Víctor de Aldama declara hoy a partir de las 10:00 horas por primera vez ante el Tribunal Supremo, donde ha acabado el «caso Koldo» para indagar en el papel que tuvo José Luis Ábalos en la trama de cobro de comisiones ilegales en los contratos para el suministro de las mascarillas hasta a cuatro administraciones públicas, una de ellas el Ministerio de Transportes que este dirigía.
A diferencia del exministro socialista, que aún no ha presentado prueba alguna de su inocencia, el comisionista entregará nuevas pruebas al magistrado instructor, Leopoldo Puente, que implicarán a «más departamentos» del Gobierno a los que ahora no se consideran afectados por el entramado de «mordidas».
Aldama dice que demostrará que el exministro no dijo la verdad en varios extremos de su declaración y, por otro lado, pondrá luz y aclarará preguntas que dejó en el aire sin contestar.
Ejemplo de por dónde irá lo que desvelará en la Sala de lo Penal es la «primicia» que reveló este viernes en televisión como muestra de que tiene documentos capaces de –como dijo él mismo en un vídeo– «desmontar las mentiras» que ofreció Ábalos. En este caso fue una fotografía en la que salen el exministro y el presidente de Sortis, una de las empresas que vinculó con el pago de contraprestaciones ilegales por la obtención de adjudicaciones públicas en la primera remesa de elementos probatorios que entregó al Supremo.
Durante su declaración Ábalos negó más de una vez, tras ser preguntado por ello, haber tenido contacto o que conociese a Israel Pilar Ortiz, el presidente de esta compañía. La imagen está tomada en la antesala del que era su despacho como ministro en Transportes y en ella aparecen ambos, posando, ante un cuadro.
[[QUOTE:PULL|||Prevén que el examen patrimonial al exministro arroje indicios de que percibió «mordidas»]]
Como figura en la documentación que puso Aldama en manos del magistrado Puente, a Sortis se le concedió en 2021 un contrato de 1,8 millones de euros con Correos, para que le ofreciese asesoramiento técnico permanente, y se firmó durante la presidencia de Juan Manuel Serrano Quinta, que antes había sido jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A cambio, el que era el asesor favorito de Ábalos, Koldo García, percibió –según el expresidente del Zamora CF– de esta empresa del sector de las telecomunicaciones 10.851 euros a través de una mercantil vinculada a Ortiz, Instalibero District.
Fuentes de su entorno adelantaron anoche a la LA RAZÓN que hoy se conocerán «nuevas derivas y aristas» del caso y no es cuestión baladí que la comparecencia de Aldama se celebre entre la del que fuera secretario de Organización del PSOE y la de Koldo , que está convocado el martes a idéntica hora, ejerciendo así de «bisagra» entre ambas.
Para estas mismas fuentes lo que demostrará que Ábalos habría percibido comisiones es el examen de su patrimonio y bienes, que aún no se ha realizado al ser este diputado en el Congreso y siendo necesario por esta condición que sea autorizado expresamente a la Cámara baja tras dirigir el instructor un suplicatorio a tal efecto a la Presidencia.
Señalan estas mismas fuentes que los indicios con respecto a Koldo son más claros si se echa un vistazo a sus bienes. Como desveló la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el antiguo asesor gubernamental experimentó un «notable» incremento de su patrimonio en solo dos años, de 2020 a 2022, pasando de tener bienes por un valor de al menos 1,5 millones de euros, entre los que se incluye a nivel de inmuebles cuatro casas en la localidad alicantina Benidorm, dos en Polop de Marina, una en Camarena (Toledo) y otra en Huarte (Navarra). Lo que para los agentes «no se corresponde con los ingresos» que percibía por su trabajo en Transportes y como consejero de Renfe Mercancías y de Puertos del Estado.
[[QUOTE:PULL|||«Nadie trabaja para un Gobierno porque sí», advierten personas cercanas al empresario]]
Asimismo, siempre en base a los que explican estas fuentes cercanas a Aldama, el avance en el volcado del contenido de los teléfonos y dispositivos electrónicos intervenidos al empresario y a otros supuestos miembros del entramado, como Koldo, de lo que «se conoce una mínima parte», es «garantía de esclarecimiento» y, al mismo tiempo, supondrá la «implicación de altas instancias» gubernamentales en estos negocios corruptos que se investigan. «Habrá responsabilidades políticas» en el Ejecutivo y en el seno del PSOE, afirman, seguros, y sin alejarlas demasiado en el tiempo.
Un «Watergate a la española» –así lo definen– que puede llevarse fácilmente por delante a ministros y dirigentes socialistas conocidos con el análisis de las obras civiles que Aldama entregó subrayadas como «pre-adjudicadas» a empresas que después pagarían prebendas o la indagación en hechos mencionados por Aldama como los «59 vuelos» del avión presidencial español, el Falcon, a la República Dominicana desde 2021.
También ponen el foco estas fuentes en que parte de la clave está en aclarar «cuál es el motivo que hay detrás de que una persona que no tiene que ver con Fomento (ahora Transportes) entre dentro de ese círculo», ya que nadie «trabaja para un Gobierno porque sí», ni se le nombra ante el opositor venezolano Juan Guaidó como «enlace de nuestras relaciones», las de los dos países, en una carta que firmó el propio Ábalos y con la que el «ministro más importante para Sánchez» –así lo definen– le trasladó el reconocimiento del Gobierno de España a su figura.
[[H3:«Estaba cansado de que le esquilmasen» desde el Ejecutivo]]
Víctor de Aldama estaba «cansado» y «harto» de que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se le «esquilmase y pidiese dinero» a partir de que empieza a colaborar con ellos en junio de 2018, según desvelan a este diario fuentes cercanas a él. Especialmente, le molestaba cuando «no había operaciones» de por medio que le estuvieran haciendo ganar dinero y, más aún, después de los contratos de las mascarillas de 2020, para los que tuvo que «anticipar el dinero para su compra» y encargarse de «poner a disposición los aviones» para que llegasen a España, arriesgando «su propio patrimonio».
Dentro de estas peticiones están las que imputó tanto al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que presuntamente reclamó 50.000 euros por la contratación con sus empresas del suministro de mascarillas cuando era presidente de Canarias; los 15.000 que confesó haber dado al jefe de Gabinete de María Jesús Montero en Hacienda, Carlos Moreno; o la misma cifra, en un sobre, que presuntamente recibió Santos Cerdán, «número tres» del PSOE.
Ahora, «no va a aceptar ser el malo de la película» y avanzan que hará todo lo posible, con arreglo a su capacidad para probar las acusaciones que siga vertiendo, para que los altos cargos, ministros y políticos socialistas, con los que se relacionó en los tiempos en que se le atribuye –según la UCO– el papel de «nexo corruptor», asuman las responsabilidades penales y públicas de las irregularidades que cometieron. «Quiere Justicia de verdad y para todos».
A Ábalos, deslizan, también se le puede complicar su versión de que no tuvo nada que ver con que Aldama, a través de un socio, le pagase el alquiler a Jéssica Rodríguez, la que era su novia, o que fuera contratada por dos empresas públicas, una dependiente del Ministerio que dirigía, «si esta mujer acaba siendo llamada a declarar como testigo y, a fuerza de no tener nada que perder, cuenta cómo ocurrió todo». El problema de Ábalos –opinan desde el entorno del empresario–, es que cuando llegó a ministro, como le ocurre a muchos, «pisó alfombra, creyó que tenía poder y era intocable».
