Parece evidente que ni constituirse en acusación “popular” ni recoger firmas para, en un caso solicitar condenas, y en otro pedir la dimisión del titular de una Institución cuya elección y/o cese se regula expresamente en la Constitución y en la ley, se pueden entender de interés profesional
En la vida y como modo de comportamiento social, se suele decir que “hay que saber estar”. Este saber estar es comportarse adecuadamente al entorno en que uno se encuentra, al contexto social en el que se desarrolla la relación social, manteniendo la propia identidad. Este modo de comportarse también es parte de lo que consideramos el comportamiento democrático, es decir de respeto y de consideración a los derechos de los que comparten ese espacio social, sin renunciar a las propias convicciones. En el caso de funcionarios públicos, con mayor razón, en el respeto a la Institución a la que se sirve y a sus reglas.
Sin embargo, creo sinceramente, que los responsables de las asociaciones Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), no “saben estar” en este momento difícil del Ministerio Fiscal en España. Ni saben estar, ni cumplir con las más elementales reglas de la Institución. Parecen carecer de empatía, no solo en el entorno profesional, sino en la comprensión humana de compañeros que por avatares de circunstancias políticas que nunca debieron producirse, reciben de ellos deslealtad institucional con daño a las personas, y sin importar el efecto grave que se produce en las Instituciones. El resultado de ese comportamiento es hacer daño, en este caso al Ministerio Fiscal y, en consecuencia, dañar a la democracia.
Las actuaciones de la Asociación de Fiscales (AF), recogiendo firmas para poner en entredicho al Fiscal General en un momento tan difícil, o la personación de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) como acusación “popular” en la incomprensible causa que el Tribunal Supremo sigue contra el mismo y contra la fiscal jefe provincial de Madrid, demuestran que anteponen al elemental “saber estar” social, profesional y democrático, un interés torticero incompatible con la función pública que ejercen sus afiliados y que rompe el vínculo de confianza entre los ciudadanos y su deber público.
Y, de este modo, traicionan los fines constitucionales de la Institución para la que trabajan y por la que perciben un salario, que no son otros que defender el interés público y promover el interés social, fines traicionados precisamente por poner en entredicho a la Institución constitucional encargada de defender y promover tales intereses. Fines, que son de la Institución a la que corresponde su interpretación, y no a los funcionarios agrupados en una asociación profesional.
Esto es así, pues como funcionarios vienen obligados a cumplir el ordenamiento jurídico y, naturalmente, lo que establecen su propia ley reguladora y el reglamento que la desarrolla, donde se determina que las asociaciones de fiscales tendrán como fin lícito la defensa de los intereses profesionales de sus miembros. Y parece evidente que, ni constituirse en acusación “popular”, ni recoger firmas para, en un caso solicitar condenas, y en otro pedir la dimisión del titular de una Institución cuya elección y/o cese se regula expresamente en la Constitución y en la ley, se pueden entender ni considerar de interés profesional, por mucho que se quiera retorcer la interpretación del interés profesional. No creo que todos los afiliados a estas organizaciones participen de estos criterios de actuación tan dañinos.
Porque no cabe duda, que por no saber estar, ambas asociaciones están dañando gravemente la Institución del Ministerio Fiscal ante la opinión pública y ante los propios funcionarios de carrera que la integran, y muestran una notable indiferencia hacia los problemas que aquejan a la misma y a las personas que las dirigen en estos momentos, incumplen las normas reguladoras de su actividad como funcionarios públicos, y se sitúan en una posición que invita a los ciudadanos a desconfiar del modo en que cumplen, en su trabajo, con la legalidad a la que vienen obligados.
Unas actuaciones de las que no parecen ser conscientes, ni de su gravedad ni de sus consecuencias. Lo que no es admisible en funcionarios con sus altas responsabilidades.
