Asegura haber aterrizado en la Xunta «mejor de lo que esperaba», después de trece años dedicado a la política local. José López Campos (A Estrada, 1974) confiesa que tuvo «cierto miedo» al pasar «de lo micro a lo macro», y dejar de ser «su propio jefe», durante su etapa como alcalde de su localidad natal, en la que estaba consolidado como referente. «Pero la verdad es que estoy encantado, tanto con el presidente como con su equipo; es una experiencia extraordinaria». Y si a lo local lo caracteriza la cercanía, subraya que Alfonso Rueda «precisamente tiene esa forma de hacer política, de pasar muchísimas horas a pie de calle». Sobre su mesa de trabajo un asunto candente: el estado de la lengua gallega , en la que se maneja durante su conversación con ABC. —¿La lengua gallega está tan mal como dice el IGE? —No, en absoluto. Este es un debate que está en el ADN del PP de Galicia. Somos un partido profundamente galeguista. También está en el ADN del BNG. Lo que pasa es que uno y otro estamos muy alejados. Nosotros defendemos un galleguismo moderado, integrador, donde no cabe en ningún caso la imposición. Tenemos que hacer atractivo que la gente cada vez se acerque más al uso de la lengua gallega. Y el BNG cree en un modelo de imposición, de obligar a los vecinos en ese afán que a veces tienen por cortar las libertades. Yo creo en la libertad lingüística, profundamente; y también en un amor al gallego. Y ese amor existe en la sociedad de Galicia. —Entonces, ¿cuál es su diagnóstico? —Posiblemente tengamos que mejorar en alguna cuestión, evidentemente, y una de ellas es su uso social. Las competencias están acreditadas. —Han ofrecido un Pacto polo Galego. ¿En qué va a consistir? —Consiste en que un partido que gana con una mayoría absoluta aplastante sabe y entiende que estamos en un nuevo escenario. Si lo medimos en ciclos de 20 años, en 1984 se aprobó la Ley de Normalización, y en 2004 el Plan Xeral. Ahora eso requiere una actualización. La Ley mantiene su vigencia plena y creo que el instrumento debe ser el Plan Xeral, que permite aplicar políticas y recursos. Nos damos quince meses porque el Plan tenía 470 medidas y once grupos de trabajo, y tenemos que darles plazo para trabajar. —El BNG les exige la derogación del decreto del gallego en la educación. —En un gesto de total capacidad negociadora, la Xunta se abre para que se planteen propuestas de debate. Pero no conocemos cuál es el modelo de decreto del BNG. Entendemos que deben tener un plan alternativo. Y o no lo tiene, o no lo quiere enseñar. —Pues la derogación la han establecido como una línea roja —El único que aquí pone líneas rojas es el BNG, en un proceso negociador en el que estamos dispuestos a hablar de todo. Pero no vamos a aceptar posturas radicales de quien perdió las elecciones. En 2004, cuando se aprobó el Plan, el BNG se descolgó por completo del proceso, no apareció ni nombró a ningún representante en las mesas de trabajo. Y a última hora, cuando vio que nadie podía estar en contra de aquel documento, se tuvo que sumar. Ahora parece que van por el mismo camino. Le pedimos a las fuerzas políticas que nos diesen nombres de personas para esos grupos de trabajo y el BNG ni está ni se le espera. Son un partido frentista y no pactista. En el enfrentamiento están cómodos; para ellos el pacto es incómodo. —¿Descarta retocar el decreto? —Después de escuchar también a la parte educativa, creo que puede haber cuestiones con un cierto margen de mejora. El decreto se aprobó en 2010 en unas circunstancias determinadas. La base de la norma, lo que respecta a la libertad y el equilibrio lingüístico, no se va a tocar de ninguna manera. En su aplicación puede haber alguna cuestión mejorable, como el tema de las materias científicas. En su momento tuvo una explicación lógica, y es que se dijo que las asignaturas de humanidades irían en gallego porque tenían una mayor