Polémica causó esta semana la decisión del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta de desestimar la determinación del Comité de Ministros, que el 2023 rechazó el proyecto minero Dominga.
El dictamen, en que se ordenó la realización de un nuevo Comité, integrado por secretarios de Estado “que no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa”, marca un nuevo capítulo en lo que ha sido una extensa tramitación ambiental de 11 años.
Consultados respecto a la institucionalidad que ha permitido que ocurra este largo enfrentamiento entre la empresa Andes Iron y organizaciones sociales de la zona, dirigentes medioambientales señalaron a Radio y Diario Universidad de Chile que el sistema debe ser reformado, pero no necesariamente en los términos propuestos por el empresariado y el Gobierno.
La directora ejecutiva de la fundación Terram, Flavia Liberona, explicó que la extensa contienda se debe “a un ir y venir del proyecto en términos de los procesos recursivos de apelación tanto en la justicia como en la vía administrativa”, pero sobre todo, responsabilizó a Andes Iron por la mala calidad del proyecto presentado a la institucionalidad ambiental.
“La causa de esto es que el proyecto presentado era malo, que la empresa se ha empecinado en mantener el mismo proyecto y que además, está en una zona de alta biodiversidad donde están las colonias más grandes de pingüinos de Humboldt del planeta. Aquí hay un tema que tiene que ver con protección de la biodiversidad pero también tiene que ver con un proceso recursivo que permite la ley y la mala calidad de la información que algunos proponientes entregan cuando someten proyectos a evaluación”, estimó.
En esa línea, Liberona afirmó que más que limitar las posibilidades de apelación, para poner un punto final a las tramitaciones, se debe restringir el poder de instancias políticas como el Comité de Ministros y además, ser más riguroso a la hora de declarar la admisibilidad de los proyectos.
“Hay que mirar muy bien, el exigirle a las empresas, a los titulares de proyecto, que entren con la información adecuada, que las consultoras que les hacen la evaluación ambiental no sean las que ellos eligen, sino que haya un registro público para que todos sepamos quienes son las consultoras, cuán buenas son, cuántas veces los proyectos que ellos han hecho han tenido problemas en la evaluación y también, después, en la ejecución”, propuso.
“Aquí falta mucha transparencia, falta igualdad ante la ley, para que las personas, la ciudadanía, las organizaciones locales y los servicios públicos tengan los mismos tiempos que los titulares de proyecto”, añadió.
Por su parte, el director del Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, apuntó directamente a la figura de los Tribunales Ambientales, pues aseguró que estos fueron propuestos por el propio empresariado, con la idea de favorecer sus intereses.
“El tribunal y la forma que tiene esta institucionalidad lamentablemente lo que hace es dilatar situaciones que podrían ser resueltas dentro de la institucionalidad que existe, con una buena combinación de aspectos políticos, aspectos técnicos ambientales y por supuesto, también con la participación de la comunidad que puede ser afectada. Esos aspectos podrían ser y tener una muy buena consideración, sin que esté de por medio estas instancias que dilatan la fiscalización, los procesos de sanción y en este caso en particular, la situación definitiva de la construcción o no de un proyecto de alto impacto”, opinó.
“Si bien, los tribunales han empezado a funcionar y en algunos casos se ha logrado después de latos procesos tener resoluciones a favor de la comunidad y del medio ambiente, estos tienen un origen que justamente buscaba hacer estos procesos extremadamente dilatados y finalmente, resolver a favor de los intereses económicos”, insistió.
Tanto Flavia Liberona como Lucio Cuenca fueron críticos respecto a la reforma al sistema de evaluación ambiental propuesta por el Gobierno, ya que consideran que podría terminar siendo regresiva.
El director de Olca planteó que “se ha creado un ambiente de que la institucionalidad es una barrera para la inversión, para enfrentar la crisis económica y eso no es así. Chile ya tiene una institucionalidad bastante laxa, una institucionalidad que en lo grueso deposita la fiscalización en las manos de las propias empresas”.
Asimismo, advirtió que “en épocas anteriores, cuando se daban estas presiones, siempre hubo un sector gubernamental que trataba de poner freno o de equilibrar estos debates. Hoy día, lamentablemente tenemos un Gobierno que está mayoritariamente apoyando esta estrategia de debilitar aún más la institucionalidad”.
Por estos días, el futuro de Dominga depende de qué harán las organizaciones intervinientes y el Gobierno. Ambos actores podrían recurrir a la Corte Suprema, para que ésta desestime la decisión del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y el Comité de Ministros, con nuevos integrantes, no tenga que sesionar.
Flavia Liberona señaló que, efectivamente, ahora “las organizaciones pueden ir de casación a la Suprema, pero en el fondo, si el Comité de Ministros vuelve a rechazar, la empresa va a volver a apelar al Tribunal Ambiental y si el Comité de Ministros en 15 días más aprueba, entonces las organizaciones van a reclamar al tribunal ambiental”.
“Por lo tanto, vamos a seguir en esta vía recursiva. Esto va a continuar, esta es una película que continúa por lo menos dos años más”, sostuvo.
