La explosiva ola criminal que desangra al país ha dejado hasta el 9 de diciembre 1.869 víctimas de homicidio, de acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). La cifra aumentó en un 25% en comparación con los 1.494 asesinatos registrados en el mismo periodo en 2023, y todo indica que cerraremos el año con un 30% de incremento. Por otro lado, el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) reportó 19.380 casos de extorsión hasta el 30 de noviembre, lo que demuestra que medidas populistas como el estado de emergencia en Lima no han funcionado.
Según el analista de datos Juan Carbajal, solo en la capital se han registrado alrededor de 900 homicidios. Y desde la implementación del estado de emergencia (27 de septiembre), noviembre fue el peor mes, con casi 200 crímenes, ubicándose solo detrás de agosto que alcanzó 204. Y diciembre, hasta el día 9, registra 32 muertes violentas.
“La semana pasada, el Sinadef entró en mantenimiento, por lo que no se han registrado algunas defunciones. Además, hemos atravesado días feriados en el sector público, lo que ha impedido que la plataforma esté completamente actualizada. No se puede asegurar que haya cambiado la tendencia, ya que aún falta actualizar los datos”, afirma Carbajal.
En cuanto a las extorsiones, Carbajal señala que, hasta el 30 de noviembre, se habían reportado casi 7.000 (6.937) denuncias a través del Sidpol. Menciona también que solo en noviembre se contabilizaron 1.790 reportes, lo que equivale a 60 casos diarios, mientras que en octubre fueron 2.022 y en septiembre 1.766.
“En noviembre, solo en Lima, hubo 699 denuncias por extorsión, es decir, 23 denuncias diarias, lo que representa una denuncia cada hora”, advierte.
Y esto no solo ocurre en los distritos declarados en estado emergencia, pues las jurisdicciones vecinas han registrado un aumento preocupante de denuncias de extorsión. Es el caso de El Agustino, Chaclacayo, Breña, Miraflores y Surquillo. También ocurre en Chorrillos y Lurín.
Por otro lado, los distritos que están bajo esta medida y registran un incremento en las denuncias son Ate, Lurigancho, La Victoria, Ancón, Villa El Salvador, entre otros.
Sobre el tema, Rubén Vargas, exministro del Interior, afirma que el Gobierno está respondiendo al desborde criminal con medidas que han fracasado en años anteriores, como el estado de emergencia. Por ese motivo, señala que no está teniendo los resultados esperados, ya que con esta acción se busca movilizar a las Fuerzas Armadas para que apoyen a la Policía, pero “sigue siendo insuficiente y carece de objetivos claros sobre lo que desean lograr”.
“El estado de emergencia se aplicó durante los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Castillo, y fracasó. Han demostrado ser medidas aisladas que no han tenido éxito. Este Gobierno de Dina Boluarte representa un doble fracaso, ya que ha intentado convertir el estado de emergencia en una estrategia”.
Sobre el aumento de homicidios, Vargas menciona que es lógico que las muertes se incrementen debido a la falta de estrategias y tácticas efectivas contra las bandas criminales. Argumenta que el ministro Juan Santiváñez y la presidenta Boluarte están viviendo en una realidad paralela a la del resto de la población y “mienten con una facilidad espantosa”.
Por su parte, el exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP) Eduardo Pérez Rocha cuestiona duramente la falta de acción del Gobierno de Dina Boluarte. Además, critica la ausencia de planes efectivos para combatir a las bandas criminales desde la raíz.
Incluso indica que Juan José Santiváñez no toma en cuenta las cifras del Sinadef y Sidpol, que son fuentes oficiales, y prefiere negarlas, argumentando que estas plataformas presentan fallas y opta por utilizar otra información.
Pérez Rocha advierte que, si seguimos en la misma situación, podríamos enfrentar los mismos problemas que ha tenido Ecuador, debido al crecimiento de la delincuencia y a la falta de políticas gubernamentales para la seguridad, que es responsabilidad del Ejecutivo.
“Nosotros tenemos un promedio de 6 muertes diarias, mientras que Ecuador llegó a 30 diarias el año pasado. En 2023 nosotros teníamos entre 2 y 3; si esto se multiplica por dos o tres años más, estaremos en la misma situación. Es preocupante”, agregó.
En esa línea, Miguel Villaverde, especialista en Políticas Públicas, menciona que la inseguridad ciudadana es una problemática que requiere atención urgente, ya que afecta derechos fundamentales como la vida y la integridad, lo que repercute negativamente en la estabilidad y el desarrollo del país.
Precisa que, aunque se declare estado de emergencia en algún distrito, el delincuente no se ve afectado y se traslada a un distrito cercano que no está bajo esa medida, lo que genera un ciclo que termina siendo ineficaz. Además, precisa que, si sumamos la desconfianza generalizada hacia la policía, la corrupción y la ineficiencia, “vemos que las bandas criminales cuentan con estructuras organizacionales más sólidas que las de las instituciones de seguridad”.
