Luego de que la presidenta Dina Boluarte planteó la pena de muerte para violadores de menores de edad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha dispuesto la creación de la Comisión Sectorial realizar debates públicos a fin de evaluar las propuestas dirigidas a ampliar la aplicación de esta medida.
La Comisión, de naturaleza temporal (3 meses), fue oficializada por medio de la resolución ministerial N° 319-2024-JUS, publicada el último 14 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano. Durante su periodo de acción tendrá como propósito principal la elaboración de un informe técnico que recoja las propuestas para evaluar la aplicación de la pena de muerte.
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"Los integrantes de la comisión deberán organizar debates descentralizados en diversas regiones del país que contribuyan al cumplimiento de su objeto, con la participación de instituciones estatales y de representantes de la sociedad civil. Así como, difundir las actas de los debates en cada región y sus conclusiones para finalmente elaborar y difundir el informe final que recoja los resultados de los debates", indica el portal del ministerio.
Cabe resaltar que, esta Comisión Sectorial cuenta con una Secretaría Técnica a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, la misma que puede invitar a sus sesiones a representantes de otras entidades públicas o instituciones privadas y de la sociedad civil; así como a profesionales especializados, a fin de que brinden sus opiniones y aportes. Tanto los miembros integrantes como los invitados ejercen sus funciones ad honorem.
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Alianza para el Progreso presentó el Proyecto de Ley N.º 9761/2024, que busca autorizar el retiro del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José. Esta propuesta incluye la denuncia de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y establece condiciones para una posible reincorporación, enfocándose en temas de soberanía nacional y la pena de muerte.
El proyecto de ley, de autoría de la congresista María Acuña, consta de tres artículos. Uno de los principales puntos es que se autoriza a la presidenta de la República a iniciar el proceso de denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Además, en caso de reincorporación, esta solo podría realizarse una vez vencidos los plazos establecidos por la convención y con ciertas reservas sobre asuntos soberanos de Perú, como la pena de muerte.
