Junts tumba dos votaciones en el Congreso en una semana de ultimátums al PSOE. “Estamos preparados para asumir cualquier coste político y personal por las decisiones que tomemos”, dice el expresident a los socialistas que todavía confían en reconducir la situación y aprobar presupuestos
Análisis - Puigdemont dice órdago y Sánchez oye farol
Dos derrotas parlamentarias en el Congreso, una advertencia desde Waterloo y otra visita del PSOE a Suiza. Carles Puigdemont no solo ha pasado de las palabras a los hechos en la última semana, también ha afilado sus palabras: “Pedro Sánchez no es de fiar”. En plena negociación de los presupuestos primero pidió al presidente del Gobierno que se someta a una cuestión de confianza y compruebe si cuenta con el apoyo de la mayoría de la Cámara.
Como advertencia, el grupo parlamentario de Junts tumbó después dos votaciones junto al Partido Popular. En la primera de ellas exconvergentes y populares habían pactado introducir una enmienda en una ley para suspender de nuevo a partir de 2025 el impuesto del 7% sobre el valor de la producción eléctrica. Salió adelante con el apoyo de Vox, ERC y PNV y ahora PSOE y Sumar buscan fórmulas para revertirla antes que la ley pase por la comisión y vuelva al plenario.
El segundo aviso tuvo lugar en una iniciativa a propuesta del PSOE para que las personas mayores de edad puedan anticipar su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desean recibir en el final de su vida, una fórmula para facilitar la aplicación de la ley de eutanasia. Esta votación evidenció cuál puede ser el marcador del hemiciclo si las derechas van en bloque: 180 escaños, los que salen de sumar los del PP y Vox a los de Junts y PNV.
Así que la semana se cerró el viernes con otra visita del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán a Suiza para reunirse con Junts, que a juzgar por la reacción de Puigdemont no ha cerrado la crisis. “No podemos seguir así”, dijo el expresident, horas después de la cita con los socialistas.
Del otro lado de la mesa, los socialistas confían todavía en poder reconducir de nuevo las conversaciones con Junts, tal y como afirma el número dos del partido, Santos Cerdán, en la primera entrevista concedida tras el encuentro en Suiza. Cerdán lo resume así: “La semana pasada estábamos negociando la Ley Orgánica de Inmigración, en la que yo creo que íbamos dando pasos en la buena dirección. Pactamos una reforma fiscal hace dos semanas con ellos. Lo que ha pasado habrá que preguntárselo a Junts. Puedo entender que se quejen del retraso de alguno de los acuerdos, pero evidentemente unos pueden ser por causa propia y otros son causas ajenas”.
Entre esas causas ajenas, el número dos del PSOE sitúa la aplicación de la ley de amnistía que compete a los jueces, incluidos aquellos, que según Cerdán “han perdido el respeto al Poder Legislativo”. Sobre la letra pequeña de la reunión, Cerdán evita entrar porque nunca ha dado a publicidad a esos encuentros porque según él “la discreción es básica para que una negociación prospere”.
Y todo esto sucede en medio de un caldeadísimo ambiente político-mediático-judicial con el que las derechas, también las que operan fuera del Congreso y la política, tratan de cerrar no solo el curso parlamentario, también la legislatura.
Desaparecida ya la Dana y la gestión de Mazón en Valencia de la mayoría de portadas y editoriales, los populares hacen arrumacos al partido de Puigdemont, que un día equipararon con el terrorismo, y abonan la tesis de que la caída del Gobierno es solo cuestión de tiempo. Incluso su portavoz más incendiario, Miguel Tellado, dice estar feliz con los acuerdos con Junts y Feijóo repite que entre Sánchez y Puigdemont, el que no es de fiar es el primero, que ya se lo dijo otras veces a la derecha catalana.
Junts no se anda con rodeos con sus advertencias: su portavoz parlamentaria en el Congreso, Miriam Nogueras dio a entender que ni siquiera cree que vayan a negociar los presupuestos generales del Estado, el balón de oxígeno que necesita el Gobierno para encarrilar la legislatura, y para los que ya habían iniciado contactos socialistas y exconvergentes, se vayan a negociar.
En el cierre de la semana agónica para el Gobierno, cuando todo estaba previsto en Santander para la Conferencia de presidentes, el foro donde Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos, incluidos Salvador Illa e Imanol Pradales, abordaban cuestiones como la vivienda y la financiación autonómica con pocas probabilidades de acuerdo, tras esa reunión infructuosa en Suiza, Puigdemont va más lejos y traslada a su partido que está preparado para “asumir cualquier coste político y personal” por las decisiones que tomen.
