciones con las que se eligieron el pasado mes de junio a los otros dos poderes. Tendremos entonces elecciones de primera y de segunda, así la consideración al Poder Judicial.
La reciente aprobación del presupuesto para 2025 marca un duro golpe a dos instituciones clave de nuestra democracia. En el caso del Poder Judicial se avanza en su cooptación y subordinación, y el INE cargará con los costos de una elección, por decir lo menos, que no contará con los estándares constitucionales, lo que redundará en la disminución de su prestigio social y ello minará su credibilidad para siguientes procesos electorales.
A pesar de las advertencias sobre los efectos que tendrán los recortes antes mencionados, la Cámara de Diputados decidió hacerlos y no necesariamente para destinar esos recursos a áreas prioritarias como el sector salud. Lo que está claro es que esta decisión tendrá consecuencias en la calidad de nuestra democracia.
El INE enfrentará el enorme desafío de organizar las elecciones de juzgadores federales con un presupuesto reducido que limita su capacidad operativa. Si bien es técnicamente posible realizar el proceso electoral, éste no será de la misma calidad. Consejeros y consejeras del INE ya advirtieron de las dificultades que enfrentarán en la organización, la capacitación de funcionarios, la instalación de casillas (se habla de “centros de votación”), la supervisión de los comicios y, sobre todo, el impacto que todo ello tendrá en la certeza de los resultados y en la participación ciudadana.
La reducción presupuestaria no solo amenaza la organización de las elecciones, sino también la percepción pública de su legitimidad. En un país con un historial de desconfianza, cualquier señal de debilidad puede ser explotada para desacreditar los resultados. Los procesos mal supervisados o insuficientemente financiados generan incertidumbre, y ésta es terreno fértil para imponer visiones monocromáticas.
La pregunta clave es: ¿por qué deberíamos conformarnos con elecciones de “segunda clase”? El contraste con los recursos asignados al Poder Ejecutivo es evidente, mientras que éste contará con presupuesto para mantener su operación y sus programas insignia, el órgano encargado de garantizar la legitimidad de los procesos electorales tendrá que sortear una crisis que minará su credibilidad.
La 4T ha impulsado una narrativa de austeridad como bandera política y si bien optimizar recursos es un objetivo legítimo, los recortes al Poder Judicial y al INE no parecen responder a una lógica de eficiencia, sino a una estrategia que concentra poder y debilita contrapesos.
El panorama es claro, mientras los poderes Ejecutivo y Legislativo consolidan su fuerza, el Judicial y el INE enfrentan una realidad adversa. Esto no solo desequilibra la balanza de poderes, sino que envía un mensaje sobre el valor utilitario que se le otorga a nuestra democracia, vía de acceso al poder pero no para todos.
Por otra parte, de acuerdo a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados al hacer reducciones presupuestales a instituciones autónomas debe rendir cuentas y justificar esas decisiones, sobre todo porque afectan a órganos esenciales para el equilibrio de poderes y la defensa de los derechos ciudadanos. Sin embargo, la atención del Legislativo a esta determinación ha sido nula, un desacato más.
No estamos sólo frente a un recorte presupuestal, estamos frente a un proceso continuo de erosión de nuestra democracia.
