La aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) está generando un debate progresivamente desenfocado y alejado del diagnóstico que necesitan las universidades españolas. El problema de la red universitaria en nuestro país no puede ni debe quedar reducido a los titulares que genera el tira y afloja entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid sobre la financiación de cientos de nuevas plazas de profesores contratados doctores, a largo plazo y con un coste de decenas de millones de euros. El problema sigue siendo la inexistencia de un modelo universitario público eficaz y realista. Eficaz para que las universidades sean, ante todo, centros de transmisión de conocimiento y de transformación de los jóvenes universitarios en personas formadas y responsables. Realista para corregir los errores que distorsionan y desincentivan las carreras del profesorado y neutralizan la función social de la universidad como fuente de clases medias. Tampoco resuelve nada desviar la atención sobre las universidades privadas, cuyo número, es cierto, crece de forma continuada y no siempre ajustado a criterios de calidad. Aunque la Formación Profesional se va consolidando como una opción razonable para muchos jóvenes que no quieren el estudio universitario, la titulación superior se sigue viendo en España como una referencia social cuya omisión desmerece al ciudadano. La idea de que es socialmente necesario ser universitario ha desembocado en la presencia en las aulas de muchos jóvenes desmotivados y ha sido la coartada para la proliferación injustificada de universidades por todo el territorio nacional, de lo que solo las comunidades son responsables, por tener la competencia para su aprobación. Se han creado universidades sin más razón que la del deseo del gobierno autonómico de turno de dejar esa impronta en la sociedad, sin analizar antes la necesidad de su existencia ni la razonabilidad de su oferta académica. Resulta lamentable ver a universidades públicas de la misma provincia pleitear por ver cuál imparte una u otra titulación. El profesorado universitario es la clave de un sistema de enseñanza superior solvente. Sin duda, la gestión administrativa y financiera de las universidades es importante para garantizar un uso eficiente de medios económicos -asignatura pendiente de muchos rectorados, que huyen de todo lo que signifique racionalizar al gasto-, pero el profesor es la pieza fundamental de la enseñanza. No es posible generar un profesorado de calidad al ritmo de crecimiento de las titulaciones universitarias, menos aún si la carrera académica relega la docencia -es decir, el alumno- y enaltece la investigación, hasta convertir la publicación científica en la única prioridad del profesor. Tampoco si sus sueldos no son atractivos. Son necesarios profesores con compromiso con el alumno, pero si toda su carrera universitaria se hace descansar en un producción estajanovista de publicaciones, el alumno es relegado en la prioridad del profesor. Los errores en la planificación universitaria se pagan a largo plazo y de forma duradera. Cuesta mucho corregirlos y muy poco crearlos. Ser doctor ya no representa con carácter general el reconocimiento de una auténtica capacidad investigadora, sino la superación de un trámite con poca exigencia científica. La desaparición de los profesores asociados, verdadera fuerza humana de muchas universidades, va a privar a los universitarios de las experiencias prácticas de sus asignaturas teóricas. La obsesión por los materiales «fáciles» para el estudio está jibarizando la erudición del alumnado, que percibe la exigencia de un manual como una práctica reaccionaria.
