La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha acabado por reforzar las consignas de los nacionalismos, cada vez es menos silencioso. Recientemente el republicano ha dicho que tiene la intención de emitir una orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para millones de niños en el país, como medida para prevenir la llegada de familias migrantes que buscan abrirse un camino a quedarse en suelo estadounidense de manera legal teniendo un bebé. El sitio web de la campaña de Trump afirma que, para calificar como ciudadano, cualquier bebé nacido después de su orden ejecutiva necesitaría tener al menos uno de sus padres que sea ciudadano o residente permanente legal. Académicos de todo el espectro político coinciden en que esta propuesta es claramente inconstitucional porque viola de manera evidente la Enmienda 14 de la Carta Magna de Estados Unidos.
Con excepciones extremadamente limitadas, la cláusula de ciudadanía de la Enmienda 14 establece que todos los niños nacidos en los Estados Unidos son ciudadanos. La regla de ciudadanía por nacimiento proviene del derecho consuetudinario inglés y se remonta a siglos atrás.
De acuerdo con esta norma, si los padres de un niño nacido en los Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses o no, no afecta si ese niño es ciudadano. El trasfondo de la propuesta tiene que ver con satisfacer las consignas de una base ultranacionalista que forma parte de su movimiento Make America Great Again. Pero, a pesar de sus intenciones, Trump no puede realmente anular las protecciones de la Enmienda 14 a su gusto. Solo las enmiendas constitucionales, no las órdenes ejecutivas ni la legislación, pueden cambiar la Constitución.
Por eso, los académicos han condenado abrumadoramente intentos anteriores y fallidos de algunos legisladores estatales y federales de aprobar leyes que niegan la ciudadanía a los hijos nacidos en EE.UU. de padres no ciudadanos indocumentados, considerándolos inconstitucionales. Debido a que ni siquiera el Congreso puede alterar el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento, un presidente ciertamente no puede hacerlo mediante una acción ejecutiva unilateral.
La cruzada de Trump por recuperar la “verdadera identidad estadounidense” fue uno de los movilizadores más fuertes de su campaña presidencial. De manera exitosa, los republicanos ligaron la inmigración irregular a los problemas de crimen en las grandes ciudades y obtuvieron el favor del voto no solamente del elector blanco tradicional, sino que prácticamente todas las minorías aumentaron sus niveles de respaldo al ex mandatario.
Aunque no está claro cómo Trump piensa llevar a cabo dentro de la constitucionalidad medidas como su “mayor plan de deportación en la historia de Estados Unidos”, por ahora el mandatario electo ha dicho que el programa comenzará con los inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos y luego avanzará hacia “personas fuera de los criminales”. No detalló qué delitos se incluirían.
“Creo que tienes que hacerlo”, dijo Trump sobre su esfuerzo de deportación en una entrevista reciente donde por primera vez se atrevió a dar algún detalle.
“Es algo muy difícil de hacer. Es… pero tienes que tener, ya sabes, reglas, regulaciones, leyes. Entraron ilegalmente. Sabes, las personas que han sido tratadas de manera muy injusta son las personas que han estado esperando durante 10 años para entrar al país”, aseguró el expresidente.
“Tenemos que sacar a los criminales de nuestro país”, dijo Trump, y más tarde agregó: “Pero estamos comenzando con los criminales, y tenemos que hacerlo. Y luego comenzamos con otros, y vamos a ver cómo va”.
Hubo un gran aumento en el número de inmigrantes no autorizados que cruzaron hacia los Estados Unidos durante el mandato del presidente Joe Biden, aunque esa cifra ha caído tras acciones ejecutivas en los últimos meses.
Endurecer las restricciones en la frontera de EE.UU. con México fue un tema central en la candidatura de Trump, al igual que lo fue durante su primera campaña en 2016. Trump y sus aliados destacaron rutinariamente actos de violencia cometidos por inmigrantes indocumentados para reforzar su argumento. Lo paradójico es que un estudio de 2024 del National Institute of Justice dice que los registros de arrestos entre 2012 y 2018 muestran que los inmigrantes indocumentados son menos propensos a cometer delitos violentos.
La narrativa poco tiene que ver con los argumentos, por lo que durante la campaña también algunos de sus colaboradores se apoyaron en teorías de conspiración como la del “gran reemplazo”, que culpa a los demócratas de dejar entrar a millones de inmigrantes deliberadamente a Estados Unidos para que con el tiempo cambien el mapa electoral a favor de su partido y, en el camino, vuelvan a los blancos una minoría racial y electoral.
Por lo pronto Trump se muestra abierto a trabajar con los demócratas para aprobar una legislación que garantizaría que los Dreamers —inmigrantes indocumentados que ingresaron a los EE.UU. cuando eran niños— puedan permanecer en el país. Se trata de una buena noticia al pie en medio del sombrío panorama en materia de migración que muchos prevén.
