Uno de los "mantras" del Ministerio de Sanidad de Mónica García es que quiere poner a los pacientes "en el centro del Sistema Nacional de Salud". Pero esta buena intención, como muchas otras, se queda en nada si no significa lo mismo para una parte que para la otra.
Para las asociaciones de pacientes, estar "en el centro" significa, principalmente, formar parte de los órganos de decisión donde se ejerce la gobernanza en cuestiones que les afectan directamente, como la financiación de nuevos medicamentos o indicaciones de los ya incluidos en el SNS.
Sin embargo, para Sanidad, parece que significa cargar a las espaldas de los pacientes la responsabilidad de mantener la "sostenibilidad del sistema", que no es otra cosa que el balance entre el gasto y el beneficio.
Así lo muestra el Borrador de la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, que adelantó este periódico hace un par de días. En el preámbulo de este texto se explica que "la prescripción constituye un elemento básico de la asistencia sanitaria que debe respetar la sostenibilidad del sistema y los intereses de los pacientes. La ley consagra la prescripción por principio activo como elemento sobre el que pivota el mayor protagonismo de los pacientes".
Una declaración de intenciones que preocupa a Andoni Lorenzo Garmendia, presidente del Foro Español de Pacientes (FEP), asociación de entidades sin ánimo de lucro compuesta por más de 80 organizaciones de pacientes. "¿Cómo va a pivotar nuestro protagonismo sobre la prescripción por principio activo? ¿qué protagonismo tiene ahí un paciente? Es una tomadura de pelo porque lo que parece es que la responsabilidad de que sistema sanitario sea sostenible es nuestra y de los medicamentos. Además, el modo de ejercerla es aceptando que la decisión sobre qué medicamentos debemos tomar (genéricos y biosimilares) y cuales no (los innovadores, que son más caros) la toma el Estado, y el farmacéutico, obviando la prescripción de nuestro médico, que es el único de todos esos agentes que nos conoce a nosotros, nuestro historial y nuestra enfermedad", explica a LA RAZÓN.
"Lo que nosotros entendemos por estar ‘en el centro’ es, por ejemplo, que haya representantes de los pacientes en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIMP), que es donde se toman las decisiones que cambian el curso de nuestra enfermedad y que, a veces, marcan la diferencia entre vivir o morir", explica.
"Sin embargo –prosigue– por lo que se refleja en este texto, lo que quieren de nosotros es que seamos ‘pacientes cómplices’ de lo que les interesa a ellos, para que no nos quejemos cuando nos sustituyan los medicamentos que nos prescriben por genéricos y biosimilares".
Por otro lado, Garmendia quiere dejar claro que las asociaciones de pacientes son las primeras que defienden que se amplíe el papel del farmacéutico comunitario, porque su valor está infrautilizado en el SNS y podría ser de gran ayuda para aliviar la presión asistencial en Primaria.
"Nosotros tenemos una lista enorme de peticiones para dar más protagonismo a los farmacéuticos de oficina de farmacia, que incluye que tengan nuestro historial, que se comuniquen con Primaria, que puedan vacunar, que puedan dispensar medicamentos y productos sanitarios en problemas menores; pero no que puedan hacer sustituciones, que es justo lo que se prioriza en el Borrador", señala.
A Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), también le preocupa que se vulnere la prescripción médica. "La ley es confusa con quién puede prescribir. Nosotros queremos que se proteja que solo puede prescribir el médico, que es quién nos conoce y sigue nuestra evolución. Aquí no puede prescribir todo el mundo", señala.
Otro punto de fricción es la redacción del título X, dentro del artículo 126, donde se habla de "dotar de mayor concreción a las actuaciones del personal al servicio de las Administraciones públicas en el contexto de las inspecciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa de medicamentos y productos sanitarios, declarando el carácter de autoridad de los inspectores".
"Sin pecar de suspicaz, esto es otra declaración de intenciones. Significa que se quiere dar mayor poder y legitimidad a las inspecciones sanitarias, por lo que el médico se pensará mucho más el tomar decisiones más ‘arriesgadas’, que muchas veces son las más necesarias para los pacientes, como, por ejemplo, eliminar un visado para acceder a un medicamento en un caso concreto», detalla.
Por todo ello, los representantes de los pacientes ven en este texto más obstáculos que oportunidades.
