Damasco. Esta vez lo hace por decisión propia. Una semana después de la caída de Bashar al Asad, Mohamed Darwish regresa a la cárcel donde sufrió los peores abusos a manos de una de las más temidas ramas de los servicios de inteligencia sirios.
La celda número 9 huele a putrefacción. En este espacio, sin ventanas, con los muros negros y húmedos, se hacinaban un centenar de personas, incluido este periodista de 34 años.
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Fue en los imponentes edificios de esta sección, llamada “la rama de Palestina”, donde llegaban las personas detenidas por “terrorismo” para ser interrogadas. Muchas de ellas nunca más dieron señales de vida.
“Soy una de las personas a quienes interrogaron más. Todos los días, mañana y noche”, durante los 120 días de su detención, explica a esta agencia Darwish.
Detenido en 2018 por dar informaciones a grupos terroristas, según las autoridades, este reportero denuncia hoy estos “arrestos arbitrarios prolongados sin ninguna acusación clara”.
Darwish recuerda esta celda, donde compartía espacio con medio centenar de detenidos tuberculosos. También recuerda a ese joven turco que “enloqueció” tras recibir una lluvia de golpes.
“Cuando la puerta se cerraba detrás nuestro, nos invadía un sentimiento de desesperación. Esta celda fue testigo de tantas tragedias”, murmura.
Desde el domingo y la toma de control de Damasco por parte de una coalición de grupos rebeldes dominada por los islamistas radicales de Hayat Tahrir al Sham (HTS), este centro, llamado “la rama de Palestina”, fue abandonado por los hombres que trabajaban en él.
En una sala oscura, una mujer cubierta con un velo gris busca desesperadamente entre los documentos de identidad esparcidos por ahí.
Como ella, miles de personas acudieron a las cárceles, comisarías, centros de inteligencia y recintos militares de todo el país para recabar información sobre sus familiares desaparecidos.
Muchos exdetenidos, como Darwish, vuelven a estos lugares de detención para afrontar su dolor.
“Nos dijeron que nuestra estancia en la rama de Palestina duraría el tiempo de un simple ‘pregunta-respuesta’. En realidad estuve 35 días, o 32, no me acuerdo muy bien”, dice Adham Bajbouj, de 32 años.
“Pesaba 85 kg cuando llegó, y salió pesando 50 kg”, explica su hermano, que lo acompaña.
Además de los interrogatorios, Bajbouj se acuerda de las “humillaciones” que sufrió.
“Se tenían que limpiar los lugares de tortura y los baños, sacar a los muertos de las celdas”, dice.
En el último piso del edificio se sitúan “las salas de tortura”, como las describen estos exdetenidos.
Más lejos, se nota un olor a humo procedente de las oficinas de los funcionarios, ahora reducidas a cenizas.
En una de las estanterías del lugar, miles de documentos, probablemente informaciones “importantes” o “secretas”, fueron quemados antes de que los responsables se fueran.
Una carta de un alto mando del ejército, fechada en 2022 y que se mantuvo intacta, dirigida a la sección “a cargo de tratar los casos de terrorismo”, presenta la detención de un soldado acusado de mantener relaciones con “organizaciones terroristas armadas”.
Otro detenido, Wael Saleh, de 42 años, explica delante de la celda número 9 que todavía no se cree la nueva realidad de Siria.
“Me incriminaron por terrorismo. Sigo estando incriminado por terrorismo”, dice.
“No olvidaré nunca lo que viví aquí. Me acuerdo, éramos 103 en esta celda. Nos quedábamos de pie para que los mayores pudieran estirarse”.
