Una paliza total fue lo que recibió la última iniciativa de Gustavo Petro en las cuatro cámaras económicas en sesión conjunta del Congreso colombiano. El propósito para el gobierno era conseguir luz verde para tapar los 691 millones de dólares de desfinanciamiento existentes para 2025. Era una manera expedita pero peligrosa de obtener acceso a recursos para financiar gastos corrientes, principalmente mediante endeudamiento. Esta propuesta se saltaba a la torera la Regla Fiscal que impera en Colombia desde 2011, que tiene el propósito de limitar el déficit fiscal y controlar el endeudamiento público. En ella se vinculan las metas fiscales al nivel de deuda pública, estableciendo un límite de 71% del PIB. La propuesta de reforma se hundió como el Titanic. El proyecto -uno más- fue archivado.
Dice el periódico El Colombiano que con el rechazo del Congreso, el gobierno enfrenta un dilema crucial. Sin la Ley de Financiamiento deberá decidir entre implementar un programa de austeridad o buscar alternativas para incrementar los ingresos. Es que será necesario realizar un recorte del 7% en el presupuesto del año entrante, lo que demuestra que existe un gasto público desbordado con relación a la capacidad de producir ingresos.
Ni corto ni perezoso, luego de conocer la mala noticia, el gobierno se colocó a la ofensiva ante el país para devolver la afrenta política. Publicó una lista de las consecuencias perniciosas que tendrá este hecho para la población de a pie. Dos elementos entre los que citaron son muy desfavorecedores para el colombiano de la calle: uno es la reducción de los subsidios a la vivienda prioritaria. El otro es el aumento de la factura de electricidad a los usuarios, pues sin la autorización parlamentaria la administración de Petro no tiene cómo saldar la deuda a las empresas distribuidoras energéticas, y ello redundará, de hecho, en un incremento de la facturación a terceros.
El ánimo de vendetta que impera en el Ejecutivo llevó al presidente a anunciar que las regiones ricas del país recibirían menos transferencia desde el Presupuesto nacional, y tuvo buen cuidado -dentro del deseo de cuidar los pocos apegos que le quedan- en dejar claro ante el país que había ordenado a su gabinete no hacer ningún sacrificio en los programas sociales prometidos por el mandatario en su programa de gobierno.
La realidad del asunto es que con un presupuesto desfinanciado Colombia se enfrenta a un recorte de gasto superlativo para el próximo año. Lo inexorable es que una cantidad de proyectos y objetivos regionales se quedarán en el tintero. El primero será el Metro de la capital, para el cual hay un contrato de ampliación para 2025 que será afectado por el sablazo de la administración central.
Este es otro episodio más de la incapacidad de la administración en ejercicio de concitar apego de las fuerzas políticas para sus reformas. Una a una, todas se han ido desactivando. A la hora actual las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo están suspendidas de acuerdo con el criterio presidencial: “La relación del gobierno con las comisiones económicas ha finalizado. Ellos verán si aprueban presupuestos o créditos, ya veremos cómo nos defendemos”.
La conclusión es que es cada día más notorio que el presidente no las tiene consigo. Tampoco con el Poder Judicial la relación es constructiva y no existe en general un diálogo oficial que esté inspirado en la armonía. Las Altas Cortes son igualmente enemigas de la Presidencia a partir del momento en que estas han sido firmes en salvaguardar el Estado de derecho y las libertades ciudadanas.
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