El Tribunal Constitucional mantiene la puerta abierta a la posibilidad de que dos millones de empleados públicos de todas las administraciones recuperen los recortes a sus sueldos acumulados desde 2010. A pesar de que la Mesa del Congreso de Diputados rechazó el pasado 16 de mayo de 2023 la tramitación como iniciativa legislativa popular consistente en la proposición de Ley para la derogación del artículo 1, del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el voto a favor de Pedro Sánchez, por entonces diputado raso, decretaba severos recortes en el gasto que congelaron pensiones y redujeron el sueldo de los empleados públicos, el Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por el sindicatos de funcionarios CSIF contra la decisión del Parlamento para que los empleados públicos recuperen las pagas íntegras no devengadas desde 2010. El recurso fue presentado el pasado 17 de julio, dentro del plazo de tres meses previsto para la interposición del recurso de amparo contra decisiones parlamentarias.
El Alto Tribunal considera que en este caso «concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales».
La Mesa del Congreso rechazó la iniciativa legislativa popular con el pretexto de que esta «afecta a materia presupuestaria», sin mayores explicaciones.
Pero en la argumentación para el recurso de amparo, admitida por el TC, se indica que «esta supuesta afectación a materia presupuestaria, no es una de las causas concretas tasadas y previstas para la inadmisión de la proposición de Ley» que, además, ni siquiera se produce, según el escrito remitido al tribunal.
En este sentido, se recuerda que «la iniciativa presentada no incluye propuesta alguna sobre la elaboración de los PGE, o coste directo por estos conceptos, sino que propone, únicamente, una supresión normativa y una negociación en el seno de la Mesa General de las Administraciones Públicas para dar cumplimiento a esta supresión».
El documento enumera algunas iniciativas admitidas por la Mesa del Congreso que comprometían un mayor gasto y podrían significar una mayor afectación presupuestaria que la derogación del «tijeretazo» decretado por Zapatero a los empleados públicos.
Para su admisión a trámite, además de cumplir los requisitos legalmente previstos, es preciso que el contenido del recurso de amparo justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. En este caso, el TC considera probada esta «especial trascendencia constitucional» derivada de la decisión de la Mesa del Congreso.
Aunque la iniciativa legislativa popular no incluye un coste directo de la derogación de los recortes, estos se estiman en 30.000 millones de euros, según los cálculos de CSIF. Y es que de aquellos «tijeretazos» queda aún vigentes rescoldos. Como el recorte en la paga extra que, desde entonces, se ha visto mermada en una media de 1.600 euros anuales en el grupo A1 (médicos, jueces…); 1.020 euros en el grupo A2 (enfermeros, maestros…) y 500 euros en el grupo C1 (policías, administrativos…).
Sumando todos los conceptos, equivalente a haber trabajado gratis hasta 5 meses, por lo que las cantidades supondrían 30.000 millones de euros. Esta situación se suma a la pérdida global del 20% del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010 como consecuencia de la no revalorización de los salarios con la inflación.
El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha recalcado en varias ocasiones que «lo que era una medida extraordinaria se ha convertido en estructural». «El recorte de Zapatero, sólo en las pagas extra en estos 12 años, ha supuesto que dos millones de empleados públicos hayan dejado de percibir 30.000 millones euros», recordaba.
El sindicato, mayoritario en la Administración General del Estado, entiende que «los empleados públicos ya han contribuido de manera sobrada a la crisis financiera y en un momento de recaudación récord (tal y como reconoce el Gobierno a Bruselas la recaudación se incrementó en el último año un 14%) se podría afrontar este gasto», como explicaba CISF en la presentación de la iniciativa legislativa.