¿Incluido un veto a las cuentas que lleve al país a elecciones anticipadas?
La pregunta de la que penden el Gobierno y la legislatura es cuánto hay de real en los ultimátum de Puigdemont, que ya tumbó unos presupuestos una vez y mandó al Gobierno del PSOE a elecciones en 2019.
Estirar al máximo la cuerda en la negociación con el Gobierno es la consigna que Junts se ha impuesto en una legislatura donde la aritmética del 23J le ha regalado el papel de bisagra. ¿Cuánto es lo máximo? Todo lo posible sin llegar romper la relación, es decir, justo antes de que a Pedro Sánchez le salga más a cuenta volver a convocar elecciones o resignarse a perder votaciones.
Los de Carles Puigdemont han perdido en los últimos años gobiernos y poder en prácticamente todas las instituciones, por lo que la carta de la influencia ante la Moncloa es la única que les queda. Pero en el partido están convencidos de que no es poca cosa y de que, bien jugada, puede servir para desgastar tanto a ERC, por contraste entre el tipo de negociación que practican ambos partidos independentistas, como al propio Salvador Illa.
En Junts creen que el presidente de la Generalitat y su partido “pintan poco” en Madrid y que el protagonismo de su líder en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, lo pondrá cada día más de manifiesto.
La comparecencia de Puigdemont desde Bruselas el pasado lunes fue una pieza más en esta estrategia. Con la petición para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, un examen que solo depende del presidente y que la oposición no puede forzar, Junts pretendía volver a colocarse en el centro de la escena política como la formación que nunca puede darse por descontada en la mayoría gubernamental. En definitiva, ganar protagonismo para recordar a sus votantes que son ellos quienes condicionan la legislatura.
Las negociaciones sobre fiscalidad son una gran oportunidad para marcar perfil, sobre todo para una formación que ha rehecho relaciones con las organizaciones empresariales. El último paquete, que incluía una directiva europea con un mínimo de impuestos a las empresas, además de tipos especiales para la banca y las energéticas, acabó descafeinándose por la posición prácticamente inamovible de Junts. Esta semana, los de Puigdemont han ido un paso más allá y han pactado con el PP una enmienda fiscal a la generación energética, que ha contado también con los votos de ERC o PNV.
Poner piedras en el camino del Gobierno es una forma sencilla de cosechar atención y protagonismo, pero el premio gordo para Junts no está ahí sino en conseguir transferencias económicas y competenciales para Catalunya. Por esta razón, Junts mantiene desde hace semanas una discreta negociación con el Ejecutivo para que la Generalitat logre la gestión de diversos temas relacionados con las políticas de inmigración. A la vez, desacreditan la negociación de ERC para la “financiación singular” mientras defienden su propio modelo de concierto.
Que el partido de Puigdemont consiguiera para Catalunya competencias en extranjería u otras materias sería un hito muy importante para Junts, que ya calificó de “histórica” la negociación por la oficialidad del catalán en la UE que ahora Puigdemont reconoce que no ha dado frutos. Pero el símbolo de obtener competencias sería suficiente para que el partido independentista pudiera exhibir una conquista, más aún cuando estas competencias debería gestionarlas el Govern de Illa, que habría tenido una participación mínima en el traspaso.
El objetivo indisimulado de Junts es ser un partido capaz de conseguir desde la oposición más concesiones para Catalunya de las que es capaz de obtener el propio Govern. O, al menos, aparentarlo. Una estrategia que, por cierto, no es nueva: en Euskadi la practicó Íñigo Urkullu desde la oposición a Patxi López y, un poco antes de eso, Artur Mas hizo lo mismo cuando trataba de puentear a Pasqual Maragall ante José Luis Rodríguez Zapatero en la negociación del Estatut.
La idea de Puigdemont ahora es volver a ser “el partido que consigue cosas” en Madrid, para lo que están dispuestos a exprimir al máximo la negociación con Sánchez. Pero en Junts son perfectamente conscientes de que la cuerda tiene un límite y que, si la rompen, el escenario no les es favorable. Por un lado, por mucho que cultiven la imagen de que serían capaces de pactar con el PP, la realidad es que un partido independentista es muy difícil de combinar con Alberto Núñez Feijóo y casi imposible con Vox. Por otro lado, la posición de bisagra es una carambola que podría no repetirse.