carga léxica. Este debate nos lo trasladó la RAG y el Consello da Cultura Galega, también está en el ámbito educativo, y podemos valorarlo. Tiene que ser una cosa quirúrgica, sabiendo qué queremos retocar. Pero hablamos de ajustes, no de las bases. —¿Puede garantizar, por tanto, que el castellano no va a sufrir retrocesos en la educación pública? —Ni el castellano ni el gallego. Estamos en un modelo de equilibrio, 50-50 en los centros educativos, y al 33% en aquellos plurilingües. —¿Qué les ha pedido el PSOE? Porque su postura no está muy clara. —Es una incógnita. Me gustaría pensar que en el tema de la lengua pueden empezar a encontrar su camino. El PSOE está ciertamente diluido en la política autonómica, y en la reunión que tuvimos, tanto la actitud como el retorno que nos está llegando es positivo, es bueno. De lo que más hablamos fue del Plan Xeral de Normalización. Tenemos un ideario muy coincidente en el decreto, y la única matización del PSOE fue en esa línea de ajustar el tema de las materias en gallego en la educación. Hablan de que, en algunos centros, se deriva el gallego a materias muy menores. Entendemos que puede haber margen para que en el plan que elabora cada centro educativo haya esa capacidad para decidir qué materia se da en cada lengua, siempre dentro del equilibrio lingüístico establecido. Creo que podemos llegar a acuerdos con el PSOE, están en una posición más centrada. —¿Es posible un acuerdo si se descuelgan del Pacto los partidos de la oposición o la RAG, que suele mantener una posición bastante maximalista? —Como gobierno tenemos una responsabilidad. Cuando el presidente decide crear una Consellería de Cultura, Lengua y Juventud es porque le preocupan estas tres áreas y le quiere dar una mayor visibilidad al ámbito lingüístico. Nos encontramos en un nuevo escenario, en un momento en el que hay que actualizar la normativa para adoptar, sobre todo, nuevas medidas de impulso y uso social de la lengua. Así lo acreditan los datos: ese uso social se resiente, y como administración debemos potenciar ese uso en la justicia o la sanidad, y no centrarlo solo en la educación. También está el ámbito de las nuevas tecnologías, que es el que más afecta a los jóvenes y sus espacios de ocio. Tenemos la responsabilidad de llegar a ese pacto. —¿Es realista plantear una inmersión plena en gallego de la vida pública en Galicia, como reclama el nacionalismo? —Esos modelos existen y ya vemos cuáles son sus resultados. A algunos les duele escucharlo, pero de todos los territorios que tienen lenguas cooficiales, Galicia es donde más se habla y conoce el idioma propio. Más que en País Vasco y Cataluña. Son datos reales, no opinables. En País Vasco tienen un modelo bilingüe, con dos líneas diferenciadas, y una persona puede tener una vida plena solo en euskera o en castellano. En Cataluña están por la inmersión, dentro de un modelo monolingüista. Y en Galicia tenemos un modelo de libertad y equilibrio, que es el que mejor funciona. En pleno siglo XXI, con todas las posibilidades que nos abren las nuevas tecnologías, hablar de inmersión es ponerle puertas al campo. Otro dato. La prestigiosa publicación Education First dice que Galicia pasó a ser la primera Comunidad Autónoma con más competencias en inglés de todo el territorio nacional, y estamos en el top, en el grupo más alto, a nivel mundial. Esto es un dato positivo. Y por supuesto que tenemos que conseguir que los jóvenes conozcan fundamentalmente nuestra cultura y nuestra lengua, pero que esto no sea limitante sino todo lo contrario. —Su política lingüística viene refrendada por las urnas en las últimas cinco elecciones. ¿Para qué cambiarla? —No estamos hablando de cambiarla sino de actualizarla. Es lo razonable. Hace 20 años no existían Instagram, ni TikTok, ni Twitter, ni prácticamente ninguna red social, ni tampoco había plataformas audiovisuales por streaming. Por