Por una vez más, el Poder Judicial bloqueó los intentos del expresidente Pedro Castillo de librarse de la prisión preventiva que cumple en Barbadillo. La Sala Penal de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa del exlíder de Perú Libre para que se anule el proceso penal que afronta por su intento de autogolpe de estado a fines del 2022.
Anteriormente, el representante legal de Castillo Terrones presentó una solicitud de nulidad de actuaciones en dicho proceso penal, sin embargo, el 21 de mayo último el juez Juan Carlos Checkley la declaró improcedente. La defensa de Castillo apeló esta decisión, la cual fue infundada el 14 de diciembre de este año.
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“Declararon infundado el recurso de apelación interpuesto por el encausado José Pedro Castillo Terrones contra el auto de primera instancia de fojas cuarenta y ocho del cuaderno de apelación, de veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, que declaró improcedente su solicitud de nulidad de actuaciones; con todo lo demás que al respecto contiene. En el proceso penal incoado en su contra por delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad. En consecuencia, confirmaron el auto de primera instancia”, sentenció en dicha oportunidad.
Sobre este mismo caso, a inicios de diciembre, luego de presentarse una solicitud de "inhibición" para apartar al juez Juan Carlos Checkley del proceso penal por el fallido golpe de Estado llevado a cabo el 7 de diciembre de 2022 por el expresidente Pedro Castillo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó el pedido.
La solicitud, presentada por la defensa legal de Castillo, cuestionaba la imparcialidad de Checkley, alegando que mantenía una relación familiar con Jorge Chávez Cresta, exministro de Defensa. Según los argumentos de la defensa, Chávez Cresta, quien trabajó para la dictadura fujimorista en la década de 1990, tendría una amistad cercana con Pedro Angulo Arana, recordado como exprimer ministro al inicio del gobierno de Dina Boluarte, lo que generaría un conflicto de intereses en el proceso judicial. Además, los abogados del expresidente aseguraron que el desempeño de Checkley a lo largo del caso ha vulnerado principios constitucionales.
Ante estos argumentos, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidió negar la solicitud. La sala, presidida por el juez supremo César San Martín, interpretó que la solicitud no cumplía con las causales de inhibición especificadas en el artículo 53 del Código Procesal Penal, dejando sin fundamento el pedido de la defensa para separar al juez Checkley del caso.
