Beneficiarse de los sistemas de salud es un derecho universal, pero ¿qué sucede cuando, por razones administrativas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se ve afectado? ¿Quién defiende a los asegurados que requieren atención pronta y adecuada?
Hace tres meses, problemas para mover los brazos y las manos impiden a mi madre realizar tareas sencillas. Ella acudió a emergencias de la Clínica Ricardo Jiménez Núñez, donde el médico de turno le recetó una inyección, le proporcionó suficientes boletas para retirar medicamentos cada mes y la envió a hacer algunos análisis. Sin embargo, la respuesta fue que debía regresar dentro de un año porque su agenda estaba llena.
En vista de la falta de respuesta, recurrimos a la medicina privada, donde una costosa resonancia magnética reveló el verdadero diagnóstico: una mielopatía cervical causada por la compresión o daño en la médula espinal. Se debe, generalmente, a cambios degenerativos en la columna vertebral, como hernias de disco, osteofitos (crecimientos óseos) o estenosis espinal (estrechamiento del canal espinal).
Un dictamen delicado que requiere una adecuada atención y no fue diagnosticado por la falta de pericia del personal de la CCSS. Según el neurocirujano, el único tratamiento es una microcirugía para aliviar la presión en la médula espinal y evitar una discapacidad.
Cada día que pasa sin esta intervención aumenta el riesgo para su salud. El procedimiento, sin embargo, tiene un costo elevado que nos llevó a recurrir a servicios financieros.
Como trabajadora independiente, el trámite de un préstamo para salud resultó ser otro viacrucis. Las tasas de interés oscilan entre el 19 % y el 29 % anuales, con una larga lista de requisitos que, en muchos casos, no cumplen con la ley de simplificación de trámites.
Por ejemplo, el Banco Popular exige estar asegurado por la CCSS, contar con una póliza de riesgos del trabajo y que el fiador tenga autorizada la deducción por planilla en el mismo banco. También, aportar las facturas de las compras en negocios minoristas, aunque presente la certificación de ingresos, y poseer una buena calificación en la Sugef. Aparte de tener presente que, si el trámite es urgente, debe gestionarse en las oficinas centrales.
Todo esto dificulta aún más obtener recursos financieros para quienes enfrentamos problemas de salud. Mientras tanto, la angustia de miles de asegurados que dependen del sistema público se agrava debido a la crisis en la CCSS y a que algunos especialistas anuncian que no regresarán a la institución.
Es urgente que las autoridades tomen las medidas viables para garantizar el derecho universal a la salud, sin obligar a pacientes y sus familias a incurrir en altos costos que ponen en riesgo su estabilidad financiera.
Insto a las autoridades a considerar el drama humano detrás de cada estadística y dar finalmente una respuesta contundente.
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Laura González Picado es periodista.
