El borrador del anteproyecto de ley de los medicamentos y productos sanitarios establece topes mensuales para rentas inferiores a 35.000 euros que solo existían hasta ahora para los pensionistas
El Gobierno avanza en una nueva política farmacéutica que da más peso al Estado frente a la industria
El Ministerio de Sanidad ya tiene preparada la ley con la que va a reformar el copago farmacéutico. Hasta ahora la aportación que hacían los ciudadanos para acceder a medicamentos financiados se dividía en tres tramos de renta. La nueva norma, que prevé aprobarse en enero en el Consejo de Ministros, amplía estos tramos a seis para que la carga sea más progresiva, de manera que bajará lo que tienen que asumir de su bolsillo las rentas más bajas (de hasta 35.000 euros al año) y subirá en los siguientes escalones.
Así está plasmado en el borrador del anteproyecto de ley de los medicamentos y productos sanitarios, al que ha tenido acceso elDiario.es y que fue adelantado por Demócrata.es. El equipo que dirige la ministra Mónica García introduce límites de aportación mensual por primera vez a la población activa. La idea es que estos topes, que actualmente solo funcionan para los pensionistas, se apliquen a los pacientes con rentas inferiores a 35.000 euros. Serán de 8,23 euros para los que ganan menos de 9.000; 18,52 euros hasta 18.000; y 61,75 hasta 35.000.
El hecho de que existieran para los pensionistas y no para el resto provocaba que jubilados con ingresos muy altos tuvieran condiciones más favorables que personas trabajadoras con rentas bajas. Estos cambios están pensados para garantizar que se mantienen los tratamientos crónicos, especialmente de los pacientes con varias patologías que deben comprar muchos fármacos al mes, aseguran desde el Ministerio.
A la vez, Sanidad plantea una subida progresiva de la aportación de las rentas más holgadas. Con el sistema actual existe un tramo muy heterogéneo que aporta lo mismo: da igual que la renta sea de 19.000 euros o de 99.000, todas las personas pagan un 50% del precio de los fármacos. La reforma trocea este grupo para que el tramo de hasta 35.000 pague un 50% pero con un límite que antes no existía de 61,75 euros; el tramo hasta 60.000 sube su aportación al 55%; se mantiene en el 60% para el tramo de hasta 100.0000; y, por encima de esta cifra, el porcentaje aumenta hasta el 65%. Como novedad, también entre los pensionistas se establecen topes más progresivos con el mismo fin: no meter en el mismo grupo a personas con rentas muy dispares.
Estos cambios, que para entrar en vigor necesita todavía tiempo (la ley tiene que pasar por Consejo de Ministros dos veces y después aprobarse en el Congreso), están pensados para redistribuir las aportaciones de modo que unos pagarán más y otros menos. Pero el balance global, según los datos que maneja el Ministerio considerando los datos de 2023, es que supondrá un ahorro global de 150 millones de euros para los pacientes. Las rentas inferiores a 18.000 euros son las más beneficiadas por la reestructuración, ya aportarán un 33% menos.
“Hemos calculado que la reforma que reduce el impacto en el 60% de la población, el 30% se va a mantener igual y solo aumenta para un 10%. Nos centramos en la progresividad y ponemos pie en pared con los colectivos de renta más baja”, afirma el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en declaraciones a elDiario.es.
Según el borrador del anteproyecto, además, estarán exentos de aportación algunos grupos de usuarios, como los afectados por síndrome tóxico, personas con discapacidad, perceptores de rentas mínimas o menores de edad con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, entre otros.
El anteproyecto contiene otras medidas de calado como abrir la puerta a que enfermeras y fisioterapeutas puedan reescribir medicamentos. Actualmente estos grupos profesionales están muy limitados en su capacidad prescritora y la acción queda reservada solo a los médicos. Con esta ley, podrán recetar las medicinas que son de uso habitual en su práctica, como ya pasa, por ejemplo, con los dentistas.
El borrador también da nuevas facultades a los farmacéuticos: podrán sustituir el medicamento por otro parecido si el que está recetado no está disponible y es posible sustituirlo. Ahora bien, tendrá que informar al paciente de esta decisión y sus motivos y la última palabra en la elección la tendrá él o ella, no el profesional. Esta medida pretende aliviar eventuales situaciones de desabastecimiento dando una mayor flexibilidad a las farmacias y agilizando la llegada del fármaco a las manos del paciente. Con la regulación actual, la persona tendría que volver a Atención Primaria a obtener otra receta.
Otros cambios de gran relevancia tienen que ver con los genéricos, estancados en el mercado farmacéutico español. La nueva norma busca darles impulso stableciendo la prescripción por principio activo como regla general “para fomentar el uso racional del medicamento y contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario”. Se incluirán excepciones para los medicamentos en procesos crónicos cuya prescripción se corresponda con la continuidad de tratamiento; para los pacientes vulnerables o con problemas de adherencia; y para los fármacos considerados no sustituibles por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). Además, los pacientes que deseen comprar el medicamento de marca cuando tienen recetado un genérico en su tarjeta tendrán que pagar una parte extra y se modificará el sistema de precios de referencia para favorecer la rápida entrada en estos genéricos y biosimilares en el mercado tras la expiración de las patentes de los medicamentos originales.
La norma, muy amplia en su ámbito de actuación, faculta también a la Aemps “para que actúe de forma rápida y eficaz ante problemas de suministro, ya sean reales o potenciales” de medicamentos estratégicos. Esto se materializa en que “podrá tomar medidas que afecten a la fabricación, importación, distribución y dispensación, e incluso al régimen económico y fiscal de estos medicamentos”, según Sanidad. Respecto a medicamentos innovadores, el anteproyecto recoge procedimientos para poder abordar una “financiación condicional, temprana y transitoria en los medicamentos que tengan un especial valor añadido para algún grupo de población, mientras se llega a la decisión definitiva de financiación”.
La norma modifica el sistema de precios de referencia para favorecer la rápida entrada en el mercado de genéricos y biosimilares tras la expiración de las patentes de los medicamentos originales.
