Andrés Hurtado, conocido en el ámbito del espectáculo y la televisión como 'Chibolín', representado por el abogado Elio Riera, ha solicitado al juez Juan Carlos Checkley que el exconductor del programa 'Sábado con Andrés' cumpla el resto de su prisión preventiva bajo arresto domiciliario o mediante el uso de un grillete electrónico, con restricciones para salir del país.
Según declaró Riera al diario Perú21, la audiencia para evaluar este pedido está programada para el 20 de diciembre. Tanto Hurtado como su equipo legal confían en que la resolución sea favorable, lo que le permitiría salir del penal de Lurigancho y pasar la Navidad fuera de prisión.
PUEDES VER: Congreso blinda a ministro Julio Demartini por caso Qali Warma: ¿qué bancadas respaldaron al ministro?
Hurtado está siendo investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Asimismo, se le relaciona con la fiscal suspendida y encarcelada Elizabeth Peralta, así como con el empresario Javier Meu Lei, con quienes habría integrado una red de corrupción para realizar estas actividades ilícitas.
La solicitud presentada al juez Checkley no es la única acción emprendida por el equipo legal de Hurtado. Recientemente, se hizo pública la incorporación del abogado penalista Russell Robles González al equipo legal de 'Chibolín'. Además, se ha interpuesto un recurso de hábeas corpus ante las autoridades con el objetivo de lograr la absolución de las acusaciones en su contra.
PUEDES VER: Incautaron 1.201 kilos en barras de oro por US$68.6 millones
Tras haber permanecido un día en la clandestinidad, Elizabeth Peralta, fiscal suspendida conocida como 'la madre' de Andrés Hurtado debido a sus vínculos con el excomediante, decidió entregarse a las autoridades para cumplir con la medida de prisión preventiva de 18 meses ordenada por el Poder Judicial. Peralta se presentó personalmente ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para acatar la disposición y ponerse a disposición de las instancias correspondientes.
Al igual que Hurtado, Peralta es investigada por el presunto delito de tráfico de influencias y, también, por cohecho activo específico. Según el Ministerio Público, habría sido el 'brazo legal' dentro de las instituciones del Estado en la red de corrupción compuesta por la letrada, el exconductor de televisión y el empresario Javier Miu Lei. Estas sospechas motivaron al Poder Judicial a dictar prisión preventiva con el fin de evitar posibles interferencias en el proceso de investigación.
PUEDES VER: Congreso da marcha atrás y aprueba la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia
Tras su entrega voluntaria, el abogado de Peralta, Benji Espinoza, aseguró que el periodo que su clienta pasó en la clandestinidad no agrava su situación legal. Según Espinoza, "esto no empeora en absoluto el panorama judicial, ya que actuó en ejercicio de su derecho". También afirmó que su clienta buscó dar un ejemplo de respeto a la ley al entregarse, pese a estar en desacuerdo con la medida, y destacó sus 40 años de trayectoria como fiscal.