eso debemos buscar medidas que permitan, dentro de una sociedad que cambió, poner los recursos necesarios para que la gente conozca y utilice nuestro idioma. Pero seguimos defendiendo lo mismo que en 2010 y lo mismo que en las elecciones de este año 2024. Es el modelo en el que la inmensa mayoría de los votantes del PP y una gran mayoría de votantes de centro izquierdas se sienten representados. —¿Se sintió aludido por la dimisión del exconcejal de Bueu, Daniel Chapela? —No, en absoluto. —¿Cómo van las gestiones para que la Ribeira Sacra sea declarada Patrimonio de la Humanidad? —Muy bien. Igual que en otros momentos hay cierta crítica, aquí quiero poner en valor el papel del representante de España en la Unesco, el exministro Miquel Iceta. Es una persona clave, porque al final esto es una cuestión de diplomacia política. Vamos a presentarnos en 2026 con una propuesta única por parte del Reino de España, pasamos el primer filtro y esta candidatura única tiene el apoyo de todas las demás Comunidades Autónomas y del Gobierno. Ahora es papel para el embajador, que tendrá que hacer una labor de diplomacia con el resto de países para que nos respalden. Cuando vino y nos visitó se llevó una impresión extraordinaria. Tengo muy buenas sensaciones y creo que estamos en el camino correcto. —¿Y la candidatura de Ferrol? —Está un paso por detrás. Se encuentra en la lista indicativa y están haciendo las cosas muy bien. De hecho, el proyecto de 'Abrir Ferrol al mar' va a ser una parte fundamental. Toda esa zona del Arsenal es extraordinaria. Ferrol tiene un buen equipo técnico, una buena estrategia y han redefinido un poco el ámbito de actuación. Están en el camino para poder ser la siguiente candidatura gallega. —Se cumplen cuatro años del Pazo de Meirás en manos del Estado. ¿Sabe ya a qué lo van a dedicar? —Creo que el Gobierno no lo tiene muy claro, más allá de la estrategia de que cuando las cosas no van bien ya vemos a quién sacan a pasear para fidelizar a sus bases. Es normal que insistieran en la recuperación de la propiedad de Meirás, así como su incorporación al patrimonio de todos los españoles, pero después no saben muy bien qué hacer con el inmueble. Estamos a ver qué deciden, y si la Xunta puede colaborar en alguna medida, pues estaremos ahí. —¿Le sorprendió la marcha del gerente de la Sinfónica de Galicia? —La OSG es una entidad de muchísima relevancia a nivel cultural en Galicia. Es un puesto de muchísima responsabilidad. Coincidí con su gerente en varias ocasiones y me pareció una persona competente. Entiendo sus motivos y le deseamos la mejor de las suertes. Por parte del Concello de La Coruña se hablaba de iniciar de un proceso de forma inmediata y que no haya un periodo de vacío. En la parte que nos toca apoyaremos las decisiones que se adopten, como se hizo en el pasado. —El Concello denuncia reiteradamente una deuda de la Xunta con la OSG, por una infrafinanciación prolongada en el pasado. ¿Asume esa deuda y su subsanación? —Pongamos un dato encima de la mesa. La Xunta aporta al Consorcio que gestiona la OSG 3,3 millones de euros cada año. Eso, en el presupuesto de una consellería de 140 millones para toda la actividad cultural en Galicia. Hablamos de un esfuerzo muy importante. Es verdad que hubo momentos donde la situación económica exigió que hubiera una posición algo distinta porque los recursos eran mucho menores. El Consorcio tiene un presupuesto por encima de los ocho millones, la Xunta está bien posicionada y ya transmitimos que, en la medida de lo posible, seguiremos apostando por la OSG. —¿Apostaría por transformar el Consorcio en una fundación que diera entrada a patrocinadores privados? —No está encima de la mesa. No es una cuestión que hayamos valorado, y si se plantea en el seno del Consorcio pues lo veremos. Como dije, las decisiones siempre se tomaron de forma conjunta entre Xunta y Concello.
