La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, acude por tercera vez este año a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para declarar como investigada por los nuevos delitos que le imputó el juez Juan Carlos Peinado.
Por un lado, el de intrusismo laboral por la firma de los pliegos sobre la contratación de las labores de desarrollo del software que puso en marcha con financiación privada en el seno de la cátedra extraordinaria que dirigía, sin que tuviese los conocimientos ni la condición de trabajadora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que supuestamente se necesitan.
Por otro, el de apropiación indebida por haber registrado presuntamente a su nombre la marca de Transformación Social Competitiva de la cátedra y uno de sus másteres. Así como por el uso que hacía de la web (trasnformatsc.org), registrada a su nombre, y que ofrecía el citado programa informativo. Está la denuncia de que no tenía el obligatorio «aviso legal» y de cookies que exige la legislación en materia de protección de datos. El miércoles está llamada a comparecer a partir de las 10:00 horas y, una hora después, está citado como imputado Juan José Güemes, señalado como la persona detrás de la contratación de Gómez para dirigir el África Center del Instituto de Empresa.
Antes de que acabe la semana que hoy comienza, la asesora de Moncloa María Cristina Álvarez será interrogada en el «caso Begoña Gómez» como testigo para indagar en el uso que se presume que hacía de ella la mujer de Sánchez para asuntos profesionales privados, en lo que podría concurrir un delito de malversación de caudales públicos por valerse de fondos públicos para fines que no lo son.
Fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN no descartan que la esposa del jefe del Ejecutivo prosiga en sus cambios en la estrategia procesal de guardar silencio por la que hasta ahora apostaba y decida, en esta ocasión, responder a las cuestiones que le plantee su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.
Esta posibilidad la pone sobre la mesa el hecho de que haya pedido recientemente las primeras diligencias y haya aportado documentación en la que, si bien se observa que desde la UCM se le reclamó que firmase los pliegos, la directora de Programas de Presidencia del Gobierno citada ejercía de interlocutora en su nombre para gestionar cuestiones de la cátedra, como el interés de Gómez en que Reale continuase con su financiación.
El titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid le imputó estos dos nuevos delitos tras admitir una segunda querella de Hazte Oír, que se acumuló a la que abrió este procedimiento que presentó Manos Limpias, y ahora comparece al ser investigada por estos hechos nuevos.
