Como la gran mayoría de los ciudadanos, estoy preocupado por los graves problemas que aquejan a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). No solo por ellos, sino también por los Ebáis, clínicas y hospitales, sin que su mudable Junta Directiva (ha tenido 23 miembros desde que asumió este gobierno) atine con soluciones eficaces.
Junto con estas dificultades, en gran medida estructurales, hay conductas menos ruidosas que se asemejan al trabajo de las termitas: carcomen la credibilidad de la institución encarnada en el proceder de sus funcionarios.
Uno de estos casos se produjo en el hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, de Pérez Zeledón, donde un médico incapacitó dos veces a una persona que se hallaba a más de dos mil kilómetros de distancia de su consultorio.
Pareciera inconcebible, pero así ocurrió, según información de Telenoticias. Estando físicamente el enfermo en Estados Unidos, le certificaron en Pérez Zeledón dos licencias de incapacidad: una del 14 al 16 de octubre y otra del 17 al 18 de octubre.
Sea que el motivo del urgente viaje del auxiliar administrativo del Liceo Fernando Volio Jiménez fuera justificado o de otra índole, el funcionario tomó un atajo para salir del país: empleó el recurso de tres incapacidades.
La primera le fue otorgada del 10 al 12 de octubre (presumo que presencialmente) por un médico que no extendió las dos siguientes.
Un día después, el incapacitado viajó a Estados Unidos, a pesar de que el documento digital advertía que quedaba “imposibilitado las 24 horas del día”, entre otras cosas, para realizar “viajes dentro y fuera del país”.
Al segundo médico, la distancia no le pareció ningún obstáculo geográfico. Seguramente, juzgó que, al hallarse el paciente en otro país, pero en el mismo hemisferio, era un asunto entre vecinos. Así que lo incapacitó in absentia (para usar una elegante palabra del latín).
El artículo 8 del reglamento que otorga incapacidades exige la presencia del enfermo para ser evaluado médicamente.
¿Lo auscultó a través de una llamada telefónica, un correo electrónico o algún otro medio que nuestra miope percepción de la realidad ignora? ¿Cómo podría haber ocurrido la bilocación, es decir, que pudiera hallarse en dos lugares distintos a la vez?
El abogado especialista Álvaro Aguilar se expresó con gran prudencia profesional, y estoy de acuerdo con él: no se respetó el debido proceso de investigación y más vale no aventurar juicios. Dijo que era “curioso que se esté dando una doble incapacidad (…) si la persona está fuera del país”; que “llama la atención porque podríamos pensar que hay una irregularidad en el proceso”.
Las cautas palabras curioso, llama la atención y podríamos pensar sugieren múltiples cosas que nos hacen mirar con sospecha tales incapacidades.
Pero la curiosidad y la suspicacia fueron reemplazadas por la indignación cuando, el 4 de diciembre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló la presunta venta de incapacidades en el hospital Monseñor Sanabria, ejecutada por una supuesta red conformada por dos médicos y un empleado administrativo.
Si semejante conducta se comprueba, reflejará la más honda profundidad de la depravación: no se trataba de procurar la salud de los pacientes, sino de vender enfermedades para ser certificadas en un documento oficial de incapacidad.
Si bien estos médicos y el funcionario administrativo alargaban una mano codiciosa para recibir dinero, de igual modo los “enfermos” que pagaron se infectaron con todos los virus que corrompen el alma: mentira, deshonestidad, oportunismo y complicidad.
La más dolorosa herida, sin embargo, que los perpetradores (vendedores, compradores y viajeros) infligen es a la estoica multitud de cientos de miles de enfermos que consumen sus esperanzas confinados en las listas de espera.
Las saltaron como se brinca un obstáculo molesto; cambiaron lugares de residencia en la plataforma EDUS para ser atendidos (por amistad o dinero) en los hospitales en condición de “asegurados VIP”.
Si estas barbaridades son verificadas, la justicia deberá dar buena cuenta de ellas, y la Caja Costarricense de Seguro Social habrá de actuar de modo que los asegurados veamos con alivio que entre las listas de espera no se encuentren “enfermos VIP”.
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Alfredo Solano López es educador jubilado.
