“En consideración a que las conductas mencionadas son manifestaciones de violencia de género, de conformidad al artículo 66 del estatuto se solicita la expulsión de Maite Orsini Pascal del partido Frente Amplio, o aquella que este tribunal estime conforme a las normas estatutarias”.
Esa fue la petición que hizo la dirección regional metropolitana del Frente Amplio al tribunal regional este miércoles 11 de diciembre y que durante la noche de este jueves fue declarada admisible por la instancia.
La denuncia a la que tuvo acceso La Tercera consta de cuatro páginas y fue coordinada con la directiva nacional de la colectividad.
Para sustentar la expulsión de la tienda, enumeran cuatro hechos que, para los dirigentes locales, “son contrarios a los principios y valores de nuestro partido”.
En primer lugar, la llamada telefónica que hizo la diputada Orsini a la general inspector de Carabineros Karina Soza, en marzo de 2023.
La excusa que en su momento dio la parlamentaria para justificar su accionar fue que era para “ponerla en conocimiento de que habría una persona de alto conocimiento público que estaría poniendo una denuncia por apremios ilegítimos”. En esa ocasión se trataba de Jorge Valdivia.
El segundo hecho se desarrolló en ese mismo periodo, pero se conoció recién en diciembre de este año. Orsini intentó hablar con el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, para solicitarle que emitiera disculpas públicas por haber criticado la llamada telefónica a la general.
En tercer lugar, mencionan el contacto que, en noviembre de este año, tuvo la parlamentaria con la denunciante de Valdivia, después de que el exfutbolista fuera formalizado. Y, finalmente, detallan los mensajes que vía WhatsApp tuvo Orsini con la fiscal Lorena Parra, quien investiga dicha denuncia violación contra el mismo exseleccionado nacional.
Los cuatro hechos actos detallados, según la dirección regional del FA, contravienen el principio de partido feminista que tiene la colectividad; y dichas acciones también atentarían contra la “probidad”, que a su vez es parte del artículo 1 del estatuto del Frente Amplio.
“Los hechos denunciados desconocen la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra una víctima que recientemente ha tomado la decisión de avanzar en un procedimiento penal, y que además se trata de una figura pública”, argumentan.
Así, “entendemos que un partido que se define feminista debe respetar la privacidad de la víctima y no promover la victimización secundaria a través de actos que hagan dar explicaciones innecesarias o que la expongan ante quien reviste el carácter de autoridad pero que no tienen ninguna competencia para intervenir en un procedimiento judicial”, agregan.
En esa línea, recuerdan que “la Ley 21.523, más conocida como “Ley Antonia”, establece una diversidad de mejoras de las garantías procesales para las víctimas de delitos sexuales justamente para evitar su revictimización, estableciendo medidas que eviten toda consecuencia negativa que puedan sufrir con ocasión de su interacción en el proceso penal.
“Es considerado que el contacto directo por parte de una autoridad, sí puede implicar consecuencias negativas para su proceso, tales como la exposición o considerarse intimidatorio”.
En el escrito profundizan en este punto y sostienen que “realizar llamados directamente a la víctima en su calidad de autoridad, la difusión de dicha conversación a través de redes sociales, volviendo a exponerla masivamente, tomar contacto con una fiscal para interceder en favor de un imputado formalización por violación, son todas actuaciones de carácter intimidatorio que fomentan la victimización secundaria”.
Aseguran que constituye, “una manifestación de violencia de género, lo que vulnera el principio establecido en el artículo 1 de nuestro estatuto, y que trae aparejado las sanciones más graves de nuestro estatuto, señalado en el artículo 66 letra B, con la sanción de expulsión”.
En el documento también piden que, mientras dure el proceso, el tribunal dicte la prohibición temporal de actuar a nombre del partido, la suspensión de participar en instancias de trabajo militante y suspender provisoriamente su afiliación.
Según explican fuentes en la dirigencia algunas de las medidas precautorias solicitadas, como la suspensión de la militancia, deben terminar siendo resueltas por el tribunal supremo de la tienda.
